Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En una esquina del Cerro, dos muchachos se bajan de una moto negra y le disparan cuatro tiros a uno de los delincuentes más famosos del país. En otro cruce, en Buceo, un motociclista frena al lado de un Hyundai gris, saca un arma y apunta contra el conductor, la acompañante y un niño de cuatro años. El joven gatilla el arma 19 veces, escapa en la moto, lo atropellan y finalmente sube a un Chevrolet Onix blanco. Los episodios ocurrieron en menos de 78 horas y se investiga si están conectados.
La principal hipótesis de la Policía apunta al enfrentamiento entre dos grupos que operan en Cerro Norte: Los Colo y Los Suárez. Algunas fuentes policiales han transmitido que detectaron comunicaciones en las que se ofrecía hasta un millón de pesos por asesinar a integrantes de estas bandas. Es mucha plata para la escala local. Y tal vez sea una de las explicaciones del grado de violencia y la intrepidez de las acciones: es tan osado intentar matar a Betito Suárez como dispararle a un vehículo en Luis Alberto de Herrera y la rambla un domingo a las tres de la tarde.
En los últimos años, Uruguay se ha convertido en un país de acopio de droga. Coinciden en ese diagnóstico policías antinarcóticos, investigadores judiciales y académicos como Juan Pablo Luna. Todos los años entran toneladas de cocaína en avionetas, barcazas y por la frontera seca. La droga se almacena en galpones, casas seguras o campos, y luego se carga en barcos que salen desde el puerto de Montevideo hacia Europa. Se han detectado operaciones que involucran al Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil, la 'Ndrangheta italiana y la mafia de los Balcanes.
La entrega del pasaporte a Sebastián Marset fue una de las mayores crisis que enfrentó Lacalle Pou. Quizás como consecuencia del episodio, las autoridades del Ministerio del Interior generalmente han minimizado cualquier indicio de avance del crimen organizado durante el período. El ministro Nicolás Martinelli planteó que en Uruguay sólo operan “banditas familiares”, que “no tienen la estructura de una mara o de la mafia italiana”. Algo parecido contestó el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, cuando un periodista argentino habló sobre grupos criminales que blanquean dinero en nuestro país: “No somos una plaza regional de lavado de activos”.
En mayo de 2024, la Fiscalía de Paraguay divulgó un informe sobre las operaciones de Marset entre 2020 y 2021. Los números asustan: en esos dos años le incautaron 17.340 kilos de cocaína, valuados en 433 millones de dólares. Sólo en los últimos cuatro meses de 2020 colocó 14.597 kilos en el mercado europeo, por 364 millones de dólares. En esas escuchas telefónicas hay evidencias sobre avionetas que entraban por el litoral y sobre mecanismos para sortear controles en el puerto de Montevideo. Es difícil imaginar ese despliegue sin grupos locales que brinden soporte, logística y seguridad. ¿La tajada más grande del negocio es para ellos? Seguramente no, pero es probable que estos grupos locales cuenten hoy con mayores recursos económicos que los que tenían antes de la aparición del fenómeno.
Hasta el lunes.