Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El diálogo sobre seguridad social que se dispone a convocar el nuevo gobierno será una chance para reencauzar debates y buscar mejores soluciones. En las recientes elecciones nacionales, la mayoría optó por el Frente Amplio, que votó en contra de la reforma jubilatoria aprobada por el anterior oficialismo en 2023 y se comprometió a revisarla en el marco de este diálogo. Al mismo tiempo, fue minoritario el apoyo a la propuesta de reforma constitucional en la materia impulsada por el PIT-CNT; estos son los datos políticos iniciales.

La ley de 2023 fue un mal parche centrado en contrarrestar transitoriamente las tendencias al desequilibrio del sistema actual. Los egresos fueron la única variable de ajuste (el aumento de la edad mínima de retiro es uno de los recursos para pagar menos) y no se agregaron fuentes de financiamiento. No se buscaron formas de corregir la insuficiencia de las prestaciones actuales y el desamparo de muchas personas. No se ubicó la cuestión en la perspectiva del envejecimiento de la población y los cambios en el mundo del trabajo.

La propuesta del PIT-CNT le daba la rigidez del rango constitucional a disposiciones que luego iba a ser muy trabajoso modificar, con redacciones poco claras en varios puntos relevantes, y establecía obligaciones estatales cuyo financiamiento quedaba librado a la discusión posterior. Abarcaba muchas cuestiones, había que aceptarla o rechazarla en bloque, y es imposible saber cuál fue la opinión de la ciudadanía sobre cada uno de sus aspectos (suponiendo que el nivel de información para decidir fue adecuado), pero el hecho es que su apoyo no llegó a 41%.

Si las partes convocadas se limitan a mantener sus posiciones previas, es poco probable que el diálogo resulte útil. Hay una nueva relación política de fuerzas, y el enfoque del tema por parte del nuevo gobierno es mucho más amplio que el de la ley aprobada en 2023, porque abarca áreas vinculadas con las políticas para la infancia, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y la protección de personas que están al margen de la formalidad laboral.

Presentarse a sostener que la norma vigente debe quedar como está será inconducente e incluso desubicado. Sin embargo, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O'Neill, sostiene que no se deben aumentar los aportes patronales, ni los de los trabajadores ni el gasto público, y apela a la fantasía de que es posible “ser más eficiente” y “redireccionar recursos” para que la protección social mejore sin que nadie ponga un peso más.

Quienes apoyaron la ley de 2023 saben, o deberían saber, que sólo postergó problemas sin marcar un rumbo estratégico, y que mantiene la gran mayoría de las jubilaciones y pensiones en niveles incompatibles con una vida digna y autónoma. Quienes tienen experiencia sindical saben, o deberían saber, que las conquistas sólo son firmes cuando se negocia y se acuerda de qué modo será viable ejercer nuevos derechos. Si el diálogo social fuera sólo una tribuna para plantear aspiraciones y reafirmar doctrinas, sin comprometerse con la búsqueda de acuerdos nuevos, resultaría una pérdida de tiempo.

Hasta mañana.