Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Mientras el expresidente Luis Lacalle Pou descansa fuera del país, aquí el nuevo equipo de gobierno afronta el resultado de sus fatigas en los últimos meses de gobierno. Después de que la ciudadanía rechazó la continuidad de su gobierno, que representaba y prometía Álvaro Delgado, Lacalle Pou se dedicó a tomar decisiones que comprometieran a las nuevas autoridades con esa continuidad.

En 2022, a mediados del gobierno pasado, la Fundación A Ganar (FAG), muy vinculada con el Partido Nacional, ya había recibido más de diez millones de dólares por sus vínculos con siete organismos públicos; los ministerios de Desarrollo Social y de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría Nacional de Deportes y las intendencias de Paysandú, Durazno, Rocha y Maldonado. Los contratos con esta última eran la fuente de más de la mitad del dinero.

Los llamados que le permitieron acceder a esos ingresos abarcan una llamativa diversidad de tareas. En la mayoría de los casos sobre los que informamos en 2022, la FAG había sido la única oferente y los convenios habían sido observados por el Tribunal de Cuentas.

Los cuestionamientos a costosas tercerizaciones acordadas con esa organización continuaron en los años siguientes, y se señaló que cumplían una doble función indeseable: por un lado, como alegaron en más de una oportunidad las autoridades contratantes, les permitían a los organismos un “ahorro” en aportes patronales; por otro, funcionaban como una “agencia de colocaciones” para militantes nacionalistas. Según el sitio en internet de la FAG, esta es apoyada por el estudio Posadas, Posadas y Vecino, y tiene también convenios (que no llaman la atención en el contexto antedicho) con Presidencia de la República y con la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.

Ayer se supo que Lacalle Pou dispuso el 25 del mes pasado, tres días antes del fin de su mandato, la contratación de la FAG para la gestión y seguimiento de “hasta 230 cupos en centros/hogares/residenciales de larga estadía” hasta el 2 de diciembre de este año, a cambio del pago de hasta 153.343.900 pesos (unos 3,6 millones de dólares) por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

Mientras tanto, el flamante equipo de gobierno encabezado por Yamandú Orsi busca una salida para otro hecho consumado por decisión de Lacalle Pou, pocas semanas antes del cambio de mando: la firma del contrato con el consorcio privado Aguas de Montevideo para llevar a cabo el muy criticado proyecto Neptuno / Arazatí. La iniciativa implica problemas ambientales graves, resultaría sumamente costosa sin solucionar los problemas de suministro de agua al área metropolitana, y además choca con el mandato constitucional de que estos servicios sean brindados exclusivamente por el Estado.

Atendiendo a los costos de que se concrete el proyecto y a los que tendría dejarlo sin efecto, las nuevas autoridades buscan un camino de negociación con las empresas del consorcio, habituales contratantes con el Estado. En un marco de incertidumbre y presiones cruzadas, cabe preguntarse, como en el caso de la FAG, quiénes y qué esperan ganar con la decisión de Lacalle Pou.

Hasta mañana.