Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Los partidos que apoyaron el gobierno de Luis Lacalle Pou le reclaman con frecuencia al Frente Amplio (FA) condenas a la ausencia de democracia en Venezuela. También demandan que el actual Ministerio de Relaciones Exteriores tome partido en la política interna de ese país, con notorio apartamiento de criterios diplomáticos básicos, como se comentó en este espacio la semana pasada, pero las críticas al FA tienen asidero, porque a este no le caben responsabilidades de representación estatal.

El mal de muchos es, como dicen, consuelo de tontos, y los desaciertos de una fuerza política no quedan disculpados ni anulados por los de otras. Sin embargo, cabe señalar que estamos ante un problema extendido en el sistema partidario uruguayo y que esto, lejos de disminuir su gravedad, la aumenta.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro está acusado de conocer y avalar en 2022, cuando gobernaba, planes fallidos para asesinar a su rival en las elecciones, Luiz Inácio Lula da Silva, a su compañero de fórmula, Gerardo Alckmin, y al entonces presidente del Supremo Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes. También de planificar e intentar ejecutar un golpe de Estado para impedir la asunción de Lula, luego de que este lo derrotó en el balotaje de ese año.

La investigación correspondiente, iniciada por la Policía Federal brasileña en noviembre del año pasado con autorización del Supremo Tribunal Federal, ya condujo a acusaciones formales. Sobre esto, los mismos partidos que reclaman declaraciones en defensa de la democracia venezolana no dicen ni una palabra. Ni siquiera una expresión de inquietud o al menos de sorpresa, que podría contrapesar numerosas manifestaciones previas de simpatía hacia Bolsonaro cuando era presidente.

Alguien podría alegar que la causa judicial brasileña aún está en sus primeras etapas y que no corresponde pronunciarse sobre ella. Al respecto, cabe recordar que muchas personas en Uruguay, y entre ellas unas cuantas con responsabilidades políticas en los partidos que gobernaron hasta hace pocos días, todavía sostienen que Lula es un ladrón corrupto, pese a que todos los procesos en su contra (que lo llevaron a la cárcel y le impidieron enfrentarse con Bolsonaro en las elecciones de 2018) ya fueron anulados en forma definitiva ante abundante evidencia de que estuvieron viciados por una acción coordinada e ilegal para perjudicarlo.

No estamos hablando de la orientación política de Bolsonaro ni de los intereses económicos y sociales que defiende, sino de un intento de golpe de Estado con participación de altos jerarcas militares y civiles, con participación de integrantes del Comando de Operaciones Especiales del Ejército brasileño.

Sería muy bueno que los partidos uruguayos mostraran preocupaciones parejas por cualquier acto grave contra el sistema democrático en cualquier país, con independencia de sus afinidades ideológicas. Esto aumentaría sin duda el prestigio y la credibilidad de las fuerzas políticas, al consolidar la percepción de que todas ellas reconocen los mismos límites de lo aceptable, y además facilitaría considerablemente el diálogo y los acuerdos para cimentar una política internacional de Estado.

Hasta mañana.