Este artículo forma parte del proyecto “Narrativas sobre denuncias falsas: una investigación sobre desinformación y violencia de género”, realizado por Mariana Cianelli, Stephanie Demirdjian, Marina Santini y Yamila Silva.

Quienes quieren impulsar modificaciones a la ley de violencia basada en género (19.580) muchas veces apelan en sus argumentaciones a un supuesto aumento de las denuncias falsas por parte de mujeres que se amparan en esta norma, porque, afirman, quieren hacerse de los beneficios económicos o de otro tipo que la ley prevé en caso de obtener una sentencia favorable. También aseguran que las denuncias falsas representan una parte significativa del universo de denuncias que recibe nuestro sistema judicial cada año –se señala que son “muchas” o hasta “la mayoría”– y que a esta altura se convirtieron en una problemática que atender, por ejemplo, con cambios legislativos o procesales.

Por el otro lado, colectivos feministas, representantes del sistema político y académicas especializadas en violencia de género que defienden la Ley 19.580 señalan que no hay datos que respalden el relato de que las denuncias falsas son un problema suficientemente generalizado como para legislar al respecto o modificar leyes que ya existen. A su entender, con el afán de mitigar el supuesto fenómeno, lo que proponen quienes buscan reformar la ley, por lo general, es reducir su alcance o quitarle potestades. Asimismo, señalan que introducir agravantes para las mujeres que denuncien falsamente por estos delitos es desestimular a las víctimas a presentarse a la Justicia, por temor a, en vez de encontrar protección o respuestas, resultar sancionadas.

Una fuente de la Fiscalía, en diálogo con la diaria, apuntó que el concepto que se maneja entre los fiscales es que las denuncias falsas por violencia de género existen, “pero no son relevantes estadísticamente”, y que muchas veces lo que sucede es que se equipara “el hecho de que se haya archivado por falta de pruebas con que la denuncia sea falsa, lo que no es así”. Algo en lo que coinciden los operadores judiciales es en que no es fácil investigar este tipo de delitos, porque suelen suceder en la intimidad y porque muchas veces las denuncias se presentan años después por los tiempos que a la víctima le lleva procesarlo o hacer la denuncia, lo que dificulta aún más la investigación.

Por medio de pedidos de acceso a la información pública, la diaria pudo comprobar que no hay datos sistematizados que sustenten un aumento o presencia extendida de las denuncias falsas por violencia de género. Tanto en la Fiscalía General de la Nación como en el Poder Judicial señalan que estas denuncias no están tipificadas como tales y no se puede cruzar en una base de datos las condenas por “calumnia y simulación de delito”, que sería el equivalente a una denuncia falsa, con la información que contienen los expedientes sobre el origen o móvil de la denuncia. Por lo tanto, no se puede rastrear en el sistema si la condena por “calumnia y simulación de delito” devino de una denuncia al amparo de las leyes de violencia de género y doméstica.

“No se cuenta con la información para la generación del dato” es una respuesta que se repite en las respuestas a los pedidos de acceso; por ejemplo, ante la pregunta de cuántas denuncias y procesos penales bajo la figura “calumnia y simulación de delito” tienen origen en una denuncia presentada por violencia doméstica y/o violencia de género.

Los organismos sí brindaron información a la diaria sobre la cantidad de denuncias tramitadas con título “violencia doméstica y delitos sexuales” en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Según los datos de la Fiscalía, entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024 se registraron 211.798 denuncias, la mayoría de las cuales (193.049) se procesaron bajo el título “violencia doméstica”.

La Fiscalía aclaró en su respuesta al pedido de información que la clasificación de las denuncias se realiza en base al título, es decir, la carátula seleccionada por el funcionario de Ministerio del Interior o Fiscalía que recepciona la denuncia, según su interpretación del delito, por lo que puede diferir del delito que el fiscal decida imputar posteriormente, en base al análisis jurídico de la situación.

En cuanto a la cantidad de denuncias recibidas en los últimos cinco años por calumnia y simulación de delito, y de personas imputadas y condenadas bajo dicha figura, en 2024 ingresaron 235 y ese año fueron condenadas 34 –de causas que podían venir de años anteriores–. La cifra registrada fue menor en 2020 para ambos casos –107 y 10, respectivamente– y fue creciendo paulatinamente año a año en el período consultado. En total, en el período de los últimos cinco años se registraron 769 casos por este delito, que abarca las denuncias falsas en general y no únicamente por violencia de género.

Por el momento, el Poder Judicial y la Fiscalía no han registrado sentencias de condena en las que la tipificación específica sea el agravante dispuesto en el artículo 179 bis del Código Penal, que incorporó la ley de tenencia compartida en 2023. Este artículo fue incorporado a propuesta de la exdiputada colorada María Eugenia Roselló “con el espíritu de desestimular las denuncias falsas entre progenitores”, según manifestó en ese marco. La disposición considera circunstancia agravante del delito de simulación “que la denuncia vaya dirigida contra la persona con quien el denunciante tenga hijos en común, y que, a consecuencia de dicha denuncia, la Justicia disponga alguna medida cautelar en aplicación de la Ley N° 19.580, de 22 de diciembre de 2017, o de la Ley N° 17.514 [de violencia doméstica], de 2 de julio de 2002”.

Claeh realizó investigación sobre denuncias falsas

En julio de 2024, la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Claeh inició una investigación para recabar “datos fidedignos” sobre las denuncias falsas por violencia de género en Uruguay. La socióloga Teresa Herrera, coordinadora de la cátedra, aseguró a la diaria que los resultados se publicarán a mediados de julio.

Si bien no pudo adelantar cuáles fueron los hallazgos, la experta afirmó que la importancia de esta investigación radica en que, hasta el momento, en nuestro país no hay “evidencia” ni datos oficiales que permitan identificar la dimensión del fenómeno. “Todas las propuestas de modificaciones a la Ley 19.580, incluida la del presidente anterior [Luis Lacalle Pou], dicen en su exposición de motivos que es evidente que hay denuncias falsas o que [la ley] propicia las denuncias falsas, pero no dan ningún dato. Por lo tanto, era importante hacerlo”, explicó.

Herrera dijo que, al igual que en otros países donde se hizo este tipo de estudios, como España y Reino Unido, las investigadoras estudiaron “procesos, expedientes, juicios de calumnia y simulación de delito, para ver, entre todos los que hay en determinada cantidad de años, cuántos corresponden a este tipo de delitos”. Pero fueron “más allá”, porque, además, realizaron entrevistas en profundidad a “fiscales, jueces, juezas, defensoras y defensores de oficio, y peritas y peritos” para relevar “qué opiniones había en los operadores del sistema de justicia en torno a esto y si habían tenido experiencias de denuncia falsa, en qué caso, etcétera”.

La tercera estrategia metodológica fue “analizar discursos defensistas sobre la base de jurisprudencia”. “Es decir, en juicios vinculados a violencia basada en género, ver en qué casos la defensa había argumentado denuncia falsa y qué andamiento había tenido eso”, especificó la académica.

El equipo de investigación del estudio, que fue realizado con el apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de Países Bajos, estuvo integrado por las abogadas Alicia Deus, Soledad Suárez, Natalia Fernández y Marta Leites, con la coordinación de Herrera. A su vez, trabajaron dos asistentes técnicas y ”un conjunto de 30 abogadas y abogados que colaboraron en la pesquisa de los expedientes” en todo el país.