Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y, en ese marco, se impulsaron algunas acciones para poner arriba de la mesa un problema que sigue estando invisibilizado, en parte porque se sostiene en patrones culturales que lo naturalizan y porque, la mayoría de las veces, tiene lugar en el ámbito familiar. Así queda reflejado en las cifras difundidas el sábado por el Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social, que muestran que más de la mitad (56,9%) de quienes se atendieron en el Servicio de Atención a Personas Mayores en Situación de Abuso y/o Maltrato en 2024 fueron agredidos por sus hijos. La información también pone en evidencia la feminización de estas violencias, ya que 82,8% de los casos atendidos corresponde a mujeres.

En paralelo a las cifras, el instituto lanzó una campaña que busca visibilizar cuáles son las múltiples formas de violencia contra esta población, desde el maltrato físico, psicológico o emocional, a la negligencia, el abandono, la violencia patrimonial y el abuso sexual. El spot que acompaña la iniciativa da voz a distintas personas mayores que mencionan algunas de las más sutiles: “cuando me llaman ‘abuelito’ y no soy tu familia”, “cuando no me dan el tiempo que necesito en cuestiones tan básicas como subirme al ómnibus”, “cuando me cobran de más”. Cierra con otra cuestión básica, pero que a veces parece no ser tan evidente: que “no es una cuestión de edad”, sino “de derechos humanos”.

Otro tema que cruza derechos humanos y personas mayores, aunque desde una perspectiva rotundamente distinta, es el proyecto de ley que presentará esta semana el diputado Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, que busca habilitar la prisión domiciliaria para mayores de 70 años condenados por crímenes cometidos antes de 1985. Si bien la propuesta se basa en el proyecto que en el período anterior fue aprobado por el Senado y luego no prosperó en Diputados, el legislador blanco introduce cambios significativos: establece que la prisión domiciliaria será preceptiva y que el requerimiento de informes médicos para sustentar la resolución judicial “no será de aplicación si han transcurrido 30 años o más del acaecimiento de los hechos que se juzgan”.

El abogado Pablo Chargoñia, que representa a víctimas del terrorismo de Estado, explicó a la diaria que “ya existe norma procesal” para conceder la prisión domiciliaria “en casos de situaciones incompatibles con la permanencia en prisión efectiva”, por lo que interpreta este proyecto como “una forma disfrazada de atenuación de la sanción, lo que implica también una forma disfrazada de impunidad” para “los autores de crímenes que ofenden al género humano”, en referencia a aquellos cometidos durante la dictadura.

Además, en esta edición: el intendente electo de Canelones, Francisco Legnani, conversó con nuestro compañero Agustín Zabala sobre las prioridades en las que centrará su gestión, y un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo volvió a poner sobre el tablero político el proyecto de ley aprobado en el período anterior para cubrir parte de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia.

Hasta mañana.