Más de la mitad de las empresas consultadas por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU) para su segundo informe trimestral de actividad del sector para este año valoran positivamente el hecho de que el Parlamento trate un proyecto de ley de promoción de competitividad. Así lo recoge una encuesta efectuada por la CCSU y Equipos Consultores, en ocasión del mencionado reporte.
La encuesta consultó a 327 empresas, divididas entre “un panel de empresas que contestan habitualmente a la CCSU” y “una muestra aleatoria”, acerca de cómo valoran la discusión de “una agenda orientada a reducir trámites, bajar costos regulatorios, facilitar el comercio y promover una mayor competencia”. De acuerdo con el apartado metodológico del informe, el marco muestral estuvo compuesto por “las empresas de comercio y servicios incluidas en el RPAE (2022) de todo el país”, aunque excluye “algunas secciones de actividad particulares”.
En ese sentido, más de la mitad de las empresas abordadas en la encuesta ven con buenos ojos la discusión de una agenda de promoción de la competitividad y reducción de costos: 23% expresaron que la valoran muy positivamente, mientras que 33% lo hace positivamente. Asimismo, acarrea tan sólo 3% de manifestaciones negativas, al tiempo que 22% no la ven positivamente ni negativamente, y 19% explicitaron que no cuentan con la información suficiente para emitir una opinión al respecto.
En tanto, y luego de que se les preguntara por los aspectos particulares de la agenda que entienden que podrían impactar positivamente en sus negocios, 68% de las empresas consultadas dijeron estar de acuerdo o muy de acuerdo con las medidas de digitalización y simplificación de registros. Le siguieron, con 67% de valoraciones positivas en ambos casos, las medidas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como aquellas que buscan reducir los trámites administrativos.
Finalmente, y con respecto a aquellos temas que entienden deberían ser incorporados o profundizados como parte de una agenda nacional de competitividad, la amplia mayoría de las empresas encuestadas (94%) apuntaron a la reducción de la carga tributaria. Completan los tres primeros puestos, con valores cercanos, la necesidad de promover una mayor eficiencia del Estado y el gasto público (92%) y la seguridad pública y la prevención de delitos contra las empresas (91%). El punto que suscitó el menor interés, en tanto, fue la revisión del régimen de franquicias postales, en torno al que el consenso se situó entre 55% y 60%.