El proyecto titulado “Ley de competitividad y reducción del costo de vida”, que fue aprobado este miércoles en el Senado, busca reducir los costos de gestión de las pymes (pequeñas y medianas empresas) y crear condiciones para que los sectores de menores ingresos puedan acceder a productos y servicios más baratos, dijo a la diaria Álvaro Lalanne, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La iniciativa “es especialmente importante también en los sectores de ingresos más bajos donde, por sus características de consumo, los productos de la canasta básica que son objeto de la ley tienen una incidencia mayor”, señaló Lalanne, quien fue convocado por el titular de la cartera, Gabriel Oddone, para el diseño del proyecto.
Al mismo tiempo, Lalanne destacó que la iniciativa busca reducir los costos de gestión de las pymes y mejorar su competitividad. Entre las medidas previstas mencionó la reducción de los precios de los registros de productos sometidos a vigilancia sanitaria o técnica, herramientas digitales gratuitas y un acompañamiento tributario para las empresas en crecimiento.
Según los datos presentados por el MEF, una mipyme [micro, pequeñas y medianas empresas] podría ahorrar hasta 26% de sus gastos de gestión con la nueva ley. Las mipymes representan, además, el 99,6% de las empresas del país y generan dos de cada tres puestos de trabajo en el sector privado. Sin embargo, venden el 6% de lo que Uruguay vende al mundo.
La iniciativa se estructura en cuatro grandes áreas: simplificación y agilización de trámites; promoción de la competencia y reducción del costo de vida; innovación y aceleración de la inversión; y facilitación del comercio exterior.
El proyecto abarca además distintos sectores de actividad, entre ellos el agro, la industria, la salud, la construcción, la minería, el transporte y la logística, el comercio, el turismo y sectores vinculados a la innovación. Asimismo, prevé ampliar a diez años la vigencia de los registros de mercaderías sometidas a vigilancia sanitaria, fitosanitaria, técnica o ambiental. Durante la presentación del proyecto, Oddone definió la iniciativa como una “modesta, pero importante” reforma del Estado.
¿Cuál es el principal problema que busca resolver este proyecto de ley? ¿Por qué el gobierno entiende que la competencia es una de las claves para reducir el costo de vida en Uruguay?
El principal problema que pretende atacar el proyecto está relacionado, en términos generales, con muchos aspectos de la competitividad. El paraguas general es darle un impulso a la competitividad a través de reformas en los procedimientos de relación entre el Estado y los administrados.
Tenemos bastante evidencia de que en muchos sectores de la economía hay sobreprecios relacionados con mercados poco competitivos. Esto es producto de que Uruguay es un país muy chico y tiene una forma de administración muy garantista, lo cual está bien, pero determina que haya barreras a la entrada en algunos mercados que hacen que los incentivos a invertir o a innovar sean menores que en mercados más competitivos.
¿De qué manera el proyecto busca modificar estos factores y cómo se traduciría eso en la vida cotidiana de un ciudadano?
Para ordenarlo, podemos decir que hay una parte de la reforma que busca reducir los costos de transacción y los costos de gestión. En ese sentido, revisa procedimientos regulatorios, especialmente para facilitar que las empresas demuestren el cumplimiento de las regulaciones a partir de mecanismos más ágiles.
Además, la actual regulación genera barreras a la entrada que hacen que haya menos competencia en los mercados, ya sea porque hay menos productos o porque hay menos proveedores del mismo producto. Eso genera márgenes más altos en algunos segmentos, que luego se trasladan a un mayor costo de vida de los bienes que consumimos.
Asimismo, el proyecto tiene un elemento que es la obligación de que los comercios publiquen los precios por unidad de los productos, lo que también facilita la comparación de precios para los consumidores. Entonces, a través de la reducción de los costos de trámites y de gestión, y del fomento de una mayor competencia, se van a producir mejores servicios y se van a ofrecer productos a mejores precios.
¿Tienen estimado en qué mercados o sectores se podrían ver más los efectos de la iniciativa?
Repasando los contenidos de la ley, podemos aventurar que los mercados donde hay una intersección de varios elementos de la propuesta son los que van a tener mejores resultados.
La norma introduce mejoras en los sectores regulados, por ejemplo, los que están sometidos a vigilancia sanitaria y fitosanitaria, donde los registros son una barrera a la entrada importante. También en los lugares donde las pymes ocupan un lugar importante en la oferta. Además, puede tener impacto en el sistema financiero, porque el sistema de finanzas abiertas también puede ser visto como un fomento de una mayor competencia en un sector muy concentrado.
El proyecto fortalece la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y amplía el control sobre las fusiones y adquisiciones. ¿Qué situaciones concretas se busca evitar con estos cambios?
Dentro de la reforma de la defensa de la competencia hay muchos aspectos. Por ejemplo, se busca darle mayor independencia a la comisión, convirtiéndola en un servicio descentralizado y separando las funciones decisorias, que estarían a cargo de un director de Investigaciones. Todas esas medidas les otorgan independencia y solidez técnica a los resultados de la comisión.
Además, en materia de control de concentraciones, queremos que más fusiones y adquisiciones pasen por el radar de la comisión. Entendemos que, como práctica de defensa de la competencia, las concentraciones deben ser revisadas para evitar mercados donde sea más fácil alcanzar una posición dominante y abusar de ella.
¿Qué parte del problema del alto costo de Uruguay esta ley puede solucionar y qué aspectos quedan necesariamente por fuera?
Los elementos más importantes que toca la ley son los costos de gestión y de relacionamiento entre las empresas y el Estado. Especialmente esto es importante en las pymes, donde muchas veces son los dueños de las empresas los que terminan dedicando buena parte del día a cuestiones de trámites y a demostrarle al Estado que están cumpliendo las reglas, lo cual está bien, pero no permite que destinen recursos a mejoras en la productividad de la empresa o a incorporar innovación o tecnología.
Luego, hay otra parte de los costos, que son importantes para la competitividad, que no están abordados en esta ley, como son, por ejemplo, los costos de logística, energía y mano de obra. Ese tipo de costos no están contemplados en la ley; no son parte de su objeto.
¿Cuáles son los principales costos que se busca eliminar?
Al final, muchas de las cosas que están expresadas en la ley tienen que ver con los procedimientos de demostración de que se está cumpliendo con las reglas. Uno de los elementos más importantes es el fomento de la interoperabilidad, es decir, la posibilidad de dar instrumentos para que el Estado no pida lo que ya tiene.
Eso, evidentemente, reduce mucho los costos de gestión. Si tengo que estar, cada vez que voy a hacer un trámite, solicitando un certificado notarial que demuestre al Estado que una persona está habilitada y es legítima representante de una empresa para hacer un trámite, evidentemente eso genera un costo de gestión.
Otro de los elementos importantes es la reducción de los registros y de su costo. Los registros surgen para los productos que están sometidos a vigilancia sanitaria, ambiental o técnica.
Hoy hay evidencia de que los registros a veces son muy rígidos en su definición, por lo que productos que son muy parecidos o que presentan variaciones menores requieren otro registro. También puede ocurrir que los documentos que se solicitan para que los registros se puedan obtener de plataformas tecnológicas de manera más eficiente.
Toda esta reforma en la gestión no hay que verla solamente como una reducción de costos para las empresas, sino también como una mayor eficiencia en la gestión pública, donde los funcionarios no dedican tanto tiempo a revisar papeles que ya han sido validados en otros lados o a mirar documentación que ya ha sido presentada ante otra parte.
Esto también hace que, en un contexto de restricciones, las tareas y funciones administrativas se concentren en las actividades donde son insustituibles.
Álvaro Lalanne.
Foto: Ernesto Ryan
En notas de prensa anteriores se mencionaba que es una reforma microeconómica, pero también una reforma del Estado, sobre todo por esto de agilizar trámites. Me imagino que debe ser un desafío para el Estado y para el gobierno. ¿Qué implica este proyecto para ustedes?
Esto no tiene que ser visto solamente como un programa de simplificación para las empresas, sino como un paso más hacia la modernización de la gestión pública.
En particular, el fomento de la interoperabilidad y de compartir información entre distintas entidades de la administración es un desafío muy grande, que implica rediseñar muchos procesos, y eso siempre tiene consecuencias positivas sobre la eficiencia.
A veces, simplemente, el tramitante ve que no le exigen algo que antes le exigían, pero detrás de eso hay un cambio importante en la manera en que el Estado se garantiza de que el objetivo a preservar se mantiene. Ese es el paradigma: cambiar el intercambio de información dentro del Estado para no pedirle al tramitante que esté permanentemente presentando la misma información en distintos lugares. Ese es el camino correcto hacia un Estado más eficiente y efectivo.
¿Se puede decir, entonces, que no es que el Estado intervenga menos en la economía, sino que interviene de otra manera, con mejores regulaciones y mayor capacidad de control?
Absolutamente. El proyecto no tiene ningún elemento desregulador. Todo lo que está planteado es cómo preservar el mismo objetivo regulatorio, que es positivo, como puede ser el ambiental, sanitario, financiero o tributario, pero con una metodología diferente.
Por eso también la ley abre la oportunidad de que las oficinas revisen sus procesos y, ya que la ley lo va a hacer con más énfasis, incorporen esta mirada de simplificación de los procedimientos.
¿Qué intereses o privilegios busca modificar esta ley?
Hay muchos mercados donde, de manera legítima, hay empresas que tienen marcas que son muy reconocidas y muy valoradas por los consumidores.
La reforma, en general, puede ser vista también como una iniciativa donde se cuestionan algunos precios que no se ajustan al valor que generan. Esto se da en algunos intervinientes obligatorios, o también dando y abriendo la cancha para que otros oferentes puedan participar en los mercados. Esta situación ocurre en algunos productos de consumo masivo de marcas dominantes, o también puede suceder incluso en el sistema financiero.
¿Cuándo se verán los efectos?
Hay varios niveles. La reglamentación de la ley va a llevar buena parte del año que viene. Es posible que recién en el año siguiente se empiecen a notar los efectos, pero no hay que apurarse para evaluar una reforma de tanta importancia. Si se implementa de forma contundente, como nosotros tenemos la intención de hacerlo, sus efectos más importantes se van a ver a mediano plazo.
Para cualquier ciudadano común, ¿por qué es importante esta ley? ¿Cómo va a impactar en su día a día?
Una correcta implementación de lo que está establecido en la ley va a determinar el acceso a productos y servicios más baratos. Esto, evidentemente, no va a ser general para cualquier sector, sino para algunos, especialmente algunos productos que influyen en la canasta de vida.
Es especialmente importante también en los sectores de ingresos más bajos, en los que, por sus características de consumo, los productos de la canasta básica que son objeto de la ley tienen una incidencia mayor.
También es importante resaltar la importancia que tiene para las pymes. Hay decenas de miles de pymes en Uruguay, y también el proyecto busca reducir sus costos de gestión y mejorar su competitividad.
¿Cómo se va a bajar el costo de vida de los sectores vulnerables con este proyecto? ¿En qué productos específicamente podría bajar el costo?
Hay que mirar específicamente los productos que están sometidos a regulaciones sanitarias y que forman parte de la canasta de consumo de las personas. Por ejemplo, los artículos de tocador y los productos polisanitarios. También, a partir de una correcta implementación de la ley en regulaciones bromatológicas, es posible que en las canastas de consumo de alimentos se puedan ver los efectos.
Para esto se necesita también una interacción mayor con el ámbito departamental. Finalmente, en el sistema de crédito, que es un tema muy importante para las empresas, también debería haber impactos.
Y con respecto a las pymes, ¿cómo influye esta iniciativa en su desarrollo?
Las pymes tienen una serie de características que son especialmente contempladas en el proyecto. En primer lugar, hay políticas específicas para ellas. Por ejemplo, la ley parte de que se van a reducir los precios de los registros de productos sometidos a vigilancia sanitaria o técnica.
Actualmente, para registrar un cosmético en el Ministerio de Salud hay que pagar aproximadamente 60.000 pesos, solamente por el costo del registro. Imaginate que, si querés tener cuatro o cinco productos registrados porque, por ejemplo, hacés una crema y hay variaciones del producto, te podés llegar a gastar 300.000 pesos cada cinco años.
Una parte de la ley, por medio de un artículo específico, habilita al Estado a establecer precios diferenciales para los registros de pequeñas y medianas empresas, así como ya lo tiene Brasil.
También se van a reducir los costos de gestión. Se va a crear un sistema interoperable para la gestión de pymes, en el que se va a contar con herramientas digitales de apoyo a la gestión. Se les va a proveer un sistema de facturación electrónica y también de aceptación de pagos electrónicos. Todo eso va a ser gratuito para las pequeñas y microempresas.
Entonces, también ahí se les van a reducir los costos de gestión. Finalmente, por medio de los registros: por ejemplo, con el registro unificado de apoderados y representantes las pymes van a tener que acreditar una sola vez quiénes son sus legítimos autorizados para hacer trámites y se van a ahorrar la necesidad de estar todo el tiempo haciendo este tipo de gestiones.
Dado que para las pymes los costos de gestión son especialmente importantes, el proyecto, además de estas modificaciones específicas, apunta a reducir esos costos, por lo que se van a ver beneficiadas.
El proyecto plantea un acompañamiento tributario al crecimiento de las empresas. Hoy, pasar de ser literal E a estar gravado por el régimen general es realmente oneroso para las empresas y, además, es difícil que puedan, una vez que pasan al régimen general, volver a ser consideradas monotributistas.
Sin embargo, la ley habilita un rediseño de los esquemas tributarios iniciales para acompañar la transición entre ser una empresa monotributista y una empresa a la que se le aplica el régimen general. Se van a crear alícuotas progresivas para llegar al nivel general. Esto también facilita el crecimiento de estas empresas.