La historia nos muestra que todas las grandes crisis han traído consigo una modificación de la forma en que se organizan las sociedades. Esta catástrofe podría exponer aún más la necesidad de concebir un nuevo contrato social, que contemple el cuidado del ambiente, las diversas formas de trabajo, la seguridad humana, la salud y las relaciones globales.
Tal vez, cuando esta pandemia pase, ahora que ya sabemos que somos capaces de ponerle el freno de mano al sistema, se nos ocurran otras razones para ir más lento.
Sorprende que no haya más ejercicios de imaginación, especulación y análisis prospectivo de tipo estratégico. Y, peor, que no se hagan públicos y se discutan abiertamente, de manera transparente.
El actual gobierno se encuentra atrapado por imágenes que han articulado sus narrativas de justificación durante la campaña electoral y eso lo lleva a ver en forma unilateral o parcial las circunstancias que nos afectan.
El presidente Martín Vizcarra deslizó la posibilidad de instalar la pena de muerte por los casos de femicidios y violaciones. En plena crisis del coronavirus, hay casos de amedrentamiento y violencia de las fuerzas de seguridad contra la población más vulnerable, mientras muchos peruanos piden “mano dura”.