Opinión

En los últimos años ha aumentado la frecuencia con que debemos prestar atención a lo que deciden instituciones de la "comunidad internacional" acerca de las políticas uruguayas. Claro que esos organismos no están integrados por sabios de indiscutible bondad, sino por Estados.

El domingo 8 concluyó el período que se había abierto el 26 de diciembre para que los suscriptores de la diaria eligieran al Defensor del Lector, una experiencia de la cual no conocíamos antecedentes, como tampoco los tenía en el país el hecho de que un diario pusiera en práctica esta figura. En la edición del jueves, una vez completado el conteo, daremos a conocer al ganador o ganadora.

A mediados de noviembre, dos semanas después de que el Parlamento desactivara la peor ley de la historia uruguaya, el plenario de centros militares resolvió propiciar la denuncia judicial de ocho asesinatos cometidos antes del golpe de Estado. Imputan de estos delitos a 14 ex guerrilleros tupamaros que no fueron procesados porque la Ley de Amnistía del 8 de marzo de 1985 bloqueó la apertura de nuevos juicios contra “la sedición”.

Es un problema que la Armada argentina se enfrente con barcos civiles de terceros países tan cerca de la costa uruguaya, como sucedió la semana pasada. Pero no sirve para disimular un problema mucho mayor, un problemón: que Uruguay, país comprometido con el reclamo de Argentina por su soberanía sobre las Islas Malvinas, les brinde servicios portuarios y hasta protección militar a piratas con patente de corso concedida por Gran Bretaña para que pesquen en los alrededores del archipiélago.