Detrás del tráfico de fauna en Uruguay: investigación revela debilidades del control y descenso de los operativos

Primera escena. Montevideo. 2007
Funcionarios de una empresa de correo privada detectan algo extraño en varios paquetes con destino a Europa. Abren los envoltorios y descubren dentro mercadería ilegal por un valor muy alto. Dan aviso a la Policía, que actúa y detiene al traficante responsable, de nacionalidad suiza.

Segunda escena. Tacuarembó. 2016
Las cámaras de la oficina del Correo Uruguayo en Tacuarembó captan a un individuo que envía una serie de sobres a Montevideo, con el objetivo de que desde ahí se manden luego a República Dominicana. Cuando llegan a la capital, un funcionario sospecha de su contenido. Los abre y queda impactado por lo que ve. Pone sobre aviso a las autoridades y una institución especializada se hace cargo del asunto. Las pistas que sigue la Policía llevan a una dirección falsa.

Tercera escena. Montevideo. 2016
Delincuentes trepan el muro de una propiedad privada en un barrio popular de la ciudad, cortan el tendido eléctrico, ingresan al lugar y secuestran a dos individuos usando una camioneta. La Policía analiza la escena, realiza un rápido operativo, detiene a los responsables y recupera a las víctimas. Una de ellas muere, como consecuencia del estrés y las heridas sufridas durante el secuestro.

Quien haya imaginado una película de narcotráfico o de trata de personas está equivocado, pero no se lo puede culpar por ello. La primera escena alude al frustrado intento de enviar 750 tarántulas de la especie Grammostola quirogai junto a 73 bolsas de sus huevos a Europa, donde se venden a buen precio. Más de 60 ejemplares murieron por deshidratación o heridas sufridas en el proceso.

En la segunda escena la protagonista es la misma especie, pero las condiciones son todavía peores. 62 ejemplares de estas tarántulas fueron colocados en bolsas Ziploc y cajas de plástico dentro de sobres de manila, con la intención de que llegaran a Centroamérica, probablemente como punto intermedio a otro destino.

Los individuos a los que aludimos en la tercera escena son dos wallabies (marsupiales parecidos a canguros) del zoológico de Villa Dolores, víctimas de un aparente robo por encargo que terminó con dos personas detenidas y un wallabie muerto.

Que la descripción inicial lleve a engaño y parezca salida de algunas escenas de Breaking bad tiene sentido. Según algunas estimaciones, el tráfico de vida silvestre (que incluye también flora y hongos) es la cuarta actividad ilegal más lucrativa del mundo, detrás del narcotráfico, la trata de personas y las falsificaciones, moviendo entre 10 y 20 billones de dólares anuales. No es raro que las estrategias aplicadas en estas actividades sean similares y muchas veces también coincidan las rutas y las personas implicadas.

La punta del iceberg

El Informe Mundial sobre los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques 2024 (World Wildlife Crime Report), presentado en mayo por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), destaca que el tráfico de vida silvestre no se ha reducido de manera sustancial en las dos últimas décadas.

Según el informe, las incautaciones realizadas entre 2015 y 2021 en el mundo muestran que hubo comercio ilegal en 162 países y territorios que afectaron a alrededor de 4.000 especies de flora y fauna. Uruguay está entre ellos.

Pese a estas cifras impactantes, algunas de las especies más afectadas a nivel global, entre las que se incluyen varias que tienen al tráfico de vida silvestre como una de las amenazas más graves para su conservación, “reciben poca atención pública”, señala el reporte. Esto ocurre especialmente en América Latina, donde si bien el tráfico de animales es fuerte, no hay demasiados estudios sobre el fenómeno, sobre todo en comparación con África y Asia.

En ese sentido, Uruguay era casi un agujero negro. Pese a las consecuencias graves que tiene el tráfico de vida silvestre en todas partes del mundo y su relación con otras actividades delictivas, que sí despiertan la atención de autoridades y público en general, no se sabía prácticamente nada al respecto. No sólo sobre aspectos básicos como las especies afectadas y el impacto económico, sino también sobre las motivaciones que están detrás de este negocio, las limitaciones del control, la articulación entre los diferentes organismos y las percepciones que los actores involucrados tienen sobre este problema.

La Dirección Nacional de Servicios Ecosistémicos (Dinabise), que es la dependencia encargada del manejo de vida silvestre y que tiene en el Departamento de Control de Especies y Bioseguridad una oficina especializada en el tema, estaba especialmente interesada en comenzar a echar luz sobre el asunto. Por eso mismo, en el año 2020 aprovechó la Convocatoria de Seguridad Ciudadana de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) para impulsar un proyecto que explora qué está ocurriendo con el tráfico de vida silvestre en Uruguay.

Producto de esa iniciativa es una reciente publicación que lleva la firma de la bióloga Lucía Bergós y la antropóloga Magdalena Chouhy, del Centro Universitario Regional del Este (CURE, Universidad de la República), el biólogo Andrés Ligrone, del Departamento de Sistemas Ambientales de la Facultad de Agronomía (Universidad de la República), y el antropólogo Juan Martín Dabezies, del Departamento de Sistemas Agrarios y Paisajes Culturales del CURE.

En ella, reunieron un montón de información dispersa sobre el tráfico de fauna en Uruguay, identificaron las debilidades de la estructura encargada de su control y exploraron cuáles son las oportunidades para corregir las carencias que hoy están afectando severamente no sólo a la biodiversidad y el ambiente, sino también a personas en situación muy vulnerable.

Sólo sé que sé muy poco

El equipo de investigadores usó varias técnicas para intentar entender cómo se controla el tráfico de vida silvestre en Uruguay, qué roles juegan los distintos organismos y cuáles son los principales problemas que enfrenta. La combinación de sus conocimientos de biología y antropología no es casual y resultó clave para entender mejor el problema, que tiene dimensiones que van mucho más allá de la afectación a la fauna y la biodiversidad. Dabezies y Chouhy, por ejemplo, vienen trabajando desde años en distintas facetas de la relación entre humanos y otros animales.

“Como no había trabajos académicos previos en Uruguay, fue una suerte de proyecto exploratorio para entrar a conocer ese mundo”, cuentan Lucía Bergós y Magdalena Chouhy.

¿Cómo exploraron ese mundo, que es complejo incluso para las propias autoridades encargadas de fiscalizarlo? Se basaron en dos enfoques, uno cuantitativo y otro cualitativo.

Por un lado, recolectaron bases de datos de las instituciones involucradas en el control de estas actividades (básicamente, las incautaciones de especies desde 2012 a 2022), información que habla no sólo de las especies y número de ejemplares decomisados, sino también sobre la competencia de las distintas oficinas en el territorio y en las fases del control.

Por el otro, realizaron talleres, entrevistas e instancias de observación participante con los organismos estatales vinculados al control de fauna y otros actores privados y públicos que son parte del proceso. “Las instituciones que tienen competencia en el control del tráfico son Dinabise (del Ministerio de Ambiente), Prefectura (Ministerio de Defensa), Dirección Nacional de Aduanas (Ministerio de Economía) y la Policía (Ministerio del Interior), pero hubo encuentros con encargados de zoológicos y bioparques, dueños de criaderos de animales, investigadores del ámbito académico e integrantes de ONG dedicadas a la conservación”, señalan las investigadoras.

El resultado de estos dos enfoques arrojó un panorama preocupante sobre las carencias del sistema uruguayo para enfrentar el tráfico de fauna y reveló el desequilibrio que hay en las distintas etapas de control.

Por decomiso de Aduana

Vayamos primero a lo cuantitativo. El equipo pidió los datos de incautaciones a las cuatro instituciones vinculadas al control del tráfico de fauna durante la década 2012-2022. Tanto Dinabise como el Ministerio del Interior pusieron enseguida sus datos a disposición, como partes activamente vinculadas al proyecto.

“Dinabise tiene un registro muy corto en el tiempo pero muy minucioso. Es la mejor base de datos con la que contamos. El Ministerio del Interior nos proporcionó una base superextensa, pero con un nivel de detalle que variaba según la persona encargada de los reportes, y por lo tanto muchas cosas no pudimos usarlas para un análisis exhaustivo. La falta de estandarización y consistencia en una base de datos es una barrera importante para el análisis cuantitativo”, cuenta Lucía. En los datos del Ministerio del Interior no suele haber discernimiento de especies, por ejemplo. Otras veces se incluyen detalles que luego no se continúan en la misma base de datos.

En el caso de Prefectura y Aduanas hubo que hacer una solicitud de acceso a la información pública. Prefectura tenía pocos datos de incautaciones de fauna y buena parte de ellos estaban por fuera de los propósitos del trabajo (peces y otros organismos marinos fueron excluidos por motivos metodológicos, igual que la caza de subsistencia destinada al consumo de carne).

A Aduanas se le pidió información adicional a la que ya tenían en su web (que en su mayoría tampoco resultó útil para el trabajo) y algunos datos complementarios, pero se negó.

El relevamiento expuso algunos problemas en la sistematización de la información, más allá del inconveniente evidente que implica que una de las instituciones involucradas ni siquiera proporcione los datos solicitados.

“Una de las debilidades observadas es que las instituciones no homogenizan la forma de registro y no cruzan información entre ellas. Cada cual tiene sus fortalezas en algunas de las etapas del tráfico, como la caza o captura, el transporte, la tenencia, la venta y acopio, pero complementar su información sería interesante para tener una imagen completa”, explican Lucía y Magdalena.

En total, investigadoras e investigadores recopilaron información de un total de 1.338 incautaciones en la década analizada, con la Policía (697) y Dinabise (597) como las instituciones con más actuaciones realizadas. El único año con datos de los cuatro organismos, 2018, muestra a Dinabise como el organismo más activo.

Sin embargo, si uno estudia la información temporalmente observa una clara tendencia. La mayoría de las incautaciones se produjo entre 2017 y 2020, año a partir del cual se da un quiebre claro y se registra un descenso en los operativos (iremos a eso más adelante). De Dinabise en realidad solo hay registros disponibles para 2017 y 2018, pero las organizaciones señalaron que en los últimos años (al menos hasta el momento de las entrevistas) hubo una disminución muy notoria de las actuaciones.

Al respecto, en la publicación sostienen que “en cuanto a las limitaciones en la construcción de las bases de datos, específicamente para la Dinabise, se sabe que el reporte de actividades (y la realización de los propios controles) se vio interrumpido por la asunción de un nuevo gobierno nacional, lo que implicó un cambio de política”.

Si bien el detalle de las incautaciones será analizado en otra publicación del equipo, hay algunos datos generales interesantes. Las especies con más ejemplares incautados son nativas, como el dorado, el cardenal de copete rojo, la tortuga morrocoyo y el cardenal azul, pero también hay algunas exóticas en el desafortunado top ten, como varias especies de pinzones y el loro hablador Amazona aestiva. 81% de las especies incautadas en el período estudiado eran nativas y el restante exóticas.

Con respecto al análisis espacial de las incautaciones que permiten estos datos, Aduanas exhibió una mayor actividad en la frontera con Brasil, Prefectura en la frontera húmeda con Argentina, el Ministerio del Interior en todo el territorio y Dinabise centralizó la mayoría de sus operaciones en la zona metropolitana del sur del país.

Del análisis queda claro que las capacidades de estos distintos organismos, aunque diferenciadas según la etapa del tráfico de fauna que se fiscalice, son más fuertes en la captura y la tenencia que en el transporte, la venta y el acopio, una situación que, como veremos, fomenta algunas desigualdades en la criminalización de esta actividad.

Lo atamos con alambre

El análisis cualitativo, surgido de los talleres e instancias participativas, permitió hacer una radiografía del control de tráfico de fauna en Uruguay y exponer cinco debilidades principales: 1) falta de priorización de este tema a nivel estatal; 2) pobre coordinación entre los organismos responsables del control; 3) capacitación y especialización limitada de los funcionarios; 4) falta de instalaciones adecuadas para los animales confiscados; 5) falta de criterios unificados y sistemáticos para el registro de datos.

La falta de prioridad que Uruguay da a este tema no es sorprendente pero sí reveladora, teniendo en cuenta que hablamos de una actividad ilegal que mueve miles de millones de dólares anualmente a nivel global y que provoca consecuencias severas para la fauna y los ecosistemas así como la salud y la bioseguridad de muchas poblaciones humanas.

“Hay mucha impotencia de las mismas organizaciones por el hecho de que el tema no sea priorizado a nivel de Estado. La propia Dinabise siente que muchas cosas pasan frente a sus ojos sin que puedan actuar y que faltan recursos para abordar todo”, asegura Magdalena. Ese todo, acota Lucía, incluye varios elementos fundamentales para el control de tráfico, desde la falta de lugares y condiciones ideales para mantener a los animales a la fiscalización y los trámites asociados. “Falta pulir muchísimo todas las etapas”, sostiene.

Un síntoma de la escasa prioridad que tiene este tema es el quiebre de 2020 ya mencionado. “Las alusiones a ese corte radical que se produjo en 2020 salieron en muchísimas entrevistas. Incluso las organizaciones reclamaban que ya no estaban haciendo denuncias porque igual las instituciones no iban a controlar. La falta de respuesta genera a su vez un efecto en la disminución de denuncias”, dice Lucía.

Según dicen, en las conversaciones ese bajón producido luego del período entre 2017 y 2019 (los años más activos) no se achacaba a la pandemia, sino al recorte de recursos. De hecho, el pensar en una caída por la pandemia no explica el retroceso: “luego de pasada la pandemia, tampoco se recuperó”, dice Lucía.

De esta instancia quedó de manifiesto también que las actuaciones institucionales en el control del tráfico son más reactivas que proactivas; responden por lo general a denuncias.

La red no está conectada

El trabajo revela también que la estructura de la red que debe encargarse del control del tráfico de fauna está establecida de manera informal, lo que es un desafío no solo para el trabajo sino para la propia coordinación de las organizaciones que la integran. “La colaboración frecuentemente depende de las conexiones personales, lo que resulta a menudo en una coordinación inadecuada entre las entidades involucradas”, afirma el trabajo.

La falta de conocimiento y especialización del personal también es una complicación. “Muchos funcionarios no están completamente al tanto de las prohibiciones de trasladar animales específicos o los permisos que se necesitan”, señala el artículo.

Esa falta de especialización y de coordinación queda ilustrada en una anécdota que nos lleva nuevamente al comienzo de esta historia y nos muestra cuan parecido opera el tráfico de fauna a otras actividades delictivas, a las que se les presta más atención. Las protagonistas, una vez más, son las tarántulas.

En una ocasión, personal del Correo detectó otros paquetes sospechosos y contactó a personal de Interpol especializado en narcotráfico, bajo la creencia de que los sobres tenían drogas. Cuando el funcionario de Interpol comprobó que se trataba de tarántulas vivas y reportó el caso a Fiscalía, el fiscal de turno pensó que no había delito y no siguió el caso. Conclusión: si no son drogas, no es un problema.

“Otra cosa que ocurre es que ninguna de las instituciones tiene capacidades para poder identificar productos derivados del tráfico de fauna, como podrían ser huesos, partes o sustancias, lo que también es una carencia enorme”, remarca Lucía.

Que en la estructura de control del tráfico no haya instituciones científicas involucradas también es un síntoma “preocupante”, asegura el trabajo, ya que dificulta la incorporación de conocimiento y capacitación especializados. Ese “divorcio” entre la academia y los tomadores de decisiones no es nada extraño aquí y tampoco en otras partes, como suele verse en varios asuntos vinculados a la conservación y al ambiente.

El trabajo remarca también que esta limitada capacidad de actuación de las instituciones, en todas las etapas del control, hace que se criminalice a los eslabones más débiles de la cadena en lugar de los “peces gordos” responsables de los volúmenes mayores del tráfico.

“Con frecuencia, las personas que quieren comercializar animales llegan al territorio, generalmente un entorno rural, y le pagan a gurises para que le consigan tal o cual ejemplar. Hay un aprovechamiento de esa vulnerabilidad económica de personas que a veces quedan ligadas circunstancialmente al tráfico, y justo las instituciones están demostrando mayor capacidad de control en la etapa de la caza y la etapa de la tenencia, que son los puntos más vulnerables de toda la red”, acota Lucía.

Como vemos, la investigación pinta un panorama poco alentador de las capacidades de control del tráfico de fauna en nuestro país, pero a la vez es auspiciosa, porque hace un diagnóstico preciso de los principales problemas que tenemos, primer paso si queremos corregir el rumbo.

Cambie si quiere ganar

En las conclusiones, el artículo identifica varios puntos a mejorar para reforzar la respuesta institucional al tráfico de fauna, aunque el desafío principal, más que la logística, parece ser cambiar el paradigma de las autoridades.

Por ejemplo, la investigación deja en claro que es necesario que haya una mejor articulación entre los actores principales (como el Estado, las ONG y los criaderos), capacitar mejor a los órganos de control, generar centros de rehabilitación donde alojar temporalmente a los animales y tener a disposición más lugares donde enviarlos en caso de que no puedan ser devueltos a la naturaleza, dotar de más recursos a las instituciones directamente encargadas del control (como Dinabise) y mejorar el conocimiento sobre la tenencia de animales no tradicionales o raros. De fondo, si queremos cambiar esta película, queda pendiente una discusión nacional sobre los motivos que llevan a que esta actividad ilegal sea tan lucrativa.

“Hay cosas que no se solucionan con el control porque hay zonas grises en esto. Todos podemos estar en contra del tráfico, pero existe mucha ambigüedad en la tenencia de animales nativos o no tradicionales como mascotas. Hay una afición grande por todo ese mundo que está también vinculado con sensibilidades sobre conservación. Muchas personas entienden que tener esos animales es estar más cerca de la naturaleza, conservar, así que hay una complejidad ahí”, opina Magdalena.

¿Hay que trabajar sobre esa demanda para que se retraiga? ¿Hay que satisfacerla de algún modo mientras se informa a la opinión pública al respecto?. Todo eso, según las investigadoras, es parte de la discusión y difusión que debe darse. “En comparación con otros procesos menos personalizables, como por ejemplo la pérdida de hábitat por el agronegocio, el tráfico de animales es algo palpable y que se puede criminalizar fácilmente. Al igual que pasa con la guerra a las drogas, hay que ver cómo se aborda el tema para llegar al fondo del asunto y no solo a quien captura o tiene animales. El control debe estar acompañado de otras cosas”, asegura Magdalena.

Lo que asoma de fondo no es solo el deseo creciente de poseer animales silvestres o productos derivados de ellos. Tal cual concluye el artículo, “es crucial abordar las causas subyacentes, como la pobreza y desigualdad, para promover alternativas legales y sostenibles para las comunidades que dependen de la vida silvestre. El control de tráfico ineficiente falla a la hora de encarar los dilemas ecológicos, sanitarios y de seguridad que surgen de estas actividades”.

El tráfico de fauna, como vimos, puede ser tan grave en sus modalidades y consecuencias como el narcotráfico, pero es poco probable que tenga algo de destaque en la campaña electoral en curso. Quizá porque en nuestro país sigue operando alguna clase de realismo mágico que nos lleva a hacer la vista gorda en muchos problemas relacionados con la conservación y la biodiversidad, incluso cuando son tan evidentes como diez tarántulas metidas en un sobre de manila. Este trabajo es un recordatorio valioso y bien fundamentado de todos los motivos que hay para discutirlo ahora.

Artículo: Institutional Management Competence for Addressing Illegal Wildlife Trade: Insights from Uruguay
Publicación: Environmental Management (julio 2024)
Autores: Lucía Bergós, Magdalena Chouhy, Andrés Ligrone y Juan Martín Dabezies.