Desigualdad tóxica: 49% de los plaguicidas usados en los cultivos más importantes de América Latina están prohibidos en Europa

Justiciero 40. Allegro. Eros Gold. Salvador II. No se trata de películas o series de Netflix que prometen aventuras, comedia, erotismo y entretenimiento, sino de nombres de plaguicidas (dos fungicidas, un herbicida y un insecticida, respectivamente) que están autorizados para la venta en nuestro país para cultivos como el arroz, girasol, trigo, maíz, soja o uva.

Allegro, un producto para combatir hongos (fungicida) producido y comercializado en nuestro país por Basf, se promociona con el alegre eslogan “la solución completa para el control de enfermedades en cebada, trigo y arroz. ¡Protegé tu inversión y asegurá una cosecha exitosa!”. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) lo ha autorizado para su aplicación en arroz, trigo y cebada cervecera, y si bien el permiso venció en agosto de 2022, se está tramitando su renovación, según consta en su sitio de productos fitosanitarios. Allí también se informa que Basf importa el Allegro desde Brasil y España, y que uno de sus ingredientes activos es el epoxiconazol. Llama la atención que desde abril de 2020 la Comisión Europea decidió que el epoxiconazol no está aprobado, según figura en su sitio sobre las distintas sustancias activas en plaguicidas. ¿Se produce en España aun sabiendo que puede perjudicar la salud de humanos, animales y/o el ambiente? Si no es conveniente rociar trigo, arroz o cebada cervecera con él en Europa, ¿por qué habría de serlo en países de América Latina? Sobre este tipo de incongruencias normativas respecto a qué plaguicidas están permitidos para su uso en países latinoamericanos y en Europa versa un valioso artículo científico de reciente publicación.

Titulado algo así como “Desigualdades globales en la legislación sobre plaguicidas: casi la mitad de los plaguicidas aprobados en los principales cultivos de América Latina no están permitidos en la Unión Europea”, el trabajo publicado es el resultado de una cooperación científica entre investigadoras e investigadores de diversos países nucleados en torno a la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas (Solatina), que se fundó aquí en Uruguay en 2016. Más aún, el artículo fue publicado en un número especial de la revista británica Prooceedings of the Royal Society B dedicado a la ciencia desde este lado del planeta, que lleva por título “El otro 1%: mostrando la ciencia y cientistas del Sur global y las comunidades indígenas”.

El artículo es producto del trabajo conjunto de 20 investigadoras e investigadores de diversos centros de América Latina (Argentina, Chile, México, Bolivia, Brasil y Uruguay), así como de Irlanda e Italia, que salvo una excepción, forman parte de la red Solatina. Liderado por Grecia de Groot, de Solatina y del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina, hay allí una destacada participación celeste: Karina Antúnez y Diego Vázquez, del Laboratorio de Microbiología y Salud de las Abejas y el Centro de Investigación en Ciencias Ambientales del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE); Natalia Arbulo, del Departamento de Sistemas Agrarios y Paisajes Culturales del Centro Universitario Regional del Este (CURE, Rocha) de la Universidad de la República (Udelar); Belén Branchiccela, de la Sección Apicultura del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA, Colonia); Pablo Juri, del Departamento de Producción Animal de Facultad de Veterinaria (Udelar); y Sheena Salvarrey, de la Sección Etología de Facultad de Ciencias (Udelar), quien recientemente se incorporó a la Facultad de Agronomía en su sede de Salto.

Fue la lectura atenta de su artículo lo que me llevó a navegar durante horas por los sitios del MGAP y de la Comisión Europea para ver qué productos no aprobados en Europa están autorizados aquí (partiendo para ello de una lista proporcionada por las investigadoras), para qué cultivos se usan, qué nombres comerciales tienen, de qué países se importan, qué empresas lo hacen y demás. ¿Por qué? Porque el artículo científico llama a la acción. Después de leerlo es imposible quedarse sin hacer nada: “Al comparar el número total de ingredientes activos aprobados en Latinoamérica con la legislación de la Unión Europea, encontramos que 256 de 523 (48,9%) ingredientes activos aprobados en al menos un país de Latinoamérica no estaban permitidos en la Unión Europea”. Pum. Y eso que en su trabajo analizaron solo los compuestos aprobados para plaguicidas que se usan en apenas diez cultivos: arroz, trigo, maíz, soja, manzana, uva, girasol, caña de azúcar, palta y café. El porcentaje tal vez sea el mismo si ampliamos los cultivos, pero lo que es seguro es que serán mucho más de 256 los compuestos que estando prohibidos para su uso en Europa, igual se usan en nuestro continente.

En efecto, en el artículo dicen que sus hallazgos “implican marcos regulatorios más débiles para los plaguicidas peligrosos en Latinoamérica, lo que refleja políticas ambientales más permisivas en comparación con la Unión Europea”, lo que “refuerza la urgencia de abordar las asimetrías en la gobernanza de plaguicidas”, ya que estas diferencias “en la regulación de los plaguicidas crea el escenario en el que la industria transnacional de plaguicidas puede presionar para mantener sus productos químicos en el mercado de América Latina una vez que estén prohibidos en la Unión Europea o en otros lugares”.

Con el mar de fondo del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la reciente muerte masiva de colmenas, que se relaciona con el uso de agroquímicos, salimos volando al encuentro de Natalia Arbulo y Sheena Salvarrey, dos de las investigadoras celestes de este maravilloso trabajo que muestra que, también en ciencia, la unión hace la fuerza.

Unidos por los polinizadores

“Esta investigación surge en el marco de Solatina. Allí tenemos distintos grupos de trabajo, y hay uno que aborda los impactos antrópicos, y dentro de esos impactos están las prácticas agrícolas y apícolas que puedan afectar a las abejas”, comienza contando Natalia Arbulo desde Rocha. “Dentro de ese grupo, una de las coordinadoras, Grecia de Groot, que es argentina y terminó siendo quien lideró este artículo, comentó que para su doctorado, entre otras cosas, quería relevar cuáles eran los plaguicidas utilizados no solo en Argentina, sino en la región. Ese relevamiento es un primer paso para ver qué es lo que hay y después sí abordar en otros trabajos distintos aspectos, como las cantidades aplicadas, los efectos en las abejas y demás”, redondea.

De inmediato, varios integrantes de Solatina se sumaron a la idea. “Uno de los factores para determinar qué países participaban fue qué tan fácil era el acceso a la información de los principios activos aprobados en cada país para aplicación como plaguicidas. En los países en los que hicimos el relevamiento, la información es pública y es de relativamente fácil acceso, aunque con eso no estoy diciendo que haya sido un trabajo fácil”, reconoce Natalia.

En Uruguay, por ejemplo, accedieron al registro de productos fitosanitarios, Profit para los amigos. “Cuando hicimos el trabajo, en 2020, el Profit no permitía bajar la planilla de datos con todos los productos para cada cultivo, algo que sí se puede ahora. Eso hizo que el trabajo fuera bastante complicado para nosotros”, cuenta Natalia, y hace una aclaración importante: “En el trabajo vimos cuáles son los productos que están autorizados para el uso en esos diez cultivos, pero no indagamos ni en la cantidad que se usa ni en si efectivamente están siendo utilizados. Solo vimos cuáles eran los principios activos de los plaguicidas que están autorizados para esos cultivos en los ocho países”.

¿Cómo se dividieron el trabajo? ¿Cada nodo analizó la información de su respectivo país? “La dinámica que tenemos en Solatina es que cuando se hace una propuesta de trabajo, todos los que quieren participar pueden hacerlo, y luego nos dividimos las tareas”, dice desde Salto Sheena Salvarrey. “Generalmente en los trabajos hay bastantes argentinos y uruguayos”, agrega, y eso tiene que ver tanto con el origen de Solatina –nació en un encuentro de investigadores americanos sobre abejas en la estación experimental La Estanzuela del INIA, en Colonia– como con la existencia de distintos grupos que estudian diversos aspectos de las abejas y otros polinizadores en distintas instituciones del país (las facultades de Ciencias, Química, Veterinaria, Agronomía, el IIBCE y el CURE, entre otras).

Cada país relevó la información de los cultivos y plaguicidas asociados en su territorio, salvo en el caso de Costa Rica, que como había datos abiertos, la información fue relevada sin participación de investigadores de allí. “Luego Grecia recopiló la información de todos los países, lo que llevó mucho tiempo y trabajo, y comenzó con la depuración”, agrega Sheena.

Viendo qué fitosanitarios y qué cultivos

La cantidad de ingredientes activos aplicados a cultivos en cada país puede ser apabullante. Es por eso que en el trabajo restringieron su mirada a determinados tipos de productos fitosanitarios y a unos pocos cultivos –pero extremadamente relevantes por su impacto económico y de superficie dedicada–. “Grecia, junto con otros compañeros que coordinaban el trabajo, como Gherardo Bogo, que es italiano, fueron quienes decidieron con qué ingredientes activos finalmente se hacía el análisis”, cuenta Natalia.

“Centramos nuestra búsqueda en un subgrupo de productos fitosanitarios, específicamente aquellos aplicados contra otros organismos (por ejemplo, insecticidas, herbicidas, fungicidas), excluyendo los fitosanitarios que influyen en los procesos de vida de las plantas (por ejemplo, reguladores del crecimiento, hormonas) y los que preservan los productos de la cosecha, entre otros compuestos excluidos como adyuvantes, surfactantes y fertilizantes”, dicen en el artículo. En otras palabras, en el estudio se fijaron en los plaguicidas.

A la hora de ver qué cultivos abordar, tuvieron en cuenta que “América Latina y el Caribe” constituyen “el principal exportador neto de alimentos a nivel mundial”, que “la superficie dedicada a cultivos en Latinoamérica ha crecido aproximadamente un 30% desde 1961, representando actualmente el 8,4% de su superficie terrestre”, que allí se registran 150 cultivos diferentes “que representan aproximadamente el 20% de la producción agrícola primaria mundial”, que tenemos “42% de la superficie total cultivada con organismos genéticamente modificados a nivel mundial” y que nuestra región “presenta actualmente el uso más alto y de mayor crecimiento de plaguicidas” del planeta.

Los diez cultivos analizados fueron el maíz, la soja, el trigo, el girasol, el arroz, la caña de azúcar, el café, la manzana, la palta y la uva, todos seleccionados “por su importancia en términos de superficie cultivada, en relación con la superficie total cultivada y/o su valor económico”.

¿Qué pasó al ver qué ingredientes activos estaban autorizados para esos diez cultivos en estos ocho países y comparar qué decía la legislación de Unión Europea sobre ellos? Los detalles están en el recuadro sobre las claves de esta investigación, pero, en líneas generales, encontraron que no había una normativa coherente entre los países latinoamericanos. Peor aún, 233 ingredientes activos no aprobados en Europa se utilizan en nuestros países. Para colmo, varios de esos productos ya prohibidos en Europa se exportan a los países del Sur global, entre ellos, los nuestros.

Asimetría e injusticia toxicológica

Les pregunto qué fue lo que más las sorprendió de los resultados que encontraron, en general, y de estas asimetrías respecto a la normativa europea en particular.

“Sorprender, lo que se dice, sorprender, lamentablemente, nada”, confiesa Natalia. “Más que sorprender, lo que esto genera es indignación. Indigna que la legislación sobre uso de plaguicidas de la Unión Europea sea considerada de las más estrictas, si no la más estricta, y que justamente Europa sea la fuente desde donde viene a América Latina buena parte de esos productos no autorizados”, agrega.

“Por ejemplo, el tema del uso de plaguicidas se abordó ahora con las discusiones de los productores europeos respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur. La agencia AFP publicó un artículo en el que comparó en el último año el uso de plaguicidas en Brasil con las bases datos de exportaciones europeas de esos productos. Es una locura total: la mayor parte de esos plaguicidas que se usaban en Brasil venían de Europa”, amplía Natalia tanto sobre su indignación como sobre la ausencia de sorpresa.

La nota a la que hace referencia puede leerse en español en el sitio de France 24 bajo el título “Prohibidos en la Unión Europea pero exportados al Mercosur: Europa y sus contradicciones sobre los pesticidas”.

“Dejando la indignación y volviendo a lo que más me sorprendió, pensaba que los cultivos que dependían más de la polinización de insectos o por parte de animales iban a tener menos principios activos prohibidos por la normativa europea que aquellos que no dependían tanto de ese tipo de polinización. Pero no hubo gran diferencia”, retoma Natalia. “Pero, de vuelta, eso no es algo que sorprenda, porque buena parte de la agricultura de América Latina, o del agronegocio para llamarlo bien, está básicamente regida por el mercado y no por cuestiones ambientales”, enfatiza.

“Me parece interesante remarcar que la cantidad de cultivos que necesitan animales para su polinización, ya que de alguna manera esa interacción biológica contribuye a mejores rendimientos, está subestimada a nivel global”, remarca Sheena. En el trabajo, la mitad de los cultivos analizados (soja, girasol, café, manzana y palta) dependían de la polinización mediante insectos y otros animales. “Tras nuestros estudios está la intención de evidenciar cómo a la polinización no se le da el valor que debería en el ámbito productivo”, enfatiza Sheena. Y sabe de lo que habla. Participó en una publicación de 2022 que reportó que los insectos polinizadores aportan más de 22.500 millones de dólares al año en distintos cultivos de América Latina. “Aquí terminamos trabajando con algo que es colateral, que está en el ambiente, pero que muestra en profundidad cómo vemos el sistema productivo. No valoramos suficientemente las interacciones biológicas, no se hace foco realmente en el beneficio que pueden aportar los polinizadores”, comenta.

Mientras Sheena habla de los servicios que prestan los polinizadores, Natalia bucea y da, sí, con una sorpresa que arrojó esta investigación: el caso de Costa Rica.

“Costa Rica es conocido en el mundo por la biodiversidad, por la conservación, por sus áreas protegidas, por lo bien que cuida y conserva su naturaleza. Sin embargo, de los países relevados, es el que tiene más ingredientes activos aprobados en su territorio y prohibidos en la Unión Europea”, señala Natalia. En efecto, en Costa Rica hallaron, solo para estos diez cultivos, 140 ingredientes activos aprobados que no estaban permitidos en la Unión Europea. Le siguieron México (con 135), Brasil (con 115), Argentina (106), Chile (99), Bolivia (87), Uruguay (86) y Colombia (57).

Lo que sorprende a Natalia es llamativo. Y lleva a una reflexión preocupante. ¿Cómo un país tan asociado a la naturaleza tiene aprobados tantos principios activos dañinos para el ambiente y la salud? El eslogan país costarricense es “Pura vida”. El nuestro es “Uruguay natural”. ¿Serán dos casos de una construcción de marca que oculta modelos de producción que no tienen la naturaleza como centro?

Una tomada de pelo y el acuerdo Unión Europea-Mercosur

La indignación de la que hablaba Natalia ante estas asimetrías en las normativas de uso de los plaguicidas, agravada por el hecho de que muchos de esos productos prohibidos en Europa nos los venden países europeos –¡algunos vienen desde la misma Francia, donde la población y los productores son altamente sensibles a los efectos nocivos de muchos plaguicidas!–, tiene también otra cara: al leer el trabajo notamos que esta doble moral europea de prohibir en casa pero vender al resto del mundo también es una tomada de pelo para los ciudadanos del llamado “primer mundo”. Mientras tienen preocupaciones ambientales, se movilizan, logran que las legislaciones contemplen sus demandas, no están a salvo de que los venenos lleguen a sus platos, ya sea cuando compran comida importada o cuando viajan por el mundo. En un planeta en el que cada vez es más difícil saber de dónde viene lo que estamos comiendo, la industria de los agroquímicos europea está burlando los derechos de los propios europeos.

“Sí, totalmente, es todo un tema de dónde viene lo que comemos, cómo se produce y cómo uno puede incidir en la forma en que se producen los alimentos que consume”, dice Natalia. “Capaz que ahora, con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, se produce un resultado beneficioso y se empieza a prohibir más agroquímicos, al menos en los países del Mercosur. Ojalá que el acuerdo sea positivo en ese sentido y que haya una presión conjunta no solo de los estados europeos, de los productores agrícolas franceses con todas sus movilizaciones, y de los consumidores, no solo europeos, sino de América también”, lanza.

“Si bien la mayoría de los alimentos que consumimos nosotros no están en el listado que se analizó en el trabajo, porque el mercado interno quizás no está reflejado más que en la manzana y la uva, nosotros mismos, los latinoamericanos, tenemos que poner presión, porque estos productos están en todo el ambiente agrícola y nos afectan más allá de que se apliquen en cultivos de exportación”, reflexiona Natalia. Sin embargo, teme que el acuerdo pueda tener un efecto negativo en este sentido. “El acuerdo también baja en casi un 90% los aranceles para los productos químicos, entre los que están incluidos los agrotóxicos. Es decir, por un lado, hay una presión en el sentido de que tenemos que producir para encajar en ese mercado, de que tenemos que tener menos residuos, pero, por otro lado, el acuerdo le está dando rienda suelta a Europa para que siga comercializando agroquímicos que después nos pide que no usemos. Es un tema complejo”, señala.

Uruguay y el impacto de un cultivo muy extendido

En los materiales suplementarios del artículo hay varias tablas y datos de gran interés. Por ejemplo, un cuadro que muestra qué superficie ocupa cada uno de los diez cultivos en los países estudiados.

Allí Uruguay sobresale por una singularidad: es el único país donde un solo cultivo supera más de la mitad de toda su superficie cultivada. En efecto, según datos de la FAO de octubre de 2022, en Uruguay la soja ocupaba 55% del total de la superficie bajo cultivo. En los otros países sojeros analizados, Argentina y Brasil, la soja ocupaba 45% y 44%, respectivamente. ¿Qué relevancia tiene esto a la hora de hablar de plaguicidas? Una es evidente: que un país con poca diversidad de cultivos, o donde gran parte de la actividad es dominada por una única planta, la presión por no prohibir productos que se usan en ella sin dudas será más fuerte que en países con muchos tipos de cultivos. El lobby sojero aquí tiene un peso mucho mayor que en el resto de los países estudiados, o al menos eso indicaría la superficie cultivada. De hecho, de los 81 ingredientes activos autorizados en nuestro país y prohibidos en Europa a 2024, 38 se aplican en la soja, es decir, casi 47% (esta información no está en el artículo que publicaron, pero fue elaborada mediante la consulta de la información del Profit del MGAP a partir de datos de una actualización a 2024 proporcionada por las investigadoras).

¿Qué grado de soberanía tenemos para decidir que el glifosato no debería aplicarse en nuestro país cuando más de la mitad de su superficie cultivable tiene soja, que depende de su aplicación? “¡Qué pregunta nos haces!”, exclama Natalia. “Ojalá esta reflexión la haga todo el que pueda acceder a estos datos, que por suerte también se divulgaron en una gacetilla redactada para el público general. Ojalá llegue a los oídos a los que tendría que llegar y que todos hagan esta reflexión”, agrega.

“Todo esto lo vinculo a la certificación de alimentos de producción ecológica. Quien produce sin uso de agrotóxicos, conservando la biodiversidad, ese tiene que invertir para certificar y decirle al consumidor que produce alimentos sanos. Pero todos los que están produciendo de forma convencional, utilizando estos plaguicidas, no tienen que decirle nada a nadie, no tienen que poner una etiqueta o aviso de que su producto puede contener residuos de tal y cual plaguicida”, apunta Natalia, como denunciando que vivimos en una especie de mundo del revés. “Como que ese ‘Uruguay natural que queríamos mostrar se quedó solo en un eslogan, no está reflejado en el modelo productivo que hoy se fomenta más”, aclara.

Pensando alternativas y llamando a la acción

“Algo que se desprende de esta investigación es que tenemos que procurar que se equipare la legislación latinoamericana a la de la Unión Europea. Si la Unión Europea ya dijo que hay que prohibir todos estos compuestos, lo primero sería igualar esa normativa”, dice Natalia cuando las invito a mirar hacia adelante. “Por otro lado, la disparidad no es solo de América Latina con la Unión Europea, sino que además hay disparidad entre los distintos países latinoamericanos. Hay productos que en Uruguay están prohibidos y en otros países se están utilizando. Usemos esta información que tenemos para que cada uno de nuestros países –o al menos entre bloques, para empezar, en el Mercosur– haya una armonización de la normativa. Tendríamos que ir de a poquito, tratando de igualar nuestras normativas y de presionar para que las legislaciones nacionales se equiparen a la Unión Europea”, agrega con lógica. Pero también hace énfasis en otro aspecto.

“Como investigadores e investigadoras tenemos también un rol en poder brindar alternativas de formas de producción, y producir y recabar evidencia de que esas alternativas son posibles, son viables, existen y son sustentables, más allá de que la palabra sustentable hoy está cada vez más vacía por el uso que se le da”, reflexiona Natalia.

“En Uruguay existen experiencias exitosas incluso de soja orgánica, por ejemplo en Canelones. También hay producción de trigo orgánico en distintas partes del país. Muchas veces asociamos lo orgánico o lo agroecológico a la pequeña escala, o solo a lo hortícola, donde hay mucha experiencia en Uruguay, pero hay ejemplos, tanto aquí como en muchas partes del mundo, en Argentina nomás, de agricultura extensiva exitosa con otras formas de producción que no necesita ni transgénicos ni productos agrotóxicos”, dice Natalia.

“Este artículo es de diagnóstico. Y más allá de que hagamos todas estas reflexiones, no nos podemos quedar solo en el diagnóstico. Esto tiene que permitirnos seguir trabajando. Tenemos que poder conversar y analizar con los distintos actores que las alternativas son posibles, que hay ejemplos más que exitosos, en nuestro país o en el exterior, de producir alimentos sanos, nutritivos y conservando la biodiversidad. Porque es de esa biodiversidad de lo que depende la producción de alimentos”, redondea Natalia.

El trabajo da cierta esperanza: así como se investigó en bloque entre países del Sur, podemos ver la normativa en bloque y lograr así que el Norte global sea coherente y abandone el doble discurso de lo que pide en nuestros productos y los agroquímicos que nos vende. Al final, este es un asunto de derechos humanos. Si hay evidencia de que determinados compuestos dañan a los humanos, a los animales o al ambiente, eso pasa en todas partes. A nadie se le ocurriría decir que los derechos humanos valgan para un continente pero se aplace su aplicación en los demás. En ciencia, como en política internacional, la unión hace la fuerza. Este trabajo regional nos fortalece.

Artículo: Global inequities in pesticide legislation: nearly half of pesticides approved in major crops in Latin America are not allowed in the European Union
Publicación: Prooceedings of the Royal Society B (enero de 2026)
Autores: Grecia de Groot, Carolina Morales, Patricia Aldea, Marcelo Aizen, Karina Antúnez, Natalia Arbulo, Marina Basualdo, Belén Branchicceli, Adriana Correa Benítez, Eva Gutiérrez, Natalie Herrera, Pablo Juri, Silvia Martínez, Gonzalo Molina, Diana Pimentel, Jaime Rodríguez, Sheena Salvarrey, Carlos Melo, Diego Vázquez y Gherardo Bogo.