El jueves 15 la Junta Departamental de Colonia analizó los informes de la comisión investigadora que actuó en ese municipio tras la denuncia de varios concejales.
En enero de este año, dos concejales del Partido Nacional en el Municipio de Miguelete, Alicia Clavell (Lista 28904) y Javier Rostagnol (Lista 12), y uno del Partido Colorado, Héctor Rodríguez, enviaron una nota a la Junta Departamental de Colonia para dar su punto de vista sobre la situación de la alcaldesa local, María Elena Martín, que fue denunciada por enviar “muchas cargas de tierra” a campos que pertenecen a su familia paterna, según explicó Clavell a la diaria.
La reunión desarrollada la pasada semana en la junta coloniense estuvo marcada por ásperas discusiones y pedidos de cuarto intermedios especialmente cuando los ediles frenteamplistas Carlos Fernández y Pedro Leyzagoyen pidieron pasar la sesión a régimen de comisión general para recibir a los concejales que denunciaron a la alcaldesa María Elena Martín, algo que no fue permitido por el oficialismo.
Posturas
Los ediles blancos y colorados concluyeron que no hubo beneficio para la alcaldesa de Miguelete. Los informes elaborados por esas dos bancadas fueron distribuidos entre los ediles antes del inicio de la sesión del jueves 15, mientras que los ediles del Frente Amplio (FA), Emmanuel Martínez y Juan Pablo Roselli, postergaron la presentación de su informe.
A diferencia de lo que sostuvieron ediles blancos y colorados, para los representantes del FA la alcaldesa Martín incurrió en “un claro apartamiento de las normas jurídicas” al ordenar el acarreo de materiales a un campo de su padre.
La Junta Departamental de Colonia “no puede ignorar los hechos que implican el comportamiento irregular de la alcaldesa Martín” y “convalidar así la vulneración de normas de Derecho que obligan a los funcionarios públicos”, expresaron los ediles frenteamplistas.
La alcaldesa Martín “actuó con indiferencia respecto de las normas de conducta en la función pública” y “debió haberse excusado de intervenir en cualquier resolución que involucrara familiares, auxiliándose para la decisión en el criterio de los restantes miembros del Concejo Municipal”, agregaron.
Los ediles del FA cuestionaron la información aportada por el Municipio de Miguelete y la Intendencia de Colonia en este caso, “ya que los registros de carga, transporte y entrega de material son de muy mala calidad” y “tienen fuertes inconsistencias; sólo se refieren a los jornales de trabajo de camión del Municipio”. “Con la información disponible no es posible determinar la carga trasladada ni depositada en los diferentes predios de descarga”, estimaron.
En tanto, “la determinación del número de viajes de camión con tierra así como el volumen de tierra depositado en los predios de los familiares” de la alcaldesa de Miguelete “es irrelevante respecto de esta investigación administrativa”.
Para los ediles del FA, “el esfuerzo por aludir al material extraído” como residuos o basura, “con el fin de minimizar el daño causado fue siempre evidente”, mientras que “se hizo patente la calidad de la tierra de esa zona, el humus retirado de esas banquinas con restos de material orgánico de arbustos y malezas que fue depositado en los campos de familiares de la alcaldesa”.
Martínez y Roselli también cuestionaron la investigación administrativa realizada por el ejecutivo departamental: “Es inaceptable” y “omite cualquier referencia jurídica a normas de conducta en la función pública que alcanza a todos los funcionarios públicos, y es más, llega a desafiarlas abiertamente”. “Las conclusiones, torpes, parecen destinadas a exculpar a la alcaldesa, lejos de las responsabilidades probadas en los hechos investigados, llevando el foco a diferencias personales y haciendo exhortaciones a buscar trabajar en armonía por el bien común de los habitantes del municipio”´, afirmaron los ediles del FA.