La abogada especializada en derecho ambiental Carolina Neme fue contratada por los vecinos de Colonia Cosmopolita que denunciaron la colocación de un alambrado a menos de 50 metros de la orilla del Río de la Plata en la playa Los Piamonteses, ubicada a pocos kilómetros del centro de Juan Lacaze, en el departamento de Colonia, realizado por el propietario de un emprendimiento turístico.

La semana pasada, tal como informó la diaria, el ejecutivo encabezado por el nacionalista Carlos Moreira envió a la Junta Departamental un proyecto de medida cautelar que prohíbe la construcción e instalación de alambrados a menos de 150 metros de la orilla del río en la franja comprendida entre la playa Charrúa de Juan Lacaze y la desembocadura del río Rosario, que abarca unos siete kilómetros de extensión.

De ese modo, la comuna coloniense decidió intervenir directamente en un conflicto generado a principios de marzo, y en el que el propietario de ese emprendimiento ha dado muestras de no querer dar marcha atrás, más allá de los reclamos realizados por los vecinos de ese balneario y por las propias autoridades departamentales. En efecto, según dijo Neme a la diaria, la extensión del alambrado ha crecido con el correr de los días, acercándose a la playa Charrúa.

Al desatarse esta situación, surgieron interrogantes acerca de si el gobierno departamental tiene competencia como policía territorial en ese predio, ya que forma parte de un fraccionamiento aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en 2013, sin haber contado con la intervención de la Intendencia de Colonia. Al respecto, Neme aseguró a la diaria que, “efectivamente”, la comuna debe cumplir con ese rol, dado que las sucesivas normas que se fueron instrumentando en Uruguay para garantizar el acceso a las playas y la protección del sistema de dunas también aplican en predios rurales.

“La ley de ordenamiento territorial, que fue aprobada en 2008”, antes de la realización de ese fraccionamiento, “garantiza la no privatización de las playas, porque si tenés un terreno rural y empezás a colocar alambrado, cerrás la playa. Y el espíritu de la ley era evitar que ocurriera eso”, resaltó.

Las normas establecen que desde la orilla del río “existen 150 metros de espacio de uso público, donde no se puede alambrar a menor distancia de la costa”, para garantizar “la accesibilidad, la democratización y el uso de la playa”. Frente al derecho del uso público de la costa, “la propiedad privada está limitada, tal como ocurre en las denominadas áreas protegidas”, señaló.

Además de haber colocado un alambrado en una zona protegida, el propietario del establecimiento habría cometido otra infracción: construyó una edificación a menos de 250 metros de la costa sin haber contado con la debida autorización del Ministerio de Ambiente. Según la abogada de los vecinos de Colonia Cosmopolita, las restricciones para levantar una edificación se extienden más allá de los 150 metros que comprenden el área de uso público. “Las zonas costeras están cada vez más protegidas. De hecho, no se puede hacer una construcción a menos de 250 metros sin autorización del Ministerio de Ambiente”, explicó.

Así como la abogada valoró la celeridad de la intendencia para profundizar la regulación en esa materia, criticó a la cartera de Ambiente por la falta de respuesta a los planteos realizados por sus defendidos. “La intendencia promueve esa medida cautelar para despejar la dualidad de la zona rural y el Ministerio de Ambiente debería intervenir para proteger la faja costera, porque el emprendimiento ya está en infracción”, dijo.

Los vecinos aguardan la rápida intervención de los organismos competentes a nivel departamental y nacional y, en caso de que eso no acontezca, Neme anunció que recurrirán “a Fiscalía y al poder judicial”.

La Intendencia de Colonia “tiene la competencia de policía territorial y el Ministerio de Ambiente tiene la potestad de conservar el medio ambiente, y si están haciendo algo que no está bien, deben intimarlo, multarlo y obligarlo a sacar el alambrado”, concluyó la abogada.