El viernes 21 en el Juzgado Letrado de Colonia se realizó una audiencia de amparo en el marco de la demanda de acceso a la información pública que el edil del Frente Amplio José Manuel Arenas inició contra la comuna de ese departamento en abril de este año. Allí, los representantes legales de la Intendencia de Colonia asumieron el compromiso de responder, en un plazo máximo de 15 días, sobre dos temas: “qué hace la Intendencia de Colonia con el dinero recaudado por concepto de alumbrado público, y los criterios y cantidad de colaboraciones a organizaciones sociales que ha realizado en los últimos dos años”, según explicó el edil a la diaria.
Con respecto al alumbrado público, Arenas dijo “compartir” los criterios utilizados “en la última ley de presupuesto de los gobiernos del Frente Amplio” (2005-2020), que establecieron el cobro del alumbrado público junto al pago de la factura de UTE. El edil frenteamplista dijo que “actualmente” la comuna coloniense generó una “situación superavitaria” con el cobro de ese tributo, ya que no invierte en mantenimiento y extensión del servicio en la medida de lo que recauda.
Según información aportada por UTE al edil Arenas, en el departamento de Colonia hay 71.572 servicios activos, de los cuales 49.676 pagan tasas de alumbrados cuyos valores oscilan entre los 54 y 404 pesos. En efecto, 2.091 servicios pagan 54 pesos; 5.878 pagan 135 pesos; 24.254 pagan 270 pesos, mientras que 17.453 servicios pagan 404 pesos.
“Queremos que se cumpla esa ley que dice que el valor del tributo debe guardar razonable equivalencia con el gasto en el consumo y mantenimiento del servicio” que realizan los gobiernos departamentales, señaló. “En los primeros años de cobro de ese tributo existió una inversión por parte de la Intendencia de Colonia en relación con lo que percibía, pero una vez hecho el recambio de luminarias a la tecnología Led comenzó a generarse un superávit que es ilegal” y esa situación “debe corregirse bajando el tributo o aumentando la red de alumbrado”, agregó.
Arenas comentó que presentó esa demanda judicial de acceso a la información pública porque la comuna coloniense “no había cumplido en tiempo y forma en responder dos pedidos de informes sobre estos dos temas que considero relevantes”. En 2022, Arenas también acudió a la justicia para obtener información sobre las empresas de camiones y maquinarias que contrata la intendencia coloniense.