Este martes la Justicia otorgó un plazo de seis días a la empresa Lorsinal para hacer frente a las deudas contraídas con distintos acreedores, y de ese modo evitar el llamado a concurso de los mismos.

El frigorífico Lorsinal, de Canelones, perteneciente al grupo chino Sundiro, dueño también del frigorífico Rontadel en Rosario, por tercera vez logra que el Juzgado de Concursos de Primer Turno, con sede en Montevideo, tome una medida similar con esta empresa en los últimos meses, para evitar el cierre de esas unidades productivas.

En efecto, en la tarde del martes en el Juzgado de Concursos de Primer Turno, con sede en Montevideo, se realizó una audiencia en la que estaba previsto decretarse el llamado a concurso de acreedores, lo cual implicaba el cierre de ambos frigoríficos. Con la apertura de ese nuevo plazo, los representantes de esa empresa en Uruguay deberán realizar gestiones para “destrabar el ingreso de dinero en el BROU”, según supo la diaria.

En julio de 2023, el frigorífico Rosario cerró sus puertas debido a las cuantiosas deudas que mantenía con sus proveedores y dejó a más de 250 personas sin empleo. Lo mismo ocurrió con el frigorífico Lorsinal.

La empresa adeuda cerca de diez millones de dólares. En febrero de este año, representantes de esa empresa anunciaron el inicio de negociaciones con los acreedores para saldar las deudas.

Sin embargo, al no recibir el pago correspondiente, los acreedores presentaron un reclamo judicial. A pedido de los propios acreedores, que han recibido nuevas promesas de pago de los empresarios chinos, la Justicia ya había postergado en dos oportunidades el llamado a concurso.

Hasta el momento han sido embargados los bienes pertenecientes a Lorsinal, pero al formar parte de la misma empresa, los activos del Frigorífico Rosario también caerán en el concurso.

Según supo la diaria, el miércoles 23 el consorcio chino envió tres millones de dólares para hacer frente al pago de deudas con consignatarios de ganado, pero el dinero no pudo ser acreditado en las cuentas de la empresa financiera que está a cargo de hacer frente a esos pagos, ya que la Unidad de Lavado de Activos del Banco República (BROU) considera que no existe la documentación suficiente para permitir el ingreso de esas divisas al sistema bancario local.

Tras esa determinación, el asunto fue tratado en una sesión de directorio del BROU la semana pasada, en la que se resolvió atenerse a las recomendaciones expresadas por la Unidad de Lavado de Activos y los servicios jurídicos de esa institución.

Fuentes del BROU comentaron a la diaria que hace dos meses Sundiro envió 310.000 dólares para hacer frente a deudas con UTE “y ese dinero ingresó sin ningún tipo de trabas”. “China se maneja con lógicas comerciales y financieras que son distintas a las de Estados Unidos, y la documentación que a veces se le exige puede demorar operaciones de pago en un momento como este, que es muy difícil para esa empresa, porque la Justicia puede declarar el concordato”.

En tanto, en la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines (Foica) se observa con escepticismo el accionar del consorcio chino. Comentaron que en diciembre cerca de 800 trabajadores que se desempeñaban en ambas plantas “podrían ingresar en situación de despido”, y agregaron que el accionar de Sundiro ha sido “confuso” en los últimos meses. “Nosotros aguardamos una comunicación sobre cuál será el futuro de esta empresa, y el miércoles tendremos una reunión en el Ministerio de Trabajo para analizar esta situación”, comentó a la diaria el presidente de la Foica, Martín Cardozo.