El alcalde de Carmelo, Pablo Parodi, compareció este martes ante la Comisión Especial de Ambiente de la Cámara de Diputados para plantear dos problemáticas que afectan a la ciudad: la permanencia de embarcaciones abandonadas en el arroyo Las Vacas y la falta de acceso a agua potable en el barrio Maracaná, según supo la diaria.

En relación con el arroyo, Parodi advirtió que aún permanecen tres barcos semihundidos —además de otro a flote— que generan contaminación y riesgos para la navegación y la infraestructura local. Según explicó, estas embarcaciones están en la zona desde 2006 y ya provocaron un incidente grave en 2018, cuando se desprendieron y chocaron contra el puente giratorio de Carmelo, un emblema de la ciudad .

El alcalde señaló que los barcos continúan derramando óxido y residuos, afectando la calidad del agua en un curso que es utilizado tanto para actividades deportivas como recreativas. Además, indicó que en episodios de crecida el agua contaminada ha llegado a viviendas cercanas, agravando el impacto ambiental y sanitario.

Uno de los principales obstáculos para avanzar en su retiro es un conflicto jurídico sobre la titularidad de las embarcaciones. Según expresó Parodi en esa comisión, los propietarios sostienen que la posesión corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo que ha trabado las acciones. A esto se suma la falta de previsión presupuestal para completar el retiro, luego de que en años anteriores se desguazaran ocho barcos pero quedaran los restantes.

Legisladores de distintos partidos coincidieron en la gravedad del problema, tanto por el riesgo ambiental como por la eventual afectación de la toma de agua de OSE ubicada en la desembocadura del arroyo.

En la misma comparecencia, el alcalde planteó otra situación crítica en esa localidad: la falta de acceso a agua potable en el barrio Maracaná, donde viven unas 30 familias. Parodi dijo que el servicio de agua se encuentra a unos 800 metros, pero la extensión de la red no se ha concretado debido a los costos de conexión, que OSE exige asumir a los vecinos.

Parodi indicó que, ante esta situación, la Intendencia y el municipio han debido abastecer a las familias mediante camiones cisterna y advirtió que algunos hogares dependen de pozos que se ven afectados en períodos de sequía.

Desde la Comisión de Ambiente, legisladores se comprometieron a trasladar el planteo a las autoridades de OSE y a impulsar acciones para garantizar el acceso al agua potable, al considerarlo un derecho humano fundamental.

Un barrio sin agua

En diálogo con la diaria, Parodi profundizó sobre la situación del barrio Maracaná, ubicado a pocos metros de la ruta 21 en los accesos a la ciudad, al que describió como una zona urbana consolidada, con “cuatro manzanas y unas 30 familias” que nunca han tenido acceso a agua potable.

El jerarca explicó que si bien la red pasa relativamente cerca, el principal obstáculo es económico: “El agua está a unos 800 metros, pero el costo de conexión es muy alto. Estamos hablando de entre 70.000 y 80.000 pesos por familia, más unos 17.000 de la conexión inicial”. Según señaló, se trata de un barrio de trabajadores y jubilados, para quienes esos montos resultan inaccesibles, incluso con financiación. “Es gente de bajos recursos, se les complica bastante pagar eso”, afirmó.

Actualmente, los vecinos se abastecen con pozos —muchos de ellos precarios— y con agua que la intendencia distribuye semanalmente. “Es un barrio viejo, de muchos años, y nunca tuvo agua potable”, subrayó.