El gobierno abierto genera procesos de cocreación con la sociedad civil para desarrollar compromisos concretos por parte de distintos organismos del Estado, promover la transparencia y la accountability, y empoderar a la ciudadanía. Pero, estos procesos, ¿llegan a toda la población? ¿A qué voces escuchan? ¿A quiénes benefician?

Los tres pilares fundamentales del gobierno abierto (transparencia, cocreación y participación) requieren que la ciudadanía (en toda su amplitud y diversidad) acceda a información relevante y de calidad. Aunque Uruguay cuenta con una normativa legal al respecto y hay esfuerzos desde el Estado y la sociedad civil para asegurar este acceso, se percibe que las mujeres y disidencias encuentran más obstáculos en el camino, relacionados con las múltiples desigualdades estructurales que las afectan. Las mujeres tienen menos tiempo libre que los varones1 y son más afectadas por la pobreza2, factores que también limitan su acceso a la tecnología, permeado por variables socioeconómicas, educativas, de género, de ascendencia étnico-racial y de discapacidad.

Los planes de acción de gobierno abierto incluyen compromisos que buscan disminuir las desigualdades de género y hay una alta participación de mujeres en todos los procesos, pero aún no se logra una visión transversal que permita entender las desigualdades sociales en todos los ámbitos del Estado.

En 2018, desde Cotidiano Mujer –integrante de la Red de Gobierno Abierto (RGA) – participamos en la investigación “Gobierno Abierto Feminista”3, que analizó los desafíos para la equidad de género en los procesos de cocreación de gobierno abierto en América Latina, África y Asia.

Entre los hallazgos principales para los tres países de América analizados –Costa Rica, México y Uruguay–, descubrimos que:

  • Los procesos de Gobierno Abierto suelen ser centralizados en las zonas urbanas de la capital, lo que deja por fuera a varios grupos de mujeres.
  • Las mujeres suelen dedicar más tiempo a las tareas de reproducción de la vida, por lo que, como en tantas otras áreas, no pueden hacerse espacio para la participación política. En particular en Uruguay, las reuniones de gobierno abierto se realizan en horario laboral, lo que dificulta la participación de la sociedad civil en general.
  • Las organizaciones de mujeres de base no son alentadas a participar en los procesos de gobierno abierto, pues la relevancia de la plataforma se concentra casi exclusivamente en grupos pequeños de organizaciones de élite, lo que marginaliza a los grupos de activismo locales.
  • Los colectivos feministas no suelen contar con los recursos necesarios para integrar procesos extensos de cocreación. Monitorear los compromisos requiere tiempo, preparación, persistencia, conocimientos específicos y recursos. La agenda de los colectivos feministas se centra en temas de mayor urgencia, como la violencia basada en género.
  • Aunque en Uruguay hay un alto nivel de participación femenina en los procesos de gobierno abierto, no hay diversidad en los grupos de mujeres.
  • Aunque los procesos de gobierno abierto incluyen compromisos específicos relacionados a la igualdad de género, no hay una perspectiva de género transversal a todas las áreas.

En resumen: no existen mecanismos institucionales que busquen generar condiciones igualitarias en las relaciones de género, etnia, nivel socioeconómico, discapacidad o territorio en cuanto al acceso a la información. Al mantener una visión generalizada y homogeneizada de la sociedad y las tecnologías, se termina siendo indiferente a estas desigualdades estructurales. Continuar con compromisos “generalizados”, sin considerar las relaciones de poder y las diferencias en el acceso a recursos, no solo limita los impactos beneficiosos del gobierno abierto sino que puede incluso ayudar a perpetuar las desigualdades sociales ya existentes. Procesos que intentan ser abiertos terminan siéndolo solo para los sectores de la sociedad más privilegiados.

El gobierno abierto feminista tiene el enorme potencial propositivo y creativo para generar y fomentar miradas interseccionales, éticas inclusivas y pensamientos críticos sobre temas emergentes de gran relevancia para el desarrollo actual y futuro de los vínculos entre ciudadanías y gobiernos. Estos actores, inmersos en crecientes procesos de digitalización, intensificados por la pandemia, necesitan cada vez más instancias de debate, articulación y generación de acuerdos amplios sobre temas clave en el diseño de políticas públicas y de procesos de participación, como el ejercicio de los derechos digitales, la privacidad de los datos y las implicancias éticas y políticas de la inteligencia artificial.

Silvina Font y Cecilia Gordano. Cotidiano Mujer