Alfredo Ghierra, coordinador del Colectivo Ghierra Intendente, y Erich Schaffner, presidente de la asociación civil Patrimonio Activo, dieron a conocer hoy en forma conjunta su contrariedad ante las tareas de demolición que se realizan en Bulevar Artigas 1565, correspondiente al padrón 21.732: “Dicho padrón, amparado con protección por normativa departamental, cuenta con una construcción de gran valor arquitectónico que data de principios del siglo XX y se inserta en un tramo de singular interés patrimonial de Bulevar Artigas, caracterizado por las edificaciones del mismo tipo y período que subsisten”. Los firmantes solicitan a la Intendencia de Montevideo que intervenga y “proceda a efectuar la suspensión inmediata de tareas”.
Según entienden estos colectivos, que en años anteriores se han pronunciado de forma similar para defender otros inmuebles de la capital, estas acciones vulneran y destruyen tramos invaluables de la ciudad. Por tanto, “es deber y cometido de la Intendencia de Montevideo (IM) obrar en beneficio de los derechos de la ciudadanía relativos a la preservación de su patrimonio arquitectónico. La situación presente se constituye como una acción negligente en contrario sensu con la normativa vigente, resolución 3762/21 de la IM y artículo 27 de la Ley 18.308, cuyos literales (b) y (d) prevén, respectivamente, con referencia a las resoluciones de naturaleza jurídica de la precitada, que 'no podrán otorgarse autorizaciones contrarias a la disposiciones de los instrumentos' y que dispone 'la obligatoriedad del cumplimiento de sus determinaciones de carácter vinculante para todas las personas, públicas y privadas'”.
Por ese motivo, el pedido ante la comuna es que “proponga a la empresa promotora del proyecto, Campiglia Pilay, la modificación del proyecto inmobiliario a fin de preservar la primera crujía de la edificación existente”.
En esta oportunidad, se trata de dos casonas, una más cercana a la calle Ana Monterroso de Lavalleja, que fue un petit hotel de estilo beaux arts, de principios del siglo XX, conocido como Palacio Piqué, y que fue sede del Sindicato Médico del Uruguay. La otra edificación, donde funcionó la Embajada de Israel, según explicó Ghierra a la diaria, “es una casa de los años 1930-1940, con algunos elementos art déco; estaba bastante más bastardeada, porque tenía un muro muy alto, algunas construcciones relativas a la seguridad de la embajada que le habían cambiado bastante la imagen”. Pero el Palacio Piqué “estaba impecable”, señaló, mientras los martillos neumáticos arremetían contra la vieja estructura.
Contra la especulación
Ambos colectivos ciudadanos observan que hechos como el que refieren “seguirán sucediendo en cuanto siga siendo mucho más rentable la construcción de vivienda nueva, amparada en la Ley 18.975, de 2011 (conocida como Ley de Vivienda de Interés Social) y exonerada de innumerables impuestos, y no ocurra lo mismo con la restauración y puesta en valor de edificaciones del pasado. A tal punto ha llegado la falta de solución de dicha ley en la concreción de vivienda de real interés social, que hace unos años su nombre fue cambiado a Ley de Vivienda Promovida. En 2020, el nuevo gobierno amplió aun más las exoneraciones vigentes, provocando un verdadero boom de construcción de vivienda básicamente especulativa”.
La misiva continúa planteando la ausencia de menciones a la protección patrimonial en la citada ley y agrega: “Por ende, recién en el mes de junio de este año la IM terminó su relevamiento patrimonial del área central de Montevideo, una falencia que le ha costado a la ciudad la pérdida de decenas de inmuebles valiosos en los últimos años.
Esta conjunción nefasta de incentivos desmedidos a la vivienda especulativa por parte de los gobiernos centrales, y la falta de un manejo serio y completo del patrimonio existente en la ciudad de Montevideo por parte de las autoridades municipales resulta en un caldo de cultivo ideal para la pérdida de nuestra identidad arquitectónica”.
La carta pública, divulgada este lunes culmina reiterando una serie de puntos por los que estas organizaciones vienen trabajando desde hace años para frenar esta situación: “un relevamiento patrimonial completo de la ciudad de Montevideo, basado en la preservación de atmósferas, estilos y zonas enteras, no sólo en listas de bienes individuales a proteger, en el entendido de que estas listas han demostrado ser completamente insuficientes y de aplicación discrecional; una nueva ley de patrimonio que venga a aggiornar la actual Ley 14.040 a nivel nacional; la inclusión de beneficios fiscales a la restauración edilicia iguales a los de la vivienda realizada ex novo, a incluir en la Ley 18.975; dar instrumentos reales a un cuerpo inspectivo que vele por el cumplimiento de las resoluciones que ya están vigentes y las que vendrán”.