Sobre la avenida Agraciada se puede ver la cantidad de personas que trabajan todos los días bajo la sombra de un toldo o encima de una manta, con el objetivo de ganarse la vida vendiendo accesorios, ropa, alimentos o artesanías. Aunque el trabajo ambulante está ligado a una larga historia de crisis económicas y períodos de desempleo masivo, actualmente existe una normativa gestionada por la Intendencia de Montevideo (IM) que permite hasta cuatro puestos por cuadra en ciertas zonas. No obstante, frente a una demanda creciente, muchos operan por fuera de la formalidad mientras intentan regularizar su situación.
En ese escenario, la diaria recorrió la avenida principal de Paso Molino para conocer algunas de las historias de quienes viven el día a día a través de esta actividad. Al mismo tiempo, Pablo Balea, director de Promoción Económica de la IM, ayuda a entender el marco regulatorio vigente y los desafíos actuales.
Las autorizaciones para ejercer la venta callejera se tramitan a través de la Unidad de Gestión Comercial, que depende de la División de Promoción Económica. Balea explicó que, reglamentariamente, no se están habilitando nuevos puestos en avenidas, aunque se permite que las personas interesadas propongan hasta tres lugares que consideren adecuados. En los hechos, ese requisito no siempre se cumple. En zonas como Paso Molino, donde esta forma de comercio tiene una presencia histórica y arraigada, es habitual encontrar puestos instalados en veredas muy transitadas, incluso sobre la propia Agraciada. La reglamentación también fija un tope de cuatro permisarios por cuadra y prioriza sectores donde sea posible ejercer control, pero en la práctica hay cierta flexibilidad entre lo establecido y lo que realmente sucede.
En ese sentido, sostuvo que existen restricciones claras para ordenar la actividad. “No puede haber más de cuatro ambulantes autorizados por cuadra, y no deben instalarse en zonas con alto tránsito o avenidas principales”, afirmó. Estos criterios, sumados a la dificultad de fiscalizar el funcionamiento diario, hacen que los permisos sean limitados. “No es una actividad que estemos promoviendo, aunque entendemos que, especialmente ante la caída del empleo, va en aumento”, agregó.
Consultado por la situación particular de Paso Molino, explicó que se están buscando alternativas con foco en la creación de ferias permanentes, un modelo que ya funciona en otros puntos de la ciudad. En ese marco, se refirió a la feria San Miguel, originalmente ubicada en la intersección de la avenida Agraciada y Marcelino Díaz y García. “La idea es que vuelva a ese lugar”, señaló, ya que se remodeló la estructura del espacio para que la feria pueda reinstalarse. Sin embargo, el traslado aún no puede concretarse porque están a la espera de que se pongan barreras de contención, debido a la proximidad con las vías del tren. Mientras tanto, los feriantes siguen trabajando de forma provisoria en una calle paralela. “La IM se hizo cargo de algunos costos, como el pago de seguridad en el predio, pero todavía falta que se coloquen esas barreras. Estamos esperando eso para poder hacer la mudanza definitiva”, remarcó.
Respecto de quienes trabajan sin autorización, Balea señaló que desde el gobierno departamental se procura ofrecer soluciones. “No estamos hablando de grandes empresarios, sino de personas que buscan el peso diario para subsistir. Tratamos de abordar el tema desde el diálogo, sin represión”, sostuvo.
También reconoció que hay una tensión permanente con el comercio formal, que tributa regularmente, mientras los puestos sin habilitación siguen aumentando. “Recibimos reclamos de los comerciantes instalados. Por eso existe un marco normativo que fija un máximo de cuatro personas por cuadra, con una excepción de hasta seis en ciertos casos”, explicó.
Las personas habilitadas deben abonar una cuota mensual, de alrededor de $ 700, y en muchos casos están inscriptas en el monotributo social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “La IM facilita los trámites, pero el control cotidiano es complicado. Cuando actúa Convivencia Ciudadana, se retiran, pero es una situación muy dinámica”, indicó.
50 años en la calle
Álvaro Segade, herrero y vendedor ambulante de 70 años, recordó cómo fue su pasaje a la venta callejera, donde su permiso para vender se formalizó a comienzos de 1990, en una iniciativa del entonces intendente Tabaré Vázquez, que reguló a quienes ya trabajaban en la calle. Desde entonces, mantuvo su puesto en esta zona, pero el trabajo y las ventas cambiaron con el paso del tiempo. “Antes vendíamos más, la gente compraba fiado, había otra lógica. Ahora la gente está muy endeudada, con créditos por todos lados, y las ventas están duras”, dijo mientras mostraba algunas de sus lámparas y maceteros, que hace a mano con técnicas de herrería artesanal. “No vendo cualquier cosa, la hago yo. Por eso lleva tiempo y dedicación”, explicó.
Segade describió esa época como un contexto en el que la informalidad era una necesidad imperiosa. “Antes no había tanto control, las personas salían a buscarse la vida como podían; con el tiempo, la situación se volvió más difícil. Hoy la competencia es mayor, y la gente está más precaria”, expresó.
Su público principal son las personas mayores, pero está probando llegar a las nuevas generaciones a través de las redes sociales junto a sus hijos. “Ahora los jóvenes ya no tienen la misma paciencia ni las mismas ganas. La calle es dura, y hay que pelearla todos los días”, señaló. Sin embargo, Álvaro insiste en seguir: “Mientras me den fuerzas, voy a seguir trabajando. Es una forma de resistir, no me voy a entregar a mirar televisión todo el día”, aseguró.
Además de vender, Álvaro trabaja como herrero en el barrio, reparando y haciendo piezas a pedido, oficio que aprendió en su juventud y que mezcla con su pasado de militancia sindical y las dificultades de la dictadura. Aunque cobra una jubilación mínima y paga un permiso accesible, sus ventas no siempre alcanzan. A pesar de todo, no piensa en retirarse: “Debo ser el vendedor más viejo de Paso Molino, pero sigo acá, con la esperanza de que algo mejore”, finalizó.
Las ganas de salir adelante
Natalia Molina, de 39 años, trabaja como vendedora en la vereda de Agraciada desde hace siete años vendiendo accesorios para celulares. “Este puesto era de mi padre, y cuando se fue, empecé yo. Antes trabajaba con computadoras en el Plan Ceibal, pero tuve que cambiar”, comentó.
Su jornada comienza temprano y finaliza a la tarde, de lunes a sábado, con ventas que cayeron en los últimos años. “Antes en un buen día podía vender $ 20.000; hoy en toda una semana llego a $ 7.000 u $ 8.000”, contó. Molina paga el tributo y el impuesto mensual que exige la IM; sin embargo, señaló la falta de oportunidades para ampliar permisos o conseguir un espacio fijo. “No dan permisos para más puestos, y si tenés que pagar por un espacio, es como pagar para trabajar”, aseguró.
Asimismo, las redes sociales se convirtieron en su principal herramienta para mejorar las ventas. Pese a que son constantes los riesgos y la inseguridad de la calle, “tenés que estar atento a que no te roben o que no pase un ómnibus. Y cuando necesitás ir al baño, es complicado. Vamos a algún local o a Anda, si nos dejan entrar”, detalló.
Por último, contó que realiza otras actividades para completar los ingresos, como vender bizcochos y ropa, ya que se encuentra viviendo sola con su hijo y paga alquiler. “Cobro un beneficio por madre soltera y descuento en la luz y el agua, pero igual la cosa está difícil”, concluyó.
Sabrina Maurente, de 36 años, otra vendedora ambulante que trabaja hace años en Paso Molino, relató una realidad similar. “Cada vez hay más gente en la calle y menos ventas. Hay que pelear por un lugar, y muchas veces la competencia es entre nosotros mismos”, dice.
Sabrina aprendió el oficio desde chica, acompañando a su madre feriante. “Me crie debajo de una mesa de feria”, comentó. Hoy comparte el puesto familiar; ella vende acero quirúrgico y accesorios, mientras su mamá confecciona bolsos.
Trabajó en un local comercial, pero optó por la venta ambulante porque valora la flexibilidad a pesar de los altibajos. “A veces te va mal, pero podés manejar tus tiempos”, dijo. Para complementar ingresos, también participa en una feria barrial en La Teja y vende a través de redes sociales.
Sin embargo, aun con monotributo del Mides y boletas al día, no logra acceder a un permiso formal para estar en esta zona. “Entré en la página de la IM y dice que no se dan permisos. Me mandan a una calle donde no pasa nadie y me van a robar. Yo quiero pagar si es necesario, pero no me dan la opción”, reclamó.
Subrayó que vive como una carga constante la inseguridad y la amenaza de los inspectores. “Uno quiere trabajar y no puede. Hoy está todo complicado, mucha gente roba, vende droga y a los que queremos hacer las cosas bien no nos dejan. No pido ayuda, sólo que me dejen trabajar tranquila”, enfatizó.
La mayoría de sus clientes son personas mayores, jubilados que prefieren la compra directa y a bajo costo. Pero también reconoce que dificultan la venta ambulante las nuevas formas de consumo, como las compras por internet, redes sociales y entrega a domicilio. En tanto, comentó que se adaptó y que siempre está publicando en distintas páginas de Facebook. También vende por redes sociales y hace envíos. “Queremos trabajar en serio, formalizarnos, pero las opciones son pocas y la IM no habilita más permisos. Eso genera mucha frustración”, cerró.
Ordenar y acompañar
Balea entiende que el modelo del trabajo ambulante pasa por un replanteo con más espacios fijos y ordenados. “Podría ser una de las alternativas que se están evaluando, pero todos quieren ubicarse en las avenidas, y eso genera dificultades”, explicó. De todas maneras, el modelo de ferias permanentes enfrenta el desafío de la baja afluencia, producto del auge de las compras por internet. “Eso cambió todo el panorama comercial”, resaltó.
Frente a esta realidad, la IM trabaja en la actualización normativa, con el objetivo de equilibrar la necesidad de ingresos de muchas familias con el orden urbano y la convivencia con el comercio formal. Balea invita a quienes trabajan de forma informal a acercarse a las mesas de diálogo que ofrece la IM, con una ventanilla abierta para regularizar su situación: “Gestión Comercial está en Santiago de Chile y Soriano, y es una herramienta para que puedan formalizarse”, detalló. “Cuando hay colectivos organizados, el trabajo es más sencillo. Pero los emprendimientos individuales sin estructura requieren más apoyo e información”, remarcó.