La publicación de un artículo en el periódico Página 12 puso en alerta a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que decidieron cancelar la realización de una “Mesa redonda sobre los derechos humanos y el Estado de derecho en los países del Río de la Plata”, en la que participarían comunicadores argentinos que niegan la existencia de desaparecidos durante las dictaduras que se impusieron en la región durante la década de 1970.

Una de las moderadoras de la actividad iba a ser la escritora uruguaya Mercedes Vigil, quien, como integrante del grupo denominado Foro de Montevideo, promueve el régimen de prisión domiciliaria para los represores condenados por violaciones a los derechos humanos.

Tras la difusión del artículo, publicado el 19 de abril, la organización Madres de Plaza de Mayo se puso en contacto con la Fundación del Libro, que organiza la Feria, y esta decidió cancelar la mesa redonda citando su estatuto. Además, la actual edición del evento celebra los 40 años del retorno a la democracia en Argentina.

Los participantes del evento iban a ser el argentino José D’Angelo, un exmilitar que participó en los alzamientos de 1989 en el cuartel de La Tablada que hoy promueve la teoría de que las reparaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos son negocios (el año pasado publicó un libro llamado La estafa de los desaparecidos: mentiras y millones) y el uruguayo Álvaro Alfonso, que sostiene nociones similares y que en 2009 fue procesado por difamación por su libro Secretos del PCU.

Uno de los moderadores del evento iba a ser el argentino Nicolás Márquez, que se presenta como “escritor, político y abogado” y “políticamente de derecha”, cuyo libro La guerra civil argentina difunde la “teoría de los dos demonios”. La otra era Vigil, una figura polémica en nuestro país por lo menos desde que se le otorgara la ciudadanía ilustre de Montevideo en 2010. En 2021, llegó a formar parte de una comitiva que se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou para solicitar la excarcelación de los represores que cumplen su pena en la cárcel de Domingo Arena.

“En el país de los Schoklender y Hebe de Bonafini nos prohíben hablar sobre DDHH”, tuiteó Vigil el 27 de abril, tras enterarse de la decisión de la Fundación del Libro de suspender la mesa redonda. Sergio y Pablo Schoklender fueron condenados en 1981 por el asesinato de sus padres; Pablo se recibió de abogado estando en prisión y durante unos años prestó sus servicios a Madres de Plaza de Mayo. De Bonafini fue una histórica militante de esa asociación, que busca establecer responsabilidades por las desapariciones de detenidos durante la dictadura. Al día siguiente, Vigil tuiteó: “Que las organizaciones de DDHH sigan teniendo como referentes a Las Madres de Plaza de Mayo es la prueba más clara que son un negocio muy alejado de los derechos humanos”.

Como promotoras de la actividad figuraban dos organizaciones argentinas y dos de Uruguay. Estas eran los autodenominados “familiares de presos políticos de Uruguay” y el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, una organización acusada por Wilder Tayler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de sostener una “lectura negacionista del terrorismo de Estado”.

“Nuestra historia nos exige ejercitar el Nunca Más cotidianamente. El negacionismo del terrorismo de Estado es un límite. No debemos permitir que se traspase”, decía el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo en el que se solicitaba la suspensión de la mesa redonda.