A fines del año pasado, el gobierno de Argentina presentó un proyecto de reforma laboral conocido como “ley de modernización laboral”, que fue considerado por líderes de las centrales de trabajadores como “entreguista” y redactado “maliciosamente a favor de las grandes corporaciones”. Desde entonces se sucedieron las manifestaciones en su contra, que incluían una gran movilización este miércoles en los alrededores del Congreso.

El diario La Nación recordó que entre los ejes de este proyecto, clave para el Poder Ejecutivo del presidente Javier Milei, están la reducción de cálculos indemnizatorios, la facilidad para las empresas a la hora de emplear y despedir personal, los límites del derecho a huelga, la reducción del poder de representación y recaudación de los sindicatos, y el cambio de condiciones sobre vacaciones y horas extras.

Se trata de una ley muy amplia que sobre el final, en el apartado de las derogaciones, incluye al artículo 195, que dice: “Deróganse, a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, los incisos a), b) y c) del artículo 21 y los artículos 22 y 23 de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional 17.741 (t.o. 2001) y sus modificaciones”. El texto encendió numerosas alarmas, pero este artículo en particular puso en alerta a la comunidad cinematográfica del país vecino.

Una de las organizaciones que vienen manifestándose en contra de la ley, y más específicamente del artículo 195, es la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), quienes señalaron que el cambio amenaza con derogar el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y “pone en riesgo inminente la continuidad operativa de la industria audiovisual argentina”, según manifestó públicamente el Fipca.

“Al eliminar su autonomía financiera y forzarlo a depender de asignaciones generales del Tesoro, se destruye la previsibilidad necesaria para producir. No se trata de una discusión ideológica, sino de una realidad económica global: sin fondos de fomento, Argentina pierde su capacidad de competir, de atraer inversiones extranjeras y de generar empleo calificado”, agregaron desde la institución a fines de enero.

En las últimas horas, la jefa del bloque del partido de gobierno en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció un acuerdo con 44 senadores para el tratamiento de la ley luego de 28 modificaciones consensuadas. Sin embargo, la protesta desde el ámbito cinematográfico no solamente se mantuvo, sino que levantó su perfil al colarse entre las publicaciones más importantes del mundo.

El medio estadounidense Variety, uno de los más destacados en cuanto a la cobertura de la industria del espectáculo, le dio especial atención al reclamo del Fipca, en especial porque su petición lleva la firma de más de 800 figuras de la industria, en una lista que incluye al director español Pedro Almodóvar, al chileno Andrés Wood y a referentes argentinos como Marcos Carnevale o Adrián Suar.

“El futuro de la producción audiovisual argentina está atravesando un momento crítico. La posible pérdida de sus fuentes históricas de financiación deja a la industria en una encrucijada que exige rigor: la producción audiovisual no es una actividad decorativa, sino una industria que compite en los mercados globales, y en cada país en que hay una producción significativa opera bajo políticas públicas específicas”, dijo a Variety el presidente del Fipca, Ignacio Rey.

El argentino citó el ejemplo de Brasil, que tenía una industria en crecimiento hasta que la agencia del cine sufrió un recorte de fondos entre 2019 y 2022, durante el gobierno de Jair Bolsonaro. La producción se contrajo y docenas de productoras cerraron. “Desde la reactivación de los incentivos la industria se recuperó y el resultado es medible: en 2025 Brasil ganó el Oscar a mejor película internacional por Aún estoy aquí y este año recibió cinco nominaciones, incluyendo mejor película internacional y mejor película, por El agente secreto”.

La vicepresidenta del Fipca, Gabriela Sandoval, también habló con Variety y dio detalles sobre la modificación introducida por el gobierno argentino. “Dentro de la ley hay un artículo que deroga tres artículos de la Ley de Cine, específicamente los que proporcionan al INCAA sus fondos. Elimina el impuesto del 10% a las entradas de cine, que ha existido durante 60 años, así como otras dos fuentes de ingresos que fueron establecidas en la reforma de la ley en 1994. Eso deja al INCAA a la merced del Ministerio de Economía para que le otorgue el monto que quiera, cuando quiera”.

Para el Fipca en su conjunto, “este cambio podría limitar significativamente la capacidad operativa del instituto y poner en peligro la continuidad de una industria que genera empleo, exporta servicios y aporta actividad económica de alto valor agregado en todo el país”.