Mientras en Uruguay se discute la creación de una ley de precio único para los libros, en Argentina se discute su derogación. Allí existe la Ley 25.542, conocida como Ley de Protección a la Actividad Librera, creada en noviembre de 2001 ante la aparición de grandes superficies comerciales que, en medio de la crisis económica, comenzaron a vender bestsellers con grandes descuentos. La ley, que indica que los editores o importadores fijan el valor de los libros y los puntos de venta deben respetar esa cifra, fue promulgada en enero del año siguiente.
Desde la asunción de Javier Milei en 2023, el precio único de venta del libro estuvo en la mira del gobierno. En los primeros días de su mandato, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Ley Ómnibus llamado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que contemplaba la derogación de la Ley 25.542. Los siguientes meses fueron de negociaciones y modificaciones del texto, por lo que la actividad librera no sufrió modificaciones.
En los últimos días, sin embargo, el Poder Ejecutivo envió al Senado un anteproyecto de ley de desregulación, que nuevamente apunta contra esa normativa. También busca suprimir artículos de la Ley 25.446, de Fomento del Libro y la Lectura, que subrayan el papel del Estado en la promoción de esta práctica.
“Es el segundo intento en poco más de dos años. Ninguno de los actores relevantes de la cadena –autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de la lectura– lo ha solicitado, ni ahora ni antes. No hay un mercado cautivo esperando ser liberado”, dice una carta pública firmada por decenas de entidades relacionadas con el libro y su ecosistema.
El texto de la carta aclara: “El Estado no fija el precio de ningún libro. Lo fija el editor o el importador, en ejercicio de su autonomía, y la ley solo garantiza que ese precio se respete de manera uniforme en toda la cadena minorista. No es un precio administrado ni una planificación cultural: es una regla que impide que el libro se use como ‘producto gancho’ para capturar el mercado”.
En cuanto a una promesa oficial de que baje el precio de los libros, en la carta se aportan datos de Suiza, donde no hubo cambios significativos de precios después de la derogación, o Reino Unido, que tras el fin del Net Book Agreement en 1995 vio un crecimiento de los precios de los libros por encima de la inflación general, a pesar de los descuentos. “Lo que sí ocurrió fue el retroceso de la librería independiente y el desplazamiento de la venta hacia cadenas y canales no especializados”, dice la carta.
“Cuando el canal librero se debilita, la pérdida se reparte: los lectores pierden un espacio de referencia y recomendación; las ciudades, uno de sus motores culturales; las editoriales, dónde mostrar y comercializar lo que publican; los libros de circulación lenta, su tiempo en el estante. Y los nuevos autores y autoras –los consagrados de mañana– dónde ver sus obras publicadas y valoradas”, agrega.
En conversación con Perfil, el secretario de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines, Carlos Morón, negó que la ley represente un beneficio económico para el sector. “Es una ley de costo fiscal cero. No recibimos subsidios ni ayuda del Estado. Las librerías subsisten gracias al esfuerzo del librero que está atrás del mostrador y pone diez horas de trabajo para que pueda funcionar”.
La Cámara Argentina del Libro también se mostró “profundamente preocupada” por el proyecto de derogación. “Al fijar el precio único, la competencia deja de ser un juego de descarte financiero por descuentos y se orienta hacia la calidad del servicio, el asesoramiento, la recomendación y la diversidad del catálogo”, escribió en sus redes sociales. “Defender la Ley 25.542 es cuidar a nuestras editoriales, sostener el trabajo de la cadena del libro en todo el país y garantizar que cada lector siga teniendo la libertad de elegir qué leer”.
¿Y por casa?
El proyecto uruguayo continúa por los carriles correspondientes, aunque los involucrados temen que los tiempos no alcancen. Martín Seoane, de la librería Amazonia, es uno de los promotores de la reglamentación de precios, y contó a la diaria que se reunieron con la Comisión de Cultura del Senado. “Nos escucharon, plantearon algunas dudas acerca de quién tendría que controlar que eso se respetara; el tema quedó en su cancha y estamos esperando una respuesta. La verdad es que tengo el miedo de que ya sea demasiado tarde. Las librerías demoramos un montón en saltar y, por ejemplo, este lunes ya cerró una”, dijo en referencia a la Librería Arkham, en la calle Rivera y Brito del Pino, que anunció que cerraría sus puertas.
“Ahora nosotros esperamos que vean los recovecos legales que podría llegar a tener esta ley. Algunos senadores empezaron a hablar de que habría que ver toda la cadena, que para mí es una excusa para no hacer nada. Parálisis del análisis”, agregó Seoane. “Ahora estamos esperando un par de semanas para ver si la comisión se comunica con la Cámara del Libro, que es el canal oficial. Si no, tendremos que volver a insistir, para que quede bien claro que este es un problema que afecta a la cultura del país. Lo están estudiando. Esperemos que no se demoren mucho, porque van a seguir cayendo”.
La explosión del tema en Argentina podría favorecer a que se siga hablando del tema. “Es importante que se sepa que esto no es un capricho ni de Amazonia ni de las librerías de acá”, concluyó el librero.