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El sistema de medios y empresas de telecomunicaciones en general se caracteriza por ser un complejo entramado de firmas que se compran, venden o asocian, y hay muchos nexos entre ellas. Por esa característica, y también quizás por su dependencia de aspectos regulatorios, es que cualquier proceso de salida o expansión de una compañía de telecomunicaciones involucra una sucesión de hechos, que permiten ver indicios de que ocurrirá una operación.

Así pasa con la salida del grupo español Telefónica del negocio de la telefonía celular en Uruguay, que realiza bajo la firma Movistar. Se trata de la compañía de telecomunicaciones más grande de Europa, con activos por más de 100.000 millones de euros —según dijo recientemente su directora financiera, Laura Abasolo—, pero que enfrenta una estrepitosa caída de su cotización: pasó de ser la empresa española con mayor valor de mercado a perder 83% a nivel bursátil, con lo que llegó en diciembre pasado al menor valor en 20 años.

Cotización en euros.

Cotización en euros.

Así las cosas, desde hace un tiempo Telefónica tomó la decisión de agrupar sus negocios en Latinoamérica —con excepción de Brasil, donde opera bajo la marca Vivo—, para revisar las operaciones en ocho mercados —Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Ecuador, Uruguay y Venezuela—, valuadas en más de 15.000 millones de dólares. En noviembre de 2019, el grupo empresarial dijo que se trataba de una reestructura, pero no descartaba desprenderse de algunas de esas filiales para hacer caja.

Durante 2020 el objetivo del grupo Telefónica fue suscribir alianzas en mercados relevantes con empresas centradas en la infraestructura de fibra óptica y expandirse en el área de la ciberseguridad, entre otros planes dentro de una reestructuración global. En ese marco, decidió que mantendrá en América Latina los mercados más grandes —Brasil y México— y buscará hacer dinero con la venta de los activos en los demás países.

Según una nota del medio español El Independiente, que cita fuentes del sector, Telefónica avanza para concretar la venta antes de mitad de año por un lado de los negocios en Uruguay, Colombia y Ecuador, y por otro de los activos en Chile. Se explicó que la compañía de telecomunicaciones optó por dividir sus activos para lograr un mayor interés y abandonó la idea de una venta en bloque.

La firma Liberty, una transnacional de las telecomunicaciones que da servicios de cable e internet a más de 25 millones de clientes en el mundo, es la que más interés mostró por el primer paquete de negocios y parte con ventaja en las negociaciones, señaló El Independiente. Igualmente, el medio español reconoce que hay otro interesado en el negocio en Uruguay: la empresa argentina Telecom, centrada en servicios de telecomunicación, que se fusionó en 2017 con Cablevisión, firma de televisión para abonados que comparte dueños con el grupo Clarín, el conglomerado de medios más importante de Argentina.

Cablevisión ya tiene presencia en Uruguay en el mercado de televisión por cable y, según informó Búsqueda un mes atrás, representantes de Clarín y Telecom se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou para transmitirle la intención de ampliar las inversiones en el país. En ese marco estaría la compra de Movistar Uruguay, cuyo valor fue estimado en 514 millones de dólares un año atrás por la firma británica de investigación en telecomunicaciones New Street Research.

Sobre estos últimos sucesos realizó un hilo de mensajes en Twitter el experto en telecomunicaciones Gustavo Gómez, ex jerarca y actual director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia. “Telefónica está preparando los papeles” para salir de Uruguay, sostuvo, en referencia a una resolución del 23 de diciembre del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) que autorizó una transferencia de acciones dentro del grupo empresarial.

La resolución detalla que en setiembre Telefónica informó que “en el marco de una reestructura societaria en gran parte del grupo, se procederá a modificar la estructura societaria en Uruguay”. Así es que las acciones de Telefónica Móviles del Uruguay SA, que tenían como único accionista a Telefónica Latinoamérica Holding, pasaron a Telefónica Hispanoamérica SA.

Pese a este avance, el diario El País informó este miércoles que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones no recibió aún ninguna notificación de Movistar sobre la venta, paso imprescindible para concretar el negocio.

La nueva regulación de medios y la posible expansión de Clarín

El actual gobierno envió en abril un proyecto de ley al Parlamento para modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada en 2014. La idea era aprobarlo antes de fin de año, pero los legisladores oficialistas de la Comisión de Industria de Diputados acordaron continuar tratando el texto hasta marzo debido a la falta de consenso sobre algunos artículos y a que resta recibir a delegaciones que pidieron audiencia.

Este proceso es seguido de cerca por el grupo Telecom-Clarín. La nueva regulación que propone el gobierno “libera un poco las restricciones y los temas de la propiedad en el sector”, dijo al diario El Observador días atrás Pedro López Matheu, vocero de Telecom Argentina. “Estamos esperando que se apruebe porque hay que flexibilizar al sector para invertir más en Uruguay”, agregó, y ratificó que ese fue el mensaje que transmitieron los ejecutivos de la empresa a Lacalle Pou en la reunión.

“Si se quitaran las limitaciones regulatorias, uno podría tener su propio tendido de banda ancha porque hoy hay que hacerlo con Antel. De hecho, tenemos un acuerdo con el BROU desde hace un par de años para ampliar el tendido de la televisión por cable en Uruguay”, continuó el vocero del grupo empresarial argentino.

Estas expresiones refieren a que el texto del gobierno no plantea un límite de licencias para el servicio de televisión para abonados, hoy limitado a tres. Una fuente especializada en el tema explicó a la diaria que mientras hay empresas como Directv que brindan el servicio por vía satelital y cubren todo el país, hay otras que usan tecnologías que tienen alcance limitado. Cablevisión cuando arribó a Uruguay compró varias licencias de este tipo, que abarcan la zona metropolitana y el territorio al norte del río Negro, y hoy tiene siete empresas de cable bajo la misma marca comercial.

Así, la nueva regulación permitiría al grupo Clarín ampliar su cobertura de televisión para abonados comprando otras licencias, pero además hay otro artículo que habilita a estas empresas a brindar el servicio de internet. Esta disposición ha generado controversia porque establece que Antel deberá compartir la infraestructura de banda ancha que instaló con operadores privados y un especialista advirtió de una posible inconstitucionalidad.

En agregado a estas flexibilizaciones normativas, si el grupo Clarín concreta la compra de Movistar Uruguay podría ampliar aún más su oferta de servicios: telefonía móvil, internet y televisión para abonados. “No habría ningún otro operador en Uruguay con todos esos servicios”, explicó una fuente.