Expectativas de inflación de los empresarios no se alinean a la previsión del gobierno

La semana pasada se conoció el dato de inflación correspondiente al mes de abril, que mostró relativa estabilidad en términos interanuales: la inflación de marzo fue 9,38% y la de abril se ubicó en 9,37%. Más allá de esto, los analistas apuntaron que el núcleo inflacionario mantuvo presiones alcistas en abril y el desafío de contener la suba de precios continúa plenamente vigente.

En ese contexto, resulta clave la posición que tome el sector empresarial y su visión sobre la inflación futura, ya que el trabajo del Banco Central del Uruguay (BCU) como organismo encargado de la política monetaria pasa por alinear las expectativas de largo plazo con la meta oficial. Semanas atrás, cuando el gobierno anunció medidas tendientes a adelantar los ajustes salariales a nivel público y promover lo mismo dentro del sector privado, varios analistas apuntaron sobre la inconsistencia de políticas: mientras el BCU sube la tasa de interés para contener la inflación y evitar que las expectativas se desanclen, se realizan anuncios que podrían suponer un ajuste de los precios por parte de las empresas.

Así las cosas, en los últimos días se conocieron dos encuestas empresariales que muestran que las expectativas de inflación futura del sector privado siguen lejos del objetivo del gobierno, algo que ya venía ocurriendo, pero que se profundizó en estas últimas mediciones. Actualmente el rango meta para la inflación va de 3% a 7%, pero esto cambiaría a partir de setiembre, dado que el techo se reduciría hasta 6%. Los empresarios no prevén que la dinámica de los precios converja hacia ese rango; de hecho, cerca de la mitad no visualizan que la inflación pueda ubicarse por debajo de 7% en los próximos años.

Los números deben leerse en un contexto mundial de aceleración inflacionaria, con países como Estados Unidos que exhiben los mayores registros de las últimas cuatro décadas y con los bancos centrales reaccionando para evitar aumentos mayores. En ese sentido, luego de las agresivas políticas de estímulos que fueron desplegadas para mitigar los impactos de la pandemia, las autoridades monetarias están desandando ese camino y moviéndose hacia una política monetaria de sesgo contractivo con foco en la contención de los precios.

“Es un momento nuevamente de gran incertidumbre, ya lo vivimos por la pandemia y nos llegó el segundo cisne negro, que es el conflicto Rusia-Ucrania y este tema de China que obviamente se agrega [los cierres debido a la covid-19 afectan las cadenas de suministro]. Es un frente de incertidumbre adicional que tenemos que incorporar en nuestros análisis y manejarlo”, evaluó el domingo en una entrevista con el diario El País la coordinadora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Marcela Bensión.

Expectativas bajo ajuste

La Encuesta de Expectativas Empresariales que publicó el viernes el Instituto Nacional de Estadística mostró que, en relación al mes pasado, los privados ajustaron un punto porcentual al alza la previsión de la inflación para fines de este año; la mediana de respuestas pasó de 8% al 9% actual. Se trata de una encuesta con un diseño de panel rotativo que abarca a unas 400 empresas con más de 100 empleados, es decir, refleja el humor de los agentes económicos que toman decisiones clave dentro de la economía.

Para marzo de 2023, dentro de 12 meses, el relevamiento señaló que los empresarios prevén un aumento del IPC equivalente a 8,6% (8,8% si se considera la media de las respuestas y no la mediana). Esto supone una mínima moderación respecto del nivel actual, que no alcanza para hacer converger la inflación hacia el rango meta (y mucho menos para cumplir las metas oficiales previstas en la última Rendición de Cuentas). El panorama no cambia si ponemos el foco en un horizonte de 24 meses, el plazo relevante para la política monetaria: la mediana de respuestas estima una inflación de 8% hacia marzo de 2024.

Por otro lado, la consultora Exante divulgó su Encuesta de Expectativas Empresariales, que recoge la opinión de más de 300 ejecutivos de firmas de mediano y gran porte¹. Según este relevamiento, los empresarios “esperan que el repunte inflacionario observado en los últimos meses sea bastante persistente en el corto plazo”, mientras que “también aumentaron las expectativas de inflación para un horizonte de mediano plazo”.

En promedio, prevén una inflación de 8,9% para el cierre de este año y de 7,9% para fines de 2023. Dentro del abanico de respuestas, 10% estima una inflación de dos dígitos para el cierre de este año y 1,8% visualiza esos guarismos a finales del próximo. A su vez, 2,1% de los encuestados proyecta un aumento interanual del IPC menor a 7% al finalizar este año y casi 18% ve eso posible hacia el cierre de 2023.

De todas formas, Exante destacó que “el ajuste de las expectativas de inflación para 2023 ha sido sensiblemente menor al incremento de la inflación efectiva que estamos observando en Uruguay”, dando a entender que hoy existen presiones transitorias sobre los precios. Lo que sí hubo fue un ajuste al alza de las respuestas sobre el nivel de la inflación para “dentro de tres o cuatro años”: 42% espera que se ubique dentro del rango que va de 7% a 9%, cuando hace un año atrás esa cifra se situaba en torno a 32% –y hace seis meses era de 24%–.

Lo visto en las encuestas empresariales parece validar una hipótesis que planteó semanas atrás el economista de CPA Ferrere Nicolás Cichevski: los anuncios del gobierno traerán más inflación “a mediano plazo”, porque “generan cierta incertidumbre y una validación de que el método de indexación [relación entre salarios y precios] sigue vigente”. En otras palabras, que en pos de los objetivos políticos y sociales vinculadas a mitigar la pérdida salarial las autoridades están dispuestas a tolerar una inflación algo por encima de las previsiones anteriores.

Bajo este panorama, resta ver qué proyecciones incluirá el MEF en el proyecto de Rendición de Cuentas, que deberá ingresar el 30 de junio al Parlamento. El año pasado, la estimación fue de 5,8% de inflación para diciembre de 2022, 4,7% para 2023 y 3,7% para 2024. Estas fueron las estimaciones que se utilizaron como soporte para los lineamientos salariales de la novena ronda; fueron utilizados en buena parte de los convenios salariales para estimar la inflación futura, y ante la pérdida salarial que eso significó es que ahora se debió promover el adelantamiento de los ajustes.

El BCU prevé un proceso de “desinflación”, pero con “riesgos”

Más allá del humor empresarial, el BCU ratificó en su reciente Informe de Política Monetaria sus objetivos de inflación e indicó que los precios comenzarán “una trayectoria decreciente” a partir del tercer trimestre del año, para “terminar en 6% al final del horizonte de la política monetaria [24 meses hacia adelante, es decir, marzo de 2024]”.

“Las expectativas de inflación a 24 meses han mostrado un aumento respecto de los trimestres anteriores”, reconoció el BCU; sin embargo, señaló que habrá una “caída sostenida de la inflación en los próximos dos años determinada por la política monetaria, que reacciona a los desvíos en la inflación y en la actividad a través de aumentos de la tasa, y el marco consistente de coordinación de las políticas macroeconómicas”. De acuerdo al análisis, “los principales factores macroeconómicos que contribuirían a este proceso de desinflación serían la dinámica moderada del tipo de cambio nominal y real en la primera parte [del período de 24 meses] y una brecha PIB ligeramente negativa”.

Igualmente, el informe del BCU marcó posibles “riesgos” para contener la inflación, que van “asociados a que los precios de commodities a nivel global mantengan su tendencia al alza, al traslado a precios del eventual adelanto de los ajustes salariales por correctivo de inflación para el mes de julio y a una evolución desfavorable de las expectativas de inflación”. Otro asunto a atender es la posibilidad “de mayores desequilibrios en la región, que lleven a un aumento más rápido y a una mayor volatilidad del tipo de cambio, con impacto directo en la inflación transable [productos que pueden comercializarse en el exterior].

Finalmente, el BCU prevé un crecimiento promedio para la economía de 3,6% en el período 2022-2023, que estará basado en “un mayor dinamismo del consumo privado ante la recuperación esperada en la masa salarial [indicador que conjuga empleo y salario] y de las exportaciones netas al enfrentar condiciones externas favorables”.