¿Deuda paga deuda?

¿Cuántas personas tienen algún vínculo con el mercado de crédito? ¿Este número se ha ido incrementando en el tiempo? ¿Para qué usan las personas los créditos? ¿En qué condiciones las personas se endeudan? El acceso al mercado de crédito puede ser una oportunidad de mejoras en la situación socioeconómica de las personas, así como un motor del desarrollo económico de los países. Sin embargo, también puede esconder problemas sociales y generar efectos negativos en distintas dimensiones de la vida de las personas.¹

La información disponible respecto al endeudamiento de las personas en nuestro país ha dejado en evidencia la relevancia de esta temática para los y las uruguayas. Según un informe del Banco Central del Uruguay (BCU), con datos a mayo de 2023, 1.905.155 personas físicas tenían algún vínculo con el mercado de créditos, y se observó, además, una tendencia creciente durante los últimos diez años (Arnabal et al., 2023).²

Si bien este dato no representa ningún problema a priori, el informe muestra además que el 37% de esas personas se encuentran en la categoría de deudores con dificultad, y cerca de 650.000 tienen al menos una calificación de deudor irrecuperable. Estos números indican que un tercio de quienes acceden al crédito, y cerca de un cuarto de la población uruguaya mayor de 18 años, tienen algún problema de endeudamiento.

Los datos anteriores se agravan aún más si consideramos que los números presentados dejan por fuera del análisis las deudas con entidades que no están obligadas a declarar información en la central de riesgo (por ejemplo, varias empresas administradoras de créditos y cooperativas o casas comerciales que otorgan créditos para compra de productos), así como a todo el sector de endeudamiento informal.

Respecto a esto último, un trabajo realizado por el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU) y la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) alerta sobre el incremento de las denuncias periodísticas y policiales por actividades denominadas “gota a gota” o “préstamos diarios”, enmarcadas en nuevas prácticas financieras no reguladas por el Estado, con fuertes implicancias en términos de sobrecosto para las personas que las usan, así como con mecanismos y formas de cobro presenciales vinculados con entramados de violencia (AEBU-IPRU, 2024).

En este marco, comprender las causas y las consecuencias del endeudamiento de las personas y la posibilidad del desarrollo de políticas públicas en el tema se torna relevante. Respecto a lo primero, según el informe del BCU mencionado previamente, los datos de la Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos, en su última edición (2017), muestran que el primer motivo de endeudamiento es cubrir gastos corrientes con valores cercanos al 30%, seguido de cubrir gastos mensuales y, en tercer lugar, de cubrir sobregiros o cancelaciones de deuda.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras llevada adelante por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el BCU en 2022 muestra que el 34% de quienes responden no podrían hacer frente a sus gastos mensuales por al menos un mes en caso de perder su fuente principal de ingresos y que el 36% declara estar totalmente de acuerdo con que “apenas me alcanza mi ingreso y el de mi hogar para sobrevivir”. Estos datos dejan en evidencia un problema social vinculado a la falta estructural de ingresos de buena parte de la población cuya solución no puede estar vinculada al endeudamiento, que podría incluso significar un agravamiento del problema.

Asimismo, la literatura académica plantea como característica relevante y distintiva de los mercados financieros de crédito a los hogares la combinación de una serie de factores que favorece relaciones desiguales de poder entre las empresas y los consumidores. Por ejemplo, en estos mercados interactúan empresas sofisticadas que centralizan una gran capacidad de análisis e información y que invierten grandes sumas de dinero en publicidad y agentes de venta, lo que hace que los individuos tengan más dificultades en comprender las señales de precios y calidad correctas (ver, por ejemplo, Straumann, 2020; Hastings et al., 2017; Hastings et al., 2013; Bertrand et al., 2010 o Agarwal y Ambrose, 2007).

Vinculado a estos problemas, la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras muestra que en Uruguay el porcentaje de personas adultas encuestadas que calcula correctamente una tasa de interés simple es sólo 22%, mientras que 33% la calcula mal y el resto declara no saber o no querer contestar. Asimismo, en una encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana, el 53% de las personas que responden la encuesta y no pagan en fecha el saldo total de la tarjeta de crédito declaran no saber cuánto es la tasa que se les cobra.³

Además, la presencia de sesgos y discriminación en el acceso a préstamos y los problemas de acceso a la información derivan en condiciones de crédito muy desfavorables y con tasas muy elevadas para algunas poblaciones (Becher, 2023; Gardner, 2022; Fuster, 2022; Bartlett, 2022; Dobbie, 2021; Durkin y Elliehausen, 2014; Ghent, 2014). Respecto a esto, el trabajo de Bertoletti, Borraz y Sanroman para Uruguay muestra que, si bien las personas vulnerables tienen un riesgo mayor de no pago comparado con personas no vulnerables, parte de ese riesgo se asocia a características de la deuda, es decir, a que las personas en situación de vulnerabilidad acceden a créditos con tasas de interés más altas y esto contribuye a que luego no puedan pagar (Bertoletti, Borraz y Sanroman, 2024).

Si bien en Uruguay la ley de usura legislada en 2007 puso un tope a las tasas que cobran las entidades financieras por sus créditos, a febrero de 2024 estos topes para la mayoría de los tipos de créditos al consumo superaban el 100%.⁴ El pago de tasas de interés altas merece una discusión normativa, pero además debe agregarse la amenaza pendiente cuando las tasas de interés contratadas son tan elevadas que superan la capacidad de generación de excedentes que permitan saldar los capitales a pagar.

Todo lo anterior hace evidente la necesidad de pensar soluciones integrales a esta problemática desde la política pública en distintos niveles.⁵ Por un lado, está la necesidad de atender los problemas estructurales de ingresos de buena parte de la población que encuentra en el endeudamiento una solución parcial y momentánea, pero que los expone posteriormente, en el mejor de los casos, a situaciones de incapacidad de financiamiento, cuando no a situaciones de violencia más complejas.

Por otro lado, es necesario diseñar estrategias que atiendan los problemas particulares del mercado presentados previamente: el incremento de la regulación de la publicidad y el aumento de la transparencia en la información brindada por las empresas; la promoción de la difusión pública de comparaciones de productos financieros entre empresas; la penalización de prácticas abusivas para el cobro de los créditos; el fortalecimiento de las capacidades de las personas mediante la educación en la temática.

Por último, el contexto actual combina situaciones de endeudamiento problemáticas con ganancias históricas por parte de los bancos, explicadas en parte por el incremento de los márgenes financieros.⁶ En este sentido, pensar políticas que estudien cómo garantizar préstamos en condiciones accesibles, tanto en términos de garantías, plazos y tasas, es igualmente indispensable.

Agradezco la lectura, los comentarios y las sugerencias de César Failache, Soledad Giudice, Martina Querejeta, Marcelo Ventos y Joan Vilá. Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.