En 2019, Business Roundtable, una asociación de los CEO más poderosos de Estados Unidos, se ganó elogios generalizados al anunciar su compromiso con el “capitalismo de partes interesadas”, que aporta valor no sólo a los accionistas, sino también a otros actores afectados, como los empleados y las comunidades. Ahora, sin embargo, Business Roundtable ha cambiado de tono: su informe de abril, “La necesidad de reformas audaces en los procesos de representación”, se lee casi como un manifiesto contra el capitalismo de partes interesadas.

La razón de este cambio es obvia. El “compromiso” de Roundtable en 2019 fue un claro intento de posicionarse en el lado correcto del sentimiento popular: el compromiso con las cuestiones sociales y ambientales había aumentado, al igual que las demandas de que también se sumaran las instituciones poderosas. Pero el ambiente político ha cambiado. En un momento en que los estadounidenses están preocupados por la intensificación de las presiones sobre sus propios bolsillos, la segunda administración del presidente norteamericano, Donald Trump, rechaza activamente las cuestiones ambientales y sociales. Para muchos CEO, todo esto parece una oportunidad de oro.

Por eso, Business Roundtable está pidiéndole al Congreso estadounidense que “promulgue legislación que impida la inclusión de propuestas de las partes interesadas con relación a cuestiones ambientales, sociales y políticas en la declaración de representación de una empresa”. Con ello, los CEO quieren desechar uno de los pocos mecanismos formales a través de los cuales un abanico diverso de partes interesadas –incluidos trabajadores, fondos de pensiones, organizaciones confesionales, grupos de derechos civiles e inversores a largo plazo– puede influir en el comportamiento de las empresas en cuestiones como el riesgo climático, la desigualdad, la seguridad de los trabajadores y la transparencia política.

Hay muchos precedentes en este sentido. Si bien a los CEO de Business Roundtable les gusta hablar de la boca para afuera sobre las iniciativas voluntarias de responsabilidad corporativa, se han opuesto enérgicamente a las políticas públicas que los obligarían a cumplirlas. Por ejemplo, se opusieron a la Ley de Reducción de la Inflación del expresidente Joe Biden, que destina importantes fondos a la energía limpia y a la reducción de emisiones, y canalizaron millones de dólares para desbaratar la agenda ambiental más amplia de la administración Biden. También se resistieron a una propuesta de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense que les exigía a las empresas revelar las emisiones de gases de efecto invernadero en sus cadenas de suministro, argumentando que tales medidas eran excesivamente gravosas.

No en vano, en 2021, investigadores de Harvard descubrieron que al “compromiso” con las partes interesadas que se había contraído dos años antes no lo habían seguido medidas significativas y, por ende, había sido “más que nada para aparentar”. A conclusiones similares llegaron investigadores de Yale y Columbia, así como un análisis de The Guardian.

El hecho es que aportar un valor real a los trabajadores y al medioambiente costaría dinero, lo que reduciría los dividendos de los accionistas y la remuneración de los ejecutivos, que son las verdaderas prioridades de los miembros de Business Roundtable. De hecho, la remuneración de los CEO que firmaron el “compromiso” con el capitalismo de partes interesadas ha seguido reflejando su éxito a la hora de generar valor para los accionistas. Cuando estalló la pandemia de covid-19 en 2020, Marriott International comenzó casi inmediatamente a despedir a la mayoría de sus trabajadores estadounidenses, al mismo tiempo que pagaba más de 160 millones de dólares en dividendos trimestrales y buscaba un aumento para su CEO, firmante de la declaración de 2019.

La misma lógica ha impulsado la defensa de las reducciones fiscales por parte de Business Roundtable. En 2017, el grupo manifestó su apoyo a la legislación de recorte de impuestos de 1,5 billones de dólares de la primera administración Trump, que benefició abrumadoramente a las corporaciones y a los ricos. El año pasado anunció que gastaría un monto de “ocho cifras” en una campaña de lobby para proteger y ampliar las exenciones fiscales favorables a las empresas en la legislación. En cuanto a la iniciativa “Reconstruir mejor” de Biden para 2022 –que proponía alzas modestas de impuestos a las rentas más altas para financiar servicios públicos como la educación, la sanidad y la infraestructura–, Business Roundtable expresó su clara oposición.

Así que, como muchos críticos advirtieron desde el principio, Business Roundtable nunca quiso decir lo que dijo en 2019. Sean cuales sean sus afirmaciones sobre responsabilidad ambiental o social, siempre ha estado motivada por tres objetivos interconectados: evitar la rendición de cuentas, maximizar los beneficios a corto plazo y enriquecer a los ejecutivos.

Sin duda, incluso desde una perspectiva comercial, este enfoque es fundamentalmente erróneo. Cada vez hay más estudios que demuestran que no tener en cuenta los imperativos sociales y ambientales plantea riesgos claros y materiales para las operaciones y el desempeño de las empresas –no en un futuro lejano, sino ahora–. Por ejemplo, las empresas con una mala gestión del riesgo climático se enfrentan habitualmente a una inestabilidad de la cadena de suministro, a una mayor exposición a fenómenos meteorológicos extremos y a mayores costos de capital. En otras palabras, el rechazo por parte de Business Roundtable de las políticas y propuestas centradas en el medioambiente no sólo es hipócrita; desde su propia perspectiva miope de accionista-capitalista, es económicamente irracional.

Pero no hay razón para esperar que los CEO de Business Roundtable, o las empresas en general, cambien de manera voluntaria. Por el contrario, su declaración de abril deja al descubierto la naturaleza transaccional, oportunista y totalmente deshonesta de su postura moral, que en realidad sólo sirve a un propósito: quitarse de encima a los consumidores y a los reguladores. Esto debería servir de llamada de atención a los legisladores demócratas, que durante mucho tiempo se han arrimado a los multimillonarios y a las grandes empresas, depositando sus esperanzas, contra toda evidencia, en la autorregulación.

Los estadounidenses están hartos del statu quo. En una encuesta de 2024, sólo el 34% de los encuestados estaba de acuerdo en que el capitalismo funciona para el estadounidense promedio. Asimismo, la mayoría de los participantes estaba de acuerdo en que los CEO de las grandes empresas tienen un papel que desempeñar a la hora de abordar cuestiones como la desigualdad de ingresos (78%), el cambio climático (67%) y la protección del derecho al voto (56%). Dado que los republicanos estadounidenses están haciendo todo lo que está a su alcance para brindar apoyo a las empresas, a expensas de los estadounidenses de a pie, corresponde a los demócratas actuar.

La única forma de frenar el poder corporativo es enfrentarse directamente a él. Eso significa exigirles a las empresas que se comprometan a realizar cambios estructurales, imponer castigos más severos para los abusos empresariales, tomar medidas enérgicas contra el dinero negro, reforzar la aplicación de la legislación antimonopolio y ampliar la supervisión regulatoria, incluida la influencia de las empresas en la política climática, laboral y económica.

Cualquier otra cosa mantendrá la captura corporativa del sistema político y económico de Estados Unidos. Los demócratas deben decidir si serán cómplices de la desigualdad y el autoritarismo a los que dicen oponerse.

Christopher Marquis es profesor de Gestión en la Universidad de Cambridge y autor de The Profiteers: How Business Privatizes Profits and Socializes Costs (PublicAffairs, 2024). Copyright: Project Syndicate, 2025.