A poco más de 100 días desde que asumió el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) liderado por Gabriel Oddone ha dado señales claras de su rumbo: avanzar en una agenda de reformas estructurales, mantener la prudencia fiscal y, al mismo tiempo, mostrar “sensibilidad distributiva”. Así lo evaluaron diversos expertos consultados por la diaria, quienes destacaron el enfoque técnico del MEF, su apertura al diálogo y el intento de construir consensos en el marco de un escenario fiscal complejo.
“La orientación del equipo encabezado por Oddone ha estado pautada por una combinación equilibrada entre el establecimiento de los lineamientos generales de la política económica y social, y expresiones muy claras de avanzar en una agenda de reformas estructurales que permitan retomar la senda de estabilidad y crecimiento económico sostenido luego de una década de magro desempeño”, señaló en diálogo con la diaria Silvia Rodríguez Collazo, economista e investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).
La experta, también docente universitaria, destacó que desde el comienzo de la administración cobraron centralidad temas como la deuda del Ferrocarril Central, la situación del Casmu, la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) y los proyectos vinculados a agua y saneamiento.
A eso se suma una “política fiscal que requiere mucha prudencia”, lo que refuerza la necesidad de un crecimiento económico sostenido para cumplir con los compromisos de gobierno, añadió. Remarcó además que parte de los esfuerzos del MEF durante estos primeros 100 días han estado focalizados en dilucidar cuál es la verdadera situación fiscal.
Desde CPA Ferrere, el economista Nicolás Cichevski sostuvo que se transita una etapa de “cautela, diagnóstico y definiciones estratégicas”. Consideró que es difícil definir estos 100 días: “Ha habido avances concretos en algunas áreas, en otras se está en una fase de diagnóstico y en otras creo que fue necesario calibrar las expectativas conforme se fueron conociendo las limitaciones en materia fiscal”.
Subrayó que el punto de partida fiscal es “notoriamente más deteriorado” que el previsto un año atrás, lo que impone cautela: “Cualquier financiamiento de las prioridades programáticas va a requerir una redistribución del gasto dentro del Estado”, afirmó. A su entender, el Presupuesto será el momento clave para concretar esa reorientación.
Con una mirada distinta, Ramiro Correa, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y asesor del MEF durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, calificó estos primeros 100 días como una etapa de “continuismo prudente”, sin rupturas sustanciales respecto del rumbo económico del gobierno anterior.
“Hay un gran continuismo de la mayoría de las cosas que se hicieron ya en la gestión anterior. Lo veo como un Ministerio de Economía que está siendo prudente por el momento e intentando contagiar esa prudencia a sus compañeros de gabinete”, afirmó Correa. Entre los ejemplos, mencionó la postura sobre la negociación salarial, el planteo de la desindexación y el enfoque en materia fiscal. Además, consideró que el gobierno es “mesurado” a la hora de definir cómo van a evolucionar ciertas variables económicas que están bajo el control del MEF.
Un nuevo marco fiscal
Tanto Rodríguez Collazo como Cichevski coincidieron en señalar como un avance sustantivo la intención del MEF de fortalecer la institucionalidad fiscal, con el objetivo de blindar las finanzas públicas frente a eventuales usos electoralistas y sesgos procíclicos.
Ambos expertos valoraron especialmente la apertura de canales de diálogo con el mundo académico y los organismos internacionales. Según anticipó Rodríguez Collazo, la Ley de Presupuesto podría incluir cambios institucionales importantes, entre ellos el fortalecimiento del Consejo Fiscal y la incorporación de una nueva ancla fiscal basada en un nivel de deuda prudente a mediano plazo.
Asimismo, señalaron que Oddone ha dejado claro que el gobierno tiene un “compromiso firme” en asegurar la sostenibilidad de la deuda pública y en “avanzar de manera progresiva en el abatimiento del déficit fiscal que dejó el gobierno anterior”.
“Hoy sabemos que el desequilibrio del resultado financiero del gobierno central-Banco de Previsión Social [GC-BPS] en 2024 se ubicó casi medio punto porcentual del PIB por encima de lo que había declarado la ministra [Azucena] Arbeleche en febrero. Sólo considerando los diferimientos de pagos de varios componentes del gasto público y los adelantos de impuestos que fueron solicitados a las empresas públicas, el déficit fiscal de ese agregado fue del 3,8% del PIB”, añadió Rodríguez Collazo.
En ese sentido, el año pasado se incumplieron las metas correspondientes a “todos los pilares” de la regla fiscal, advirtió la experta, quien agregó que “la experiencia del pasado período de gobierno es un ejemplo elocuente de la incapacidad que tuvo esta regla para dotar de un marco sólido y creíble a la política fiscal”.
Asimismo, consideró que desde el MEF se impulsa un “diseño institucional novedoso” que introduce cambios e innovaciones metodológicas más acordes con las contribuciones más recientes de la literatura académica y las experiencias internacionales.
A este respecto, Correa aseguró que el gobierno impulsa una “continuidad” de la regla fiscal instaurada en 2020. “No sólo se está manteniendo, sino que se están proponiendo mejoras. Hace unas semanas, el propio ministro presentó una hoja de ruta para la institucionalidad fiscal, que fue un proyecto iniciado en la gestión anterior”, explicó. Sin embargo, reconoció que hay una “innovación” en el planteo de Oddone de ir hacia un modelo de regla fiscal con un “nivel de deuda prudente”.
Una novedad: foco en el crecimiento
Para Correa, una de las principales diferencias con la administración anterior es el énfasis en el crecimiento económico. “Oddone está muy preocupado y comprometido con aumentar la tasa de crecimiento de la economía uruguaya. Es una cosa muy buena. Hay consenso entre todos los colegas en que Uruguay tiene un problema de bajo crecimiento. Ese es un enfoque algo distinto con respecto al de la gestión anterior, que estuvo muy centrado en ordenar las finanzas públicas”, señaló.
Según el economista, esto se traduce en una reorganización interna del MEF para revisar regulaciones y procedimientos que podrían estar enlenteciendo la inversión. “Hay una voluntad de diseñar políticas micro y macro orientadas a aumentar la tasa de inversión y de crecimiento”, resumió.
Desaceleración de la inflación
Uno de los elementos que Cichevski destacó como un acierto es la continuidad en el rumbo antiinflacionario: “Estamos ante un contexto propicio para reducir un escalón adicional la tasa de inflación en Uruguay, no sólo por el contexto externo –desinflación global, dólar más barato y menor crecimiento–, sino también por el énfasis del Banco Central [BCU], que ha permitido anclar expectativas”.
A su juicio, este escenario favorece el clima de negocios y permite alinear las negociaciones salariales con objetivos de estabilidad macroeconómica. “No se espera una desindexación total, pero sí se percibe la necesidad de atacar debilidades en el sistema de negociación colectiva”, agregó.
Cichevski también destacó el liderazgo técnico del nuevo presidente del BCU, Guillermo Tolosa, así como el fortalecimiento de la autonomía institucional del organismo.
Gabriel Oddone.
Foto: Gianni Schiaffarino
Distribución y salarios
Rodríguez Collazo identificó como un gesto significativo de estos primeros 100 días el enfoque más explícito en la dimensión distributiva. “Existe un objetivo explícito de estimular un crecimiento económico compatible con mejoras distributivas. Esto aparece reflejado en las expresiones del ministro en materia de política salarial, fijando como prioridad la mejora de las remuneraciones de los trabajadores que perciben ingresos más bajos (cercanos al salario mínimo nacional), y en el énfasis que ha puesto en el papel de las inversiones para crear empleos de calidad”, afirmó.
Asimismo, aseguró que la “sensibilidad respecto de preocupaciones distributivas” se puede encontrar también en la definición de un conjunto de medidas para aplicar en los departamentos fronterizos con Brasil, con el propósito de suavizar el impacto negativo asociado a la diferencia de precios.
El gobierno también dio señales sobre la necesidad de avanzar hacia una “mayor transparencia” en la fijación de precios clave, como el de los combustibles, y definió con claridad la frecuencia con que se harán las modificaciones de tarifas en el futuro, añadió.
Fortalezas, desafíos y tensiones internas
Por otro lado, la especialista señaló que la principal fortaleza de estos 100 días es la forma en que se han abordado los problemas heredados. “No era para nada sencillo asumir la vasta cantidad de temas que habían quedado pendientes de resolución por parte del gobierno anterior”, afirmó.
Asimismo, dijo que el principal desafío es lograr que sean aprobadas por el Parlamento iniciativas importantes, como la relacionada con la CJPPU, y que el proceso de análisis de la Ley de Presupuesto sea una “instancia propicia para que el conjunto del sistema político exprese su compromiso con una gestión prudente y rigurosa de la política fiscal”.
Los primeros 100 días también han estado marcados por desafíos que requerían una “resolución urgente”. En ese sentido, Correa mencionó dos en particular: la situación financiera de la CJPPU y la renegociación del contrato del Ferrocarril Central.
Asimismo, destacó que otro de los desafíos tiene que ver con algunos entredichos entre el MEF y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre la negociación colectiva. “Creo que ahí hubo algún foco de tensión y, por lo tanto, un desafío”, remarcó.
En cuanto a las fortalezas, Correa valoró el mantenimiento de la “institucionalidad fiscal” y la señal de estabilidad a los inversores: “Uruguay sigue mostrándose como un país que respeta las reglas de juego y se compromete con una macroeconomía sólida y estable. Esa es una fortaleza muy importante de este Ministerio de Economía”.
Inversión pública: agua, saneamiento y transporte
Oddone ha delineado dos prioridades claras para la inversión pública: servicios de agua y saneamiento, y fortalecimiento del transporte público en áreas metropolitanas. “Algunos de estos proyectos habían sido impulsados por el gobierno anterior, pero por sus condiciones técnicas y financieras se encontraban muy lejos de poder ser implementados”, explicó Rodríguez Collazo.
La experta también subrayó el rol del programa Uruguay Innova, coordinado por Bruno Gili, como “buque insignia del gobierno” para dinamizar la inversión, fomentar la innovación y acelerar un cambio estructural en la matriz productiva. “Esta iniciativa tiene el potencial de hacer una contribución muy relevante al crecimiento económico, a la creación de nuevos puestos de trabajo y a la mejora en la competitividad de las empresas, en particular de las de menor tamaño relativo”.
En paralelo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) lidera una instancia de diálogo social que apunta a redefinir la protección social en el contexto de la transición tecnológica y demográfica. “El diálogo social que se encuentra coordinando la OPP es sin duda un eje medular para la definición de una estrategia de protección social que sea adecuada para asumir los grandes retos que enfrenta Uruguay de cara al futuro [...] El fortalecimiento de los servicios de salud, la atención de los problemas sanitarios de la infancia y el asegurar la sustentabilidad a largo plazo de la reforma de la salud, seguramente, ocuparán un lugar de privilegio en la agenda de gobierno”, sostuvo.
Reforma y crecimiento: la clave de fondo
A juicio de Cichevski, el objetivo central de la política económica sigue siendo aumentar la tasa de crecimiento de largo plazo. Pero para eso, advirtió, “se necesitan reformas, muchas de las cuales requieren cambios legales o consenso político”.
Ante la falta de mayoría parlamentaria, el Presupuesto se perfila como la principal herramienta para impulsar estos cambios. “Allí se podrá negociar, alinear incentivos y tal vez incluir medidas vinculadas a la simplificación burocrática, promoción de la inversión y mejora en la eficiencia del gasto”, afirmó.
Al respecto de las medidas adoptadas en la frontera con Brasil, como la reducción de aportes patronales y la simplificación de procesos de importación, Cichevski las enmarcó como parte de un posible “proyecto piloto”. “Si los resultados son positivos, podrían extenderse a otras regiones o sectores y convertirse en la punta de lanza de reformas más estructurales en comercio, informalidad y empleo”, explicó.
Relación con el sector privado
Rodríguez Collazo indicó que Oddone es un “activo” para el gobierno por su “extensa actividad profesional”. “Es un activo para el gobierno tener al frente del MEF a un economista que cuenta con vínculos y credibilidad en el sector privado”, remarcó.
Por su parte, Cichevski consideró que, con respecto al vínculo con el sector privado, el gobierno ha puesto sobre la mesa eventuales modificaciones en los regímenes de promoción de inversiones. “Es claro que el margen es limitado porque, en definitiva, nadie está esperando un cambio en las reglas del juego y yo no percibo que el espacio fiscal que pueda generarse a partir de la revisión de incentivos tributarios sea significativo. Por lo tanto, cualquier eventual financiamiento de las prioridades programáticas va a requerir redistribuir gastos”, concluyó.
El desafío fiscal y político de cara al Presupuesto
Con la mira en el futuro, Correa señaló que las expectativas están puestas en la Ley de Presupuesto y en cómo se gestionará el equilibrio entre las metas fiscales y las presiones políticas. “La gran incógnita es hasta qué punto va a primar la palabra del MEF o la de la fuerza política gobernante con respecto al gasto público”.
También resaltó los anuncios del ministro sobre reformas microeconómicas, desburocratización y eficiencia estatal: “Por ahora, tenemos sólo el titular. Va a ser interesante ver qué se propone concretamente”.
Asimismo, Correa aseveró que no espera grandes transformaciones estructurales en la política económica: “Va a haber matices y énfasis distintos, pero no avizoro cambios muy grandes”.
Mientras tanto, Rodríguez Collazo entiende que uno de los principales desafíos que enfrenta la conducción económica está asociado al frente fiscal. “Este es un desafío que excede a este año, pero es importante enfatizar que 2025 será especialmente complejo para las finanzas públicas”, pronosticó.
Por su parte, Cichevski consideró que “el principal reto de aquí a fin de año es la Ley de Presupuesto”. “Es un mojón relevante, porque será el punto de partida en materia de gasto público. Dada la configuración de fuerzas, ante la ausencia de mayoría parlamentaria en las dos cámaras, probablemente sea una instancia en la que haya mayor margen para negociar los cambios que requieran pasar por el Parlamento”. Por último, indicó que también va a ser “relevante” lo que ocurra con la negociación colectiva.