Gráfico de la semana | La pobreza infantil como prioridad central

En 2025, último dato disponible, el porcentaje de personas en situación de pobreza fue del 16,6% y se ubicó en niveles similares a los observados en el período prepandemia. En el caso de la pobreza infantil, esta última medición arrojó una leve reducción con respecto a los niveles vigentes en 2024, ubicándose en torno al 29,1%. Como enfatizó recientemente el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el perfil infantilizado que caracteriza a la pobreza en nuestro país no constituye un fenómeno nuevo, sino que se trata de un rasgo estructural que nos sitúa en el peor lugar de América Latina.

Un poco de contexto

El año pasado el Instituto Nacional de Estadísticas presentó la nueva metodología para medir la pobreza monetaria, ajustando la canasta de consumo¹ que se considera para establecer las líneas de indigencia y de pobreza. En breve, la canasta utilizada anteriormente (metodología 2006), además de desactualizada, era bastante más “humilde” con relación a los parámetros actuales.

Al hacer el cambio, la pobreza pegó un salto de nivel y reveló que las privaciones materiales de la población eran más acuciantes que lo que se pensaba, en especial en el caso de la infancia y adolescencia. No obstante, la tendencia (no el nivel) se mantuvo relativamente incambiada, mostrando avances relevantes durante las últimas décadas. En particular, la reducción fue mayor entre 2006 y 2014, producto del fuerte crecimiento económico y del despliegue de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.

¿Por qué la pobreza infantil es más alta que el promedio?

La diferencia entre ambas tasas de pobreza responde a varios factores. El primero es demográfico. Los hogares con niños tienden a ser más numerosos y, por lo tanto, enfrentan una mayor presión sobre el ingreso per cápita. A igual nivel de ingresos laborales, una familia con tres hijos tiene una probabilidad mayor de quedar por debajo de la línea de pobreza que un hogar unipersonal o uno compuesto por adultos mayores.

En segundo lugar, la población de menores ingresos tiende a experimentar una inserción laboral precaria producto, entre otros factores, de sus menores niveles educativos. Esto aumenta la probabilidad de contar con inserciones laborales precarias y con trayectorias laborales interrumpidas que discurren en el mundo informal (por fuera de la malla de protección social) y que se caracterizan por niveles salariales muy deprimidos. En ese sentido, la pobreza de estos hogares no se limita a la dimensión monetaria, sino que se expresa en múltiples dimensiones, principalmente educación, empleo y vivienda.

Pero, además, la pobreza infantil también está vinculada a las desigualdades de género y la ausencia de un sistema de cuidados robusto. En general, los sectores de menores ingresos suelen presentar mayores niveles de fertilidad que el resto de la sociedad, lo que implica una mayor presencia de niños en estos hogares y, con ello, mayores necesidades de cuidado. Esto introduce una restricción adicional sobre la inserción laboral de los adultos, especialmente de las madres, que son quienes suelen asumir la totalidad o la mayor parte de esas tareas.

Cuando no existen redes familiares, servicios de cuidados o cobertura suficiente para atender a los niños durante jornadas extensas, se ven obligadas a optar por trabajos de menor carga horaria, que generalmente son más precarios y peor remunerados, además de postergar sus trayectorias educativas y de formación. Otro factor adicional responde a consideraciones distributivas y al diseño de la arquitectura de la protección social, que en nuestro país está fuertemente orientado hacia la vejez.

¿Cuáles son las implicancias de la pobreza infantil?

La persistencia de altos niveles de pobreza infantil tiene efectos que exceden el presente. En ese sentido, la evidencia económica es clara en que las privaciones en los primeros años de vida afectan el desarrollo cognitivo, la acumulación de capital humano y, en última instancia, la productividad futura.

No se trata únicamente de ingresos insuficientes hoy, sino de menores oportunidades mañana. En efecto, la persistencia de estas brechas tiende a reproducir desigualdades de forma intergeneracional, lo que supone que los niños pobres de hoy tienen grandes probabilidades de ser adultos pobres mañana, generando una trampa de pobreza intergeneracional. Cuando una parte significativa de una generación crece en condiciones de vulnerabilidad, el país compromete su capacidad futura de innovación, empleo de calidad y movilidad social.

Desde una perspectiva macroeconómica, lo anterior implica que la pobreza infantil no es un problema únicamente distributivo, ético y de justicia, sino que además tiene consecuencias en materia de crecimiento y de desarrollo. Además, genera las condiciones para la reproducción de problemáticas que exceden los márgenes de la economía, con impactos que se extienden mucho más allá.

¿Cuáles son los cambios propuestos en la Rendición de Cuentas?

En este marco, la cuestión de la infancia ocupa un lugar central en la agenda del gobierno, especialmente en la discusión sobre protección social. En ese sentido, del Diálogo Social convocado durante el año pasado se desprenden múltiples recomendaciones para atender esta situación, entre las que se destaca la creación de un sistema único de transferencias a menores de edad, la ampliación de la cobertura del sistema actual a toda la población en situación de vulnerabilidad, el incremento de los montos de las prestaciones, la creación de un refuerzo de un 50% adicional a las transferencias a embarazadas y niños de hasta 3 años, además de la mejora de la cobertura de cuidados, universalizándola para niños de 3 años.

A partir de ese conjunto de insumos, la propuesta contenida en la Rendición de Cuentas implica una reformulación del esquema de transferencias. El nuevo sistema toma como referencia el valor de la canasta básica alimentaria (actualmente $ 6.600 mensuales) y ajusta el monto según el grado de vulnerabilidad del hogar, otorgando $ 3.300 por niño a hogares que se encuentran en una mejor situación relativa y $ 10.000 a aquellos que pertenecen a los hogares de mayor vulnerabilidad (monto que surge de adicionar un complemento del 50% sobre la referencia a los hogares con niños de 0 a 3). En la práctica, esto supone casi duplicar las transferencias que reciben los niños de ese tramo etario que pertenecen al 40% de menores ingresos de la población (los cuatro primeros deciles del segundo gráfico).

La reforma propuesta también elimina las denominadas “escalas de equivalencia”, mediante las cuales el monto recibido por cada niño disminuye a medida que aumenta la cantidad de menores en el hogar. Con este cambio, las transferencias crecerán proporcionalmente con el número de beneficiarios, reforzando el apoyo económico a las familias más vulnerables.

En términos de diseño, la implementación será gradual y priorizará la incorporación de los niños de entre 0 y 3 años. A partir de 2027 ingresarán al nuevo sistema los nacidos desde 2026, mientras que en los años siguientes se irán incorporando las nuevas generaciones conforme exista disponibilidad de recursos, permitiendo así al Poder Ejecutivo acelerar el proceso si la situación fiscal lo permite (en el marco de las futuras rendiciones de cuentas).

Durante la interpelación al ministro de Economía, el subsecretario Martín Vallcorba adelantó que, bajo el cronograma previsto, el nuevo régimen alcanzará inicialmente a unos 53.000 niños de entre 0 y 2 años en 2027. Posteriormente, la cobertura se ampliará, de forma que para 2029 (en el escenario de mínima) casi 90.000 niños de entre 0 y 4 años estarán cubiertos. El costo fiscal de la política se estimó en 31 millones de dólares durante 2027 (representando el incremento del gasto previsto en esta instancia) y ascendería a 47 millones de dólares en 2029.

Según las estimaciones, una vez que el sistema unificado esté plenamente implementado, la pobreza entre los menores de 18 años se reduciría en un 25%. En el caso de los niños de hasta 3 años, esta reducción equivale a una caída de nueve puntos porcentuales.

¿Qué otras políticas hacen falta para abordar esta problemática?

Si bien las transferencias incrementan el ingreso del hogar y por esa vía reducen la pobreza, además generan otros impactos positivos sobre los hogares en situación de pobreza: aumentan el peso al nacer, incentivan la asistencia al sistema educativo, no desincentivan la búsqueda laboral de los adultos ni incrementan la fecundidad. No obstante, también tienen algunos efectos no deseados, como por ejemplo, el incremento de la informalidad (como mecanismo para evitar perder el ingreso de la transferencia (Bérgolo et al., 2025).²

A su vez, en el marco del Diálogo Social, se reconoció la necesidad de acompañar una transferencia sin condicionalidades con una “canasta” de políticas orientadas a actuar sobre otro conjunto de barreras que dificultan a los hogares salir de la situación de pobreza, como son las carencias en la educación, salud, empleo, cuidados, vivienda, etcétera (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2025).³

En ese marco, algunas recomendaciones de política consisten en ampliar la cobertura del sistema de cuidados (guarderías, jardines y escuelas de tiempo completo) para niños, ofreciendo atención de entre cuatro y ocho horas diarias para alcanzar su universalización y volverla compatible con la jornada laboral; aumentar el número de centros educativos de tiempo completo o con extensión horaria; ampliar la duración de la licencia parental para el cuidado del recién nacido hasta los nueve meses, tanto para madres como padres, y garantizar la alimentación escolar en todos los centros educativos, liceos y centros CAIF.

Naturalmente, el desafío termina siendo fiscal, dado que existe un relativo consenso sobre la importancia de avanzar en estos aspectos. En efecto, instaurar nuevas políticas y/o expandir las ya existentes requiere recursos permanentes en un contexto de restricciones presupuestales, lo que obliga a continuar discutiendo las prioridades distributivas. Esta discusión, además, no se agota en cuánto del gasto social debe seguir concentrado en la protección de la vejez y cuánto debería reorientarse hacia la infancia, sino que implica abordar de forma más profunda las prioridades del Estado y el uso que hace de los recursos que tiene a disposición.

Joaquín Pascal, Centro de Estudios Etcétera.