El lunes 28, un estudiante del liceo Zorrilla fue a clase con un arma descargada y otra arma de juguete. Por el contacto entre algunos funcionarios y docentes, la dirección se enteró del hecho y hablaron con el joven de 16 años y la psicóloga del liceo, y se le retiró el arma. Según relataron los integrantes del Gremio Estudiantil del Zorrilla (GEZ) en un comunicado, el estudiante concurrió con el revólver descargado por miedo a lo que le había sucedido el viernes 25 al mediodía, cuando al salir del liceo fue golpeado por un grupo de aproximadamente diez jóvenes que no concurren al liceo. Según el gremio, el estudiante concurrió con el arma “con la intención de, si iban nuevamente a atacarlo, poder asustarlos y así evitar el conflicto”. La dirección suspendió al estudiante por una semana y realizó la denuncia policial correspondiente.

Según Isabel Jaureguy, integrante del Consejo de Educación Secundaria (CES) electa por los docentes, si bien no hay un protocolo de actuación que se ajuste a esta situación concreta (sí lo hay para casos de violencia en los centros educativos), en este caso “intervinieron todos quienes corresponde que lo hagan”, en referencia a la adscripta, la psicóloga, la subdirectora y directora del liceo, la inspectora correspondiente y el asesor letrado de Secundaria, y manifestó que “no corresponde que el CES intervenga”, más allá de poner a disposición los recursos del Departamento Integral del Estudiante. En esto coincidieron, según Jaureguy, los integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, con quienes tuvieron una reunión los consejeros del CES el martes, para informar de primera mano sobre lo que había sucedido. “Todos coincidimos en cómo debíamos enfocar este tema, centrado en lo educativo; nosotros no somos la comisaría ni el juzgado penal, no vamos a hacer la investigación”, afirmó Jaureguy, y recalcó que hubo consenso en “tomar esto como un problema educativo, dar una oportunidad para aprender, para reconducir, no perder el vínculo con el estudiante y ayudar a que vuelva a clase”. Además, la consejera resaltó que “la familia del estudiante respondió”.

En su comunicado, el GEZ entiende que la responsabilidad de estos hechos “es del CES, ya que no otorga los cargos necesarios para el normal funcionamiento del liceo, lo que dificulta el abordaje de estas y otras situaciones”. Asegura que el conflicto “se podría haber evitado” y que la pelea del viernes 25 sucedió “en el interturno entre el matutino y vespertino, horario en el que hay menos presencia de docentes y adscriptos”. A su vez, respaldan la actitud del equipo de dirección del liceo, “que en todo momento priorizó en su intervención un criterio pedagógico y no el protocolo policial que se le pretendía imponer”, y repudian tanto la pelea del viernes como el ingreso al liceo armado por parte del estudiante. Finalizan su comunicado exigiendo “la inmediata designación de las horas de adscripción vacantes en el turno de la tarde” y que se priorice “la educación antes que la represión; rechazamos la intromisión del aparato represivo del Estado en nuestras aulas”.

Para Jaureguy, lo que ocurrió pone de manifiesto “que el sistema educativo no está ajeno a los problemas de violencia”, tema que no resuelve “exclusivamente el sistema educativo” y, por otro lado, destacó que también revela un problema de presupuesto. “Esto ocurrió en una institución donde hay un psicólogo, pero puede pasar en cualquier liceo y, por ejemplo, en el IAVA o en el Dámaso no hay”, ejemplificó, a la vez que respondió que hay dificultades para cubrir la vacante de adscripción porque “no hay recursos para horas de apoyo, se acabó el dinero. Siempre se termina sacando de otro lado, de un refuerzo del Codicen, de un cargo que no cubrí, de un grupo que debía haber abierto y no abrí”, lamentó.