Cada vez más investigadores se cuestionan qué está pasando en las cárceles de la región. Ejemplo de este crecimiento son los más de 50 trabajos que se presentaron la semana pasada en Montevideo en el marco del Tercer Encuentro de Tesistas e Investigadores en temáticas de cárceles y acceso a derechos educativos. Analía Umpiérrez coordina el Programa de Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; es parte del encuentro desde su primera edición y tiene un amplio acumulado de trabajo de campo en estos contextos. En diálogo con la diaria la académica resaltó la cantidad de personas que trabajan sobre el tema y opinó que este crecimiento que se vio en los últimos años responde a “fuerzas políticas que impulsaron no sólo los espacios alternativos de la organización civil, sino también a los espacios desde dentro del Estado, y lo hicieron con compromiso y con recursos”.

La Universidad de la República (Udelar) ha hecho algunos avances en busca de garantizar el derecho al acceso a la educación de las personas privadas de libertad. Para Umpiérrez, “la Udelar tomó el toro por las astas al definir una política universitaria propia que ahora convoca y respalda las acciones de las unidades académicas particulares; si bien hubo acciones dispersas previas, ahora se tomó la tarea de organizar y acompañar los procesos e invitar a aquellos que todavía no están dentro de la universidad”. La académica considera que tener “el respaldo del rectorado es algo muy necesario y no siempre está presente en las universidades, suelen ser unidades académicas o pequeños grupos los que se meten a trabajar en la cárcel y cuesta mucho institucionalizar”.

Uno de los ejemplos que resaltó Umpiérrez de la normativa uruguaya es la flexibilidad para la inscripción de los estudiantes privados de libertad. “Suele haber muchos problemas con la documentación, y la Udelar ya previó eso y logró regularlo para facilitar el ingreso. Es algo que en mi universidad, luego de diez años trabajando estos temas, no hemos logrado resolver”, destacó. La Udelar “ha sido muy estratégica en la mirada organizadora para arrancar, me parece que va a ser una cuestión a favor para lo que viene, que son cada vez más estudiantes”, opinó.

Cuestión de derecho

Una de las conclusiones a las que llegan las investigaciones es que la mayoría de los estudiantes privados de libertad “nunca pensó que la universidad era una opción, son sectores excluidos de la oportunidad educativa, lo que hacemos ahora es abrir una puerta a un derecho vedado”, reflexionó Umpiérrez. Otro de los motivos para impulsar estas iniciativas es que “la universidad puede ser el motivo por el cual alguien decida completar sus estudios secundarios; me parece que la universidad tiene que asumir este compromiso, especialmente porque siempre ha sido una institución de elite, al menos en Argentina”, agregó.

Para garantizar el derecho al acceso “una de las primeras cosas que hay que mencionar es la necesidad de presupuesto, porque pretender ampliar la mirada sin recursos es bastante complicado. Hay mucha voluntad pero viene con ciertos límites”, subrayó. Asimismo, Umpiérrez cree que es necesario “trabajar en la construcción de la otredad: ¿quién es ese otro con el que estamos trabajando, que llega a la universidad desde el encierro? Es preparar a las personas para poner en discusión estos temas, construir otra mirada sobre el delito, sobre los sectores vulnerados que son los que terminan en buena medida encarcelados. La universidad debería problematizar esta visión del peligroso”.

En sus años de experiencia Umpiérrez observó que en la cárcel “la gente se para de modo diferente al reconocerse como universitaria: aun cuando la persona sólo haya dado una o dos materias; la imagen de sí misma y su mirada sobre su posición cambia, el pasaje por la universidad es muy importante en términos personales”. Garantizar este nivel educativo brinda a las personas privadas de libertad “otra forma de mirar el mundo; pueden pensar con otros elementos lo que les pasó y lo que les pasa, comprender la trama de relaciones paradas en otro lugar, y eso es muy valioso, sobre todo porque aporta a la construcción de ciudadanía”, puntualizó.

De afuera hacia adentro

Uno de los puntos que tienen en común las estrategias uruguayas y argentinas es el espacio que ocupan los estudiantes universitarios que trabajan con sus compañeros privados de libertad en tutorías entre pares. En la Udelar están centralizadas en el Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa) de la Comisión Sectorial de Enseñanza, que tiene como objetivo la formación de estudiantes tutores en el trabajo con personas privadas de libertad, mientras que en Argentina están muy relacionadas a la actividad político-militante que se forma en cada universidad.

“Los estudiantes tienen un alto compromiso y una participación muy intensa, que mueve y desafía a la academia. Son altamente necesarios”, señaló Umpiérrez, aunque remarcó que la participación estudiantil en las cárceles siempre tiene que estar dentro de un marco institucional: “Me preocupa mucho que la universidad se haga cargo, porque estos estudiantes entran a lugares peligrosos, deben viajar hasta las cárceles. Sin duda, son una potencia que hay que acompañar, pero necesariamente tiene que ser dentro de lo institucional”.

A diferencia del programa uruguayo, en Argentina separan a los estudiantes que hacen un acompañamiento de la vida universitaria de aquellos que asesoran desde lo académico. Según explicó Umpierrez, “las tutorías académicas son llevadas adelante por graduados, mientras que los estudiantes que están cursando la carrera actualmente lo que hacen es pasar por cursos de introducción donde trabajan con lo que se van a encontrar en las cárceles, cuestiones sobre cómo priorizar a ese estudiante que está del otro lado, que es como ellos pero está detenido; también hablamos sobre el marco normativo básico y cuestiones generales para pensar el encierro y la educación en ese contexto”.

En Uruguay, uno de los frenos para el ingreso de la Udelar en las cárceles es la falta de docentes dispuestos a ir a esos contextos, debido, muchas veces, a la falta de formación específica para trabajar con esta población. Argentina logró mejorar esa resistencia mediante un curso de posgrado para docentes que quisieran desempeñarse en cárceles que impulsó el último gobierno de Cristina Fernández y “sostuvo medianamente” el gobierno actual. La carencia de docentes que se ofrezcan de forma voluntaria a ir a las cárceles es una problemática que se repite en Argentina. La respuesta que encontraron a este problema en la universidad donde trabaja Umpiérrez consiste en crear cargos propios para el programa en cárceles. Asimismo, comentó que “con los docentes que no pudieron acercarse se logró generar una mediación por intermedio de los tutores graduados: trabajan con las cátedras en los contenidos, preparan las guías de trabajo y los parciales”.

¿Adecuación curricular?

En ambos países la modalidad más extendida de educación en contextos de encierro es la réplica del afuera hacia adentro. Los estudiantes privados de libertad reciben los materiales de cada asignatura y apoyo para preparar el mismo examen libre que toman sus compañeros en las sedes universitarias. La ventaja de la experiencia argentina radica en la facilidad con la que se consiguen los permisos de salidas provisorias para que puedan ir a la facultad el día del examen, algo que no siempre pasa en Uruguay. Desde algunos sectores de la academia se cuestiona si esta es la mejor modalidad de trabajo, teniendo en cuenta que las condiciones de estudio de un estudiante preso son muy diferentes a las de un estudiante en libertad.

La discusión sobre las adecuaciones curriculares para las personas presas está sobre la mesa, y las posturas no terminan de ser dilucidadas. “No sé si las adecuaciones son el camino a seguir ni si todas las materias se pueden adaptar. Esto es un desafío para los docentes, hay que pensar en reconvertir las materias sin perder su estructura”, opinó Umpiérrez, y ejemplificó: “Tengo una materia que tiene mucho de trabajo de campo, vamos a las organizaciones barriales, tuve el desafío de ver cómo trabajo esa parte en la cárcel. Pero en mi facultad también tenemos la carrera de Antropología, y esa no la ofrecemos porque entre los requisitos están la práctica de laboratorio y el trabajo de campo in situ, no podemos garantizar que el estudiante pueda avanzar en su cursada completamente y se decidió no ofrecer”.

“Con los tutores graduados logramos diseñar dispositivos para trabajar sobre necesidades de esta población, que viene muy mal preparada del ciclo anterior, con un marco [académico] acotado. Han elaborado dispositivos pedagógicos, que yo entiendo que son bastante innovadores, construyendo módulos que articulan las materias entre sí como para que cuando entren a la cursada tengan un poquito más claro el marco general”, comentó Umpiérrez. Además, mencionó que se trabaja con “cierta flexibilidad” en los tiempos; por ejemplo, algunas materias que son cuatrimestrales se ofrecen anuales. “Son algunas libertades en torno a lo pedagógico, porque es cierto que la dificultad es grande y las necesidades son muy diferentes”, sostuvo.