La emergencia sanitaria que trajo el nuevo coronavirus hizo que se postergara el ingreso del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) al Parlamento; sin embargo, aún se discute, en diferentes ámbitos académicos, el contenido del borrador presentado a mediados de enero. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Udelar) organizó el jueves 12 una mesa redonda sobre los cambios propuestos en el proyecto vinculados a la educación. Los investigadores Pablo Martinis, Agustín Cano, Jorge Camors y Andrea Díaz expusieron sobre las consecuencias que puede traer la modificación de 55 artículos de la actual Ley General de Educación (LGE), la derogación de 15 de sus artículos y la modificación de ocho leyes de los últimos años que refieren a la educación.
Uno de los aspectos que preocupa por igual a los investigadores es la “tendencia privatizadora” que se desprende del proyecto. Según Cano “hay una serie de artículos que tienen una orientación privatizadora o tendientes a generar las condiciones institucionales para eso”. Mencionó que el ejemplo más claro es la eliminación de un fragmento del artículo 14 de la LGE que prohíbe asumir acuerdos que “directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización”.
Cano unió esta eliminación con el discurso de asunción en el Parlamento del presidente Luis Lacalle Pou, quien dijo que hay “una posibilidad inminente de que universidades del mundo vengan a complementar el sistema educativo en materia de tecnología, información y comunicación que pueden significar un fuerte apoyo para la necesaria descentralización demográfica y económica de nuestro país”. Cano puntualizó: “En los próximos meses tendremos la oportunidad de ver si la asociación entre una propuesta de modificación y esta mención en el discurso es pertinente o no”.
A su turno, Martinis agregó: “Cuando hablamos de movimientos que tienden a generar niveles de privatización en la educación, también tiene que ver con las formas de conducción de la educación pública”. El investigador señaló que no sólo se eliminan los consejos desconcentrados de la Administración Nacional de Educación Pública, sino que además se quita el requisito de tener diez años de experiencia en la educación pública para ser parte del Consejo Directivo Central.
Además, “se elimina lo público del actual Sistema Nacional de Educación Pública y se altera la forma de conducción, ya que deja de existir la comisión coordinadora actual para la instalación de una coordinadora con un lugar relevante de actores de la educación privada, la educación policial y militar, donde además la Udelar ve retaceada su participación”, detalló Martinis, y enfatizó: “Hay un punto bien claro: la supresión del adjetivo ‘público’ no es una cuestión retórica, sino que tiene profundas consecuencias”.
Defensa del principio de autoridad
El investigador Jorge Camors resaltó en su intervención el nuevo rol que tendrá el MEC si se aprueba el borrador de la LUC. “Hay una defensa del principio de autoridad cuando vemos que todo se modifica en función del MEC, que aparece como una institucionalidad, pero sigue siendo un ministerio, es decir, una secretaría de Estado del presidente de la República; hay una estructura vertical que remite a la presidencia”. Camors enfatizó: “Se recuesta toda la educación sobre un ministerio y en realidad es dejarla en los hombros de un ministro, porque puede tener muchos equipos pero está habilitado a tener una participación unipersonal. De esta forma, los docentes pierden espacio de participación y seguramente perderán entusiasmo en el desempeño de sus tareas, así como se verá afectada la valoración social que tenían. La profesionalidad se basa en la autonomía relativa, y se desdibuja si se la ubica en una cadena de mando. Se pierden las garantías de un sistema y queda todo librado a lo individual de un ministro, de un director. Habría que pensar cómo robustecer el ambiente y la cultura para facilitar la participación y los procesos educativos de todas las personas a lo largo de toda la vida”.
Formación docente
Martinis comentó los cambios en la formación en educación, que pasa a llamarse formación docente. En el anteproyecto de la LUC se conforma un Programa Nacional de Fortalecimiento de la Profesión Docente en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), al que, subrayó Martinis, “se le otorga una centralidad en los asuntos de formación docente”. El programa tiene entre sus cometidos generar un Sistema Nacional de Becas para los estudiantes de formación docente universitarios, pero al mismo tiempo en el borrador de la LUC “se elimina el carácter universitario de la formación docente, por lo que una primera interpretación es que son becas para las universidades privadas, que por el momento son las únicas que ofrecen formación docente de carácter universitario”.
La LUC prevé un procedimiento voluntario por el que cada instituto de formación docente del país podría postularse para acceder al nivel universitario. Martinis advirtió: “Podríamos tener un sistema de formación docente en que algunos de los institutos fueran universitarios y otros no, y esto supone una fragmentación del sistema e instalaría un principio de competencia entre estos institutos para lograr el carácter universitario y para captar los recursos de las becas propuestas”.
Nuevas reglas para los docentes
El anteproyecto de la LUC habilita la creación de un nuevo estatuto del personal docente, paralelo al actual. Se establece que para el desarrollo de la carrera se tomará en cuenta el compromiso con el proyecto de centro que manifieste el docente, “sin definir qué se entiende por compromiso”, puntualizó Martinis. “Las compensaciones salariales y otros beneficios a los que acceden los docentes pueden estar supeditados al cumplimiento de metas de política educativa; pero tanto en la evaluación del trabajo docente como en la continuidad y conformación de los planteles se establece que las decisiones vinculadas a esto podrían ser delegadas a los directores de los centros. Acá se puede ver una fragmentación de los sistemas en términos de logros de estas metas y de la evaluación a los docentes”.
Para el investigador “este punto es central, no porque la ley plantee esto, pero ciertamente abre las puertas para que se den los primeros pasos para la constitución de un sistema educativo fragmentado, en que diversas instituciones educativas compiten entre sí por la captación del alumnado, por la captación del financiamiento estatal, al estilo de las escuelas charter, escuelas autónomas que reciben financiamiento estatal pero operan independientemente, donde el carácter público de la institución queda definido exclusivamente por ser una institución gratuita y que en principio no pondría requisitos para el ingreso”.
Cano sintetizó: “Es de esperar que el subconjunto de cambios sobre educación en la LUC tengan tres efectos principales”: la desarticulación del sistema terciario superior público, concentrando atribuciones en el MEC y debilitando la posibilidad de elaboración de políticas y articulaciones entre los entes autónomos de la enseñanza; la quita de peso político y representatividad a la Udelar; y la apertura de mecanismos de transferencia al ámbito privado, como pueden ser las becas de formación docente, por lo que concluyó que “se visualiza un crecimiento del poder de las instituciones privadas”.
Libertad de cátedra
El borrador de la LUC sustituye el término “libertad de cátedra” por el de “autonomía técnica”, manteniendo la misma definición. Este cambio ya fue descartado por el jerarca del MEC, Pablo da Silveira, quien al asumir su cargo en el ministerio dijo que no se van a “empantanar en discusiones terminológicas”. La docente Andrea Díaz profundizó en el tema durante su intervención y se preguntó: “Siendo que hay una tradición de libertad de cátedra, es decir, la libertad de exponer un tema, tomar posicionamiento y opinar: ¿por qué el cambio de término? ¿Es reducir una posibilidad que es frondosa y se ha conquistado con mucho esfuerzo a un simple elegir el método?”.
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