Nuevo protocolo para inicio de clases: dos metros de distancia, barbijos especiales y sin hisopado para los docentes

“El próximo martes estaríamos con un nuevo protocolo”, dijo a la diaria José Olivera, representante de la coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay (CSEU) luego de la reunión que mantuvieron este jueves varios delegados con el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El objetivo principal de la reunión fue ultimar detalles para un protocolo sanitario que garantice las condiciones de trabajo para docentes y funcionarios de la educación cuando se retomen las clases presenciales.

El protocolo no se firmó este jueves porque hay un punto en particular que preocupa a algunos sindicatos. La ANEP, a mediados de marzo, cuando se desató la emergencia sanitaria, estableció que la población de riesgo eran los mayores de 60 años, y lo mantuvo con la reapertura de las escuelas rurales; sin embargo, ahora el Codicen plantea subir esa edad a 65 años, tal como sugiere el Ministerio de Salud Pública (MSP), por lo que muchos trabajadores que estaban en la población de riesgo deberán volver a las tareas.

“Cuando se ve el detalle de las enfermedades prevalentes o la comorbilidad que aparece en este nuevo protocolo, sumado a mayores distancias entre las personas –ahora se habla de dos metros en vez de metro y medio– el Codicen entiende que se podría pasar a los 65 años para definir la población de riesgo. Pedimos un cuarto intermedio para poder debatir este punto y el martes llegar a un acuerdo”, explicó Olivera.

Urge la aprobación de este protocolo porque ya hay personas trabajando en las dependencias centrales de la ANEP que lo necesitan como garantía sanitaria, porque el que está vigente “tiene algunos vacíos conceptuales”, opinó el docente, y este que se firmará “es superador”, agregó.

Un protocolo diferente

El protocolo que se aplicó a las escuelas rurales es una base, pero el nuevo texto es más general e incluye, por ejemplo, aspectos para la atención al público. Uno de los cambios más notorios es el aumento en la distancia que deberán tener las personas: dos metros de separación intrapersonal en todos los ámbitos.

Otro de los cambios es que ya no se realizarán hisopados nasofaríngeos a los docentes que se trasladen desde localidades con circulación del virus; pero sí se acordó que el personal que presente síntomas tendrá prioridad para hacerse el test de covid-19 en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en coordinación con el MSP.

Los tapabocas también serán novedad: se entregarán unos “con una estructura que permite hablar y respirar mejor porque es algo que se va a tener que usar de forma permanente”, aclaró Olivera. Tanto los tapabocas como la ropa, guantes y otros elementos de protección para el personal de servicio irán por cuenta de la ANEP.

El protocolo no establece uso de tapabocas para los estudiantes porque sólo contempla a los trabajadores. “Algo que habrá que preguntarle a la administración es cómo va a ser el protocolo con los estudiantes, porque la responsabilidad de las condiciones de salud del estudiantado es de ellos”.

¿Cómo mantener las distancias?

El problema que sigue sobre la mesa es cómo hacer para mantener las distancias físicas con la cantidad de estudiantes que tienen los centros urbanos. “Hay una fórmula en el protocolo que es muy interesante: en lo que refiere al distanciamiento físico sostenido, en el punto 11, dice que las tareas y procesos laborales deben planificarse para mantener una distancia aconsejada interpersonal de dos metros, barrera de protección o en su caso uso de mascarilla. La realización del trabajo –esto es, cómo vamos a volver y en qué condiciones– tiene que devenir de la aplicación del protocolo”, comentó Olivera.

Esto significa que “en un grupo de 30 estudiantes no podrán ir más de 10 por día; en algunos lugares podrán ser ocho; en algunos podrán ser cinco, dependiendo del tamaño del centro. Hay condiciones para aprobar criterios generales; después, cómo eso se aplica a la realidad concreta, va a depender de cada institución”, aclaró el dirigente sindical.

El problema de la distancia es particularmente importante en los casos de educación especial –donde se trabaja con niños y adolescentes en situación de discapacidad– y educación inicial. Por eso la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Enseñanza pidió que, en caso de un regreso paulatino a las actividades presenciales, estas dos poblaciones sean las últimas en volver, aclaró a la diaria Elbia Pereira, secretaria general de la federación.

La última palabra

Este jueves el presidente Luis Lacalle Pou dijo que el miércoles 20 en conferencia de prensa anunciará novedades sobre la apertura de las escuelas, pero adelantó que, por ahora, no se avanzará en liceos y UTU.

La primera consulta de los gremios al Codicen fue sobre este anuncio, comentó Olivera, y agregó que Robert Silva, presidente de la ANEP, “fue clarísimo y categórico al decir que desconocían el contenido del anuncio del presidente; sabían que había un grupo de asesores que estaban elaborando informes, pero el Codicen no tiene conocimiento, porque, además, en las últimas horas no habían hablado con el presidente de la República”.

Una de las sugerencias que hicieron los gremios fue que “en esos contactos que tuvieran los consejeros del Codicen con el presidente se defina el tiempo de implementación del protocolo, antes de cualquier anuncio a la sociedad”. Con este comentario los gremios tratan de evitar “el error que se cometió con las escuelas rurales, cuando se dijo que el 22 de abril iban a comenzar 972 escuelas y al final lo hicieron poco más de 300”, dijo Olivera.

“Hay que definir las condiciones previamente; luego, verificarlas con la realidad y solucionar las cosas que no están resueltas; eso lleva tiempo”, puntualizó el docente, y afirmó que el Codicen está de acuerdo con esto. Para Olivera, “el problema es que hay definiciones que se toman en el Poder Ejecutivo y a veces no están sustentadas en una coordinación fuerte en que las autoridades concretas que tienen el sostén del servicio informen adecuadamente sus condiciones, y eso puede inducir a errores”.

De todas formas, para Olivera quedó claro que, “en última instancia, el retorno es una determinación que tiene que tomar el Poder Ejecutivo, y lo que le compete a la ANEP es asegurar las condiciones de salud. Eso es lo que lleva a discutir el cómo se reintegra y no el cuándo, que es decisión del gobierno nacional”.