El domingo 21 de junio había en Treinta y Tres 18 casos de covid-19, se reunía en carácter de urgente el Centro Coordinador de Emergencias Departamental y se esperaba la presencia, al otro día, del presidente de la República, debido a la preocupación que generaba a nivel nacional ese brote. A raíz del aumento de los casos, varios sindicatos de la enseñanza, entre ellos las filiales departamentales de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU), resolvieron un paro de actividades para el lunes 22. “Ya que no había respuestas inmediatas del gobierno, la filial de Fenapes Treinta y Tres decide convocar a un paro por razones sanitarias el 22 de junio”, explicó Marcel Slamovitz, presidente de la federación. En la tarde de ese lunes la Administración Nacional de Educación Pública resolvió suspender las clases presenciales en la capital olimareña primero y, a los pocos días, en todo el departamento.

Pero este martes el Plenario Departamental del PIT-CNT alertó que el director del liceo de La Charqueada fue sancionado por la inspectora departamental del Consejo de Educación Secundaria (CES) por haber adherido al paro del lunes, una medida que, destacan, “tuvo un carácter especial, en tanto su principal objetivo fue preservar la salud de la población del departamento”.

Al igual que el comunicado del Plenario Departamental del PIT-CNT, Slamovitz aseguró que el caso constituye “una clara persecución sindical”, e informó que ya se presentó un recurso jurídico en contra de la sanción y se exigió el inicio de una investigación administrativa. Según Slamovitz, “los directores son parte de la carrera funcional y tienen derecho a hacer paro”. Añadió que la sanción es “una clara violación al derecho de huelga y agremiación”, y mencionó que los antecedentes de sanciones a directores por tomar medidas de lucha se remontan a la década de 1990. Este sábado Fenapes tendrá una reunión con los directores e inspectores agremiados y con abogados de la federación, “para dar garantías y apoyo de Fenapes a esos compañeros que son parte del sindicato. Nosotros reivindicamos la carrera funcional, porque somos todos profesores”.

A su entender, la sanción “es parte de una política autoritaria que viene del Codicen, del CES”, y que continúa en la misma lógica de la prohibición de colocar carteles en los liceos que atenten contra la laicidad y la prohibición de usar tapabocas con la leyenda “#EducarNoLUCrar”. Fenapes ya presentó un recurso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos en contra de la resolución del Consejo Directivo Central (Codicen) que prohíbe la cartelería en los liceos, y este jueves presentará otro recurso en contra de la resolución del CES que prohibió “terminantemente” el uso de los tapabocas con la leyenda “#EducarNoLUCrar”. “Hay una limitación al derecho de sindicalización que nos parece evidente”, aseguró Slamovitz.

Carteles y leyendas

El comunicado del Plenario Departamental del PIT-CNT también alertaba por la orden, emitida por la misma inspectora departamental, de retirar un cartel colocado sobre la acera frente al liceo 1 de la capital de Treinta y Tres, que decía: “Para que la educación pública continúe siendo laica y gratuita”, y estaba firmado por el sindicato de docentes. El comunicado destaca que el contenido del cartel “precisamente reivindica el carácter laico que a nuestra Educación Pública legó José Pedro Varela”, siendo que la resolución del Codicen ordena retirar toda cartelería que “atente contra los principios rectores de la educación”, en particular el de la laicidad.

Las dos situaciones son objeto de investigaciones administrativas, informaron este miércoles en la Comisión de Educación de Diputados las autoridades del CES, que concurrieron junto con las del Codicen, convocadas por el representante del Frente Amplio Sebastián Sabini a raíz de las dos resoluciones, la de los carteles y la de los tapabocas. Allí las autoridades confirmaron que no hay docentes sancionados por el uso de tapabocas, porque nunca llegaron a usarse.

Tras cerca de cinco horas de sesión, el presidente del Codicen, Robert Silva, aseguró que los centros educativos no pueden ser “rehenes de debates de diversa naturaleza, embanderando instituciones educativas con una de las posturas”, e incluso mencionó que se va a “trabajar por devolverle la dignidad a tanto edificio público educativo que lo tenemos con pinturas en sus fachadas desde hace tantísimo tiempo, en vez de poner en jerarquía nuestra educación”.

Sabini manifestó su postura contraria, aseguró que las medidas “cercenan la libertad de expresión”, y se preguntó qué pasará cuando se dé la discusión presupuestal, que año tras año genera movilización docente y estudiantil. “Si queremos que los centros de estudio sean espacios de formación ciudadana, la discusión de los temas de actualidad es fundamental, es parte sustantiva de la democracia, y no puede haber generación de ciudadanía si no hay debate, discusión y resolución de conflictos”, afirmó.