Después del paso de la Rendición de Cuentas por la Cámara de Diputados, la Universidad de la República (Udelar) obtuvo recursos no previstos en el mensaje original del Poder Ejecutivo para el Hospital de Clínicas y para la instalación de una agenda de investigación para la generación y producción de vacunas. No obstante, la principal institución universitaria del país va por más en el Senado. Una delegación de la Udelar encabezada por su rector, Rodrigo Arim, compareció la semana pasada en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la cámara alta y, según consta en la versión taquigráfica, el jerarca reconoció los esfuerzos realizados en Diputados, pero planteó la necesidad de contar con más recursos para atender “necesidades urgentes”.
En concreto, el rector señaló que los funcionarios de la Udelar perdieron 5% de salario real a enero de 2021 y, en ese sentido, la universidad sigue siendo el organismo estatal que paga peor a sus profesionales. Al respecto, valoró que “si seguimos deteriorando el salario universitario estamos deteriorando la base académica y científica del Uruguay, que de por sí es frágil”.
Arim también planteó la necesidad de atender el importante crecimiento de la población estudiantil en la institución, que tuvo un aumento de más de 16%. Según explicó, las estimaciones de la institución proyectan un incremento de 143.000 a 147.000 estudiantes para el final del quinquenio y eso “preocupa”: “Tenemos más estudiantes y no podemos contratar más docentes”, fundamentó. El rector planteó a los senadores que si bien el crecimiento del estudiantado “es una buena noticia para el país”, debe acompañarse de un fortalecimiento de equipos docentes, equipos de funcionarios no docentes y becas de estudio, además de nueva infraestructura.
“Si comparamos el vínculo entre cantidad de estudiantes y horas docentes con Argentina, Brasil, Chile y ni que hablar con el mundo desarrollado, Uruguay muestra un comportamiento particularmente negativo. Además, lo que habíamos logrado hacer en los últimos tiempos, que era mejorar este ratio, se viene deteriorando a pasos acelerados”, planteó Arim.
El jerarca también detalló que en 2021 la matrícula de la Udelar creció en todos los departamentos del país, por lo que el número de estudiantes que permaneció en lugar de origen aumentó en comparación con 2019. Si bien valoró que la institución contará con 100 millones de pesos más al final del período para atender sus políticas en el interior, entendió que la Udelar afronta el desafío de mantener conectados a esos estudiantes “en un contexto en el que se está retomando la presencialidad”.
Al respecto, aclaró que “casi la mitad” de la matrícula “está desarrollando su formación en el interior”, y especificó que eso ocurre tanto en los Centros Universitarios Regionales como en servicios de Montevideo, con una cursada a distancia desde el departamento de origen del estudiante. “Es habitual que algo menos de un tercio permanezca en su lugar de origen, fundamentalmente en Canelones y San José, el área metropolitana. Pero estamos hablando de que ahora hay un salto discreto muy relevante en esta área. Esto representa un desafío para el país. Estamos hablando de miles de jóvenes que están estudiando y a quienes, de alguna manera, en el nuevo contexto que estamos transitando, tenemos como país la obligación de generarles alguna certeza de cómo van a poder mantener este derecho”, consideró el rector.
Arim también se refirió a la necesidad de una fuerte política de becas para atender ese derecho y señaló que la demanda de ese tipo de apoyos aumenta todos los años. El jerarca mostró ante la comisión que en 2018 se logró cubrir 17,7% del total de las becas solicitadas, pero en 2020 ese número bajó a 10,6%. “Las becas son un instrumento de protección social que debe tener, necesariamente, un comportamiento anticíclico. Es un contrasentido que ante una circunstancia de crisis, cuando los jóvenes más necesitan apoyo económico dado que sus familias de origen tienen dificultades para sostenerlos en la vida universitaria, el país tome la decisión de restringir el número de becas que otorga”, consideró.
Sobre la partida adicional que el Parlamento votó el año pasado para ese fin, Arim indicó que permitió “revertir muy parcialmente” la reducción de la capacidad de cobertura. Sobre los datos presentados, dijo que la baja de cobertura se explica porque hubo “un importante aumento en la demanda”. En ese sentido, explicó que los recursos incrementales apenas sirvieron para otorgar “cerca de 250 becas adicionales” en 2020. “Estamos muy lejos de un estándar de racionalidad, de adecuación y pertinencia”, concluyó el rector.
Según el articulado votado este jueves en comisión, se plantea otorgar 25 millones de pesos anuales más para el rubro becas, que salen del presupuesto de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Además, se votaron otros 25 millones para el desarrollo de actividades en plataformas digitales.
Contra la autonomía
Arim también cuestionó un artículo de la Rendición de Cuentas que no estaba previsto en el mensaje del Poder Ejecutivo y fue agregado en Diputados. Se trata del artículo 16 de la versión votada en la cámara baja, que de aprobarse obligaría a que los contratos de obra con personas físicas requieran informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o de la Contaduría General de la Nación.
El rector consideró que la Constitución de la República “establece que los entes autónomos de enseñanza no pueden estar sujetos a controles de pertinencia o conveniencia por parte del Poder Ejecutivo” y en el mencionado artículo “hay un control”. En suma, estimó que “no corresponde que en un ente de enseñanza que analiza la contratación en un arrendamiento de obra –por ejemplo, para contratar docentes a fin de brindar cursos–, haya una intervención de esta naturaleza”.