El grupo de Profesores Jubilados de la Enseñanza Media que se conformó semanas atrás emitió una carta pública a través de la plataforma digital change.org, por la que invita a otros docentes retirados a firmarla. En la nota, se plantea que el 21 de diciembre se cumplió un año de la primera resolución que tomaron las autoridades de Secundaria para rever una resolución de 2019 sobre 14 profesores del liceo 1 de San José que se habían tomado una foto dentro del centro educativo con carteles contra la reforma Vivir sin miedo, más allá de que no había estudiantes dentro del local.

Para el grupo de profesores jubilados, los fundamentos de la acusación de violación de laicidad son “inconsistentes, falaces e injustificados” y “están inspirados en una clara postura antisindical”. Al respecto, valoran que “la actitud autoritaria y punitiva desterró toda valoración técnica y profesional de los docentes cuestionados y pretendió poner en tela de juicio su ética y menoscabar su dignidad”. Además, cuestionan las resoluciones de la división Jurídica de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) que sugiere la destitución de tres de los profesores investigados sobre las que aún las autoridades no se expidieron. Sobre esa demora, el colectivo entiende que se trata de “un hecho sin precedentes desde la recuperación democrática” que “somete a los colegas a una tensa espera, preñada de amenazante incertidumbre”.

Según los profesores jubilados, esa medida no se trata de un hecho aislado, sino que quienes ocupan cargos directivos en la DGES realizan una “manifestación permanente de una función fiscalizadora-moral”. El colectivo agrega que ello “desdice de la función directivo-pedagógica” que deberían ejercer y “despoja al organismo del sentido de cuerpo unido por la responsabilidad social de ejercer y conducir los procesos educativos que le competen”. Entre otros episodios de ese estilo, la carta nombra a la comisión parlamentaria que investiga las inasistencias de docentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, el pedido de información funcionarial de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU realizado por la senadora nacionalista Graciela Bianchi y la investigación a docentes integrantes del Consejo Asesor Pedagógico del Liceo IAVA](https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2021/12/profesores-del-iava-pararan-el-jueves-en-rechazo-a-denuncia-contra-dos-docentes-que-salieron-en-defensa-de-estudiantes/).

En la carta pública se establece que “la suma” de actos “condenatorios” o “enjuiciadores” del trabajo docente parece poner a estos profesionales en situación de ser “sospechosos de delito educativo”. Al respecto, se señala que ello “va contra el espíritu mismo de educar” y que “educar para la democracia” implica hacerlo “en democracia”, lo que “no se cumple bajo la amenaza, la desconfianza y el desconocimiento de la profesionalidad de quienes se han formado como educadores”, principalmente “de quienes han ejercido impecablemente su profesión”.

Desde el colectivo se invita a otros profesores jubilados a firmar la nota y, de esa forma, “respaldar” y “acompañar” a los docentes en ejercicio, que están amenazados de recibir sanciones si se expresan al respecto, según consideran.