El colectivo de Familias Organizadas de la Escuela Pública emitió un comunicado después de que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, ratificara que el gobierno pretende que el próximo lunes 3 de mayo retomen de forma gradual las clases presenciales, en particular con las escuelas rurales.

“La infancia blinda abril”, aseguran desde el colectivo, y plantean que a comienzos de año pensaron que “la pandemia no nos puede sorprender dos veces”. “Desde las autoridades del gobierno se planteó una postura de empatía desde el discurso, haciéndose eco de lo defendido por la comunidad científica: ‘la escuela es lo primero que se abre y lo último que se cierra’. Sin embargo, las medidas alternativas que permitirían bajar la movilidad y la circulación del virus para que las escuelas pudieran seguir abiertas no acompañaron el discurso”, señalan las familias nucleadas.

Detallan que en marzo hubo 172 brotes, que implicaron 934 casos de coronavirus en el total de los centros educativos, desde inicial a educación media y tanto públicos como privados. Plantean que las clases presenciales se suspendieron en todo el país pese a que en seis departamentos –Río Negro, Flores, Durazno, Salto, Treinta y Tres y Lavalleja– “los contagios identificados en centros educativos eran nulos”, y señalan que del total de casos en marzo, 28.244 según citan del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de covid-19 (Guiad-Covid-19), los vinculados a centros educativos eran 3,3% del total.

“El argumento para suspender la presencialidad fue la gran movilidad que la educación genera, y que era necesario disminuirla para disminuir así los contagios. La pregunta que cabe hacerse entonces es: ¿qué hizo el gobierno para que la escuela fuera lo último que cerrara?”, cuestiona el colectivo, que reafirma que “la educación hizo su parte” y que pese a llevar 35 días de suspensión de la presencialidad “los contagios no han disminuido, y por el contrario, los casos activos pasaron de 15.000 a 28.000 y los fallecimientos están muy por encima de las proyecciones del GACH, que advertían 600 muertes para el mes de abril si no se disminuía la movilidad”.

Afirman que “los niños y adolescentes han sido una de las pocas variables de ajuste en esta pandemia” y que su situación es “alarmante”. Entre otros datos, mencionan que 42% de los menores de 12 años vive en hogares por debajo de la línea de pobreza, en su mayoría con jefatura femenina, que se registran 13 denuncias por día por violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que nueve de cada diez agresores son familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia, que 29,6% de la población tiene inseguridad alimentaria, que hay 25.000 estudiantes que no se han conectado a las plataformas del Plan Ceibal y que, según el último informe de Aristas, la falta de presencialidad profundiza las brechas educativas.

En vistas de los anuncios sobre el retorno a la presencialidad, las familias plantean dudas: “¿Qué se hizo o se está haciendo para que ese retorno sea sostenible en un contexto más adverso que cuando se suspendieron las clases el 23 de marzo? ¿Se tomarán otras medidas para reducir la movilidad y así reducir los contagios o dentro de poco volverán a cerrar las escuelas nuevamente como variable de ajuste? ¿Se incrementaron los recursos humanos y financieros para que las escuelas puedan efectivamente cumplir los protocolos sanitarios?”.

Aseguran que “cuidar la infancia debe ser prioridad siempre, pero en este contexto debería ser un desvelo de la sociedad entera”.