El Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición (ODA-EN) de la Universidad de la República rechazó en una nota los dichos de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien en la sesión del Senado del martes se refirió al hambre. “Hambre es no tener qué comer, y está asegurado que todos los hogares, por acción del Estado y por acción de la sociedad civil, reciban la comida diaria”, aseguró la legisladora, y añadió: “Hambre es poner en una lata una papa y no poder resistir a que se cocine e ir comiéndola de afuera hacia adentro como los europeos lo vivieron en la guerra”.

En la declaración, el Observatorio define al hambre como “una sensación física incómoda o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria”, y al hambre crónica como lo que ocurre cuando ese consumo insuficiente “se sostiene en el tiempo”. Señalan que las personas con hambre crónica padecen inseguridad alimentaria, y que determinar cuántas personas se encuentran en esa situación “sólo acepta el uso de instrumentos validados, que mucho distan de visiones parcializadas, subjetivas y limitadas”.

“Las personas que suelen quedarse sin alimentos y, en los peores casos, pasar un día o más sin comer padecen una situación de inseguridad alimentaria grave. Mientras que, en el nivel moderado, se encuentran quienes sufren incertidumbre en cuanto a su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligadas a aceptar menos calidad o cantidad en los alimentos”, señalan.

Informan que en Uruguay 6,4% de la población sufre inseguridad alimentaria grave y 23,3% inseguridad alimentaria moderada, según el último reporte de la FAO Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe 2020. Esos mismos valores en América del Sur se ubican en 7,7% y 29,4%, respectivamente.

La llegada de la pandemia por coronavirus, añaden, está generando una “triple crisis (sanitaria, económica y social) combinada y asimétrica”, por lo que consideran que “la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria es una condición latente que merece ser atendida”.

“En un país donde la disponibilidad de alimentos está asegurada, el que la sociedad civil tenga que sostener la alimentación de miles de uruguayos evidencia la grave situación de injusticia alimentaria y violación del derecho de todo ciudadano de elegir libremente cómo, cuándo y con qué alimentarse”, afirman. A su vez, apuntan que el hecho de que “29,6% de los uruguayos se encuentre en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave da cuenta de que la voluntad y el accionar político no han sido suficientes para construir instrumentos que faciliten o favorezcan un acceso justo y sostenible a los medios de vida que se necesitan para producir o adquirir los alimentos”.

Si bien reconocen las acciones del Estado y la sociedad civil en materia de alimentación, señalan: “Desde el ODA-EN no podemos aceptar que se afirme la inexistencia de compatriotas padeciendo hambre. Negar la situación que hoy sufren muchos uruguayos y uruguayas es una irresponsabilidad que atenta contra las obligaciones que el Estado debe cumplir para garantizar el Derecho a una Alimentación Adecuada”, concluyen.

La senadora respondió a esta declaración del Observatorio. En su Twitter dijo que el concepto de emergencia alimentaria “es propio de quienes durante mucho tiempo encubrieron la pobreza por intereses políticos, teniendo muchos recursos que se despilfarraron. ¡Pueden y deben rendir más!”, y dijo que le causa “indignación y vergüenza que esas tres instituciones que se dedicaron a contestarme sean de la UDELAR. Algún día podremos tener una universidad pública que financiamos todos los contribuyentes, bien lejos de intereses político/ partidarios, como lo eran antes”.