La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) definió la realización de un paro de 24 horas el miércoles 18 de agosto, fecha que coincide con un paro convocado por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Los sindicatos de la educación llaman a participar en una caravana convocada por COFE hasta el Palacio Legislativo, comunicó la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu). Además, sobre el mediodía la CSEU realizará un acto en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se discute el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2020 del gobierno, principal motivo de la paralización, explicó a la diaria Patricia Massiotti, presidenta de Afutu. Agregó que cada sindicato puede incluir sus propias reivindicaciones, pero los recursos para la educación que se dispone a votar el Parlamento son la principal reivindicación común de todos los sindicatos. La CSEU plantea que con las herramientas presupuestales el gobierno ha establecido “recortes” de recursos y pérdida del salario real de los trabajadores.
La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), que resolvió sumarse a la paralización, publicó en sus redes sociales que el salario de los trabajadores públicos y privados “se desplomó”, con una caída de 5% y 4%, respectivamente. Al mismo tiempo, la FUM señala que en el entorno de 120.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de pobreza el año pasado y que 35.000 de ellos son niños y jóvenes. “Existe un relato que pretende explicar todos estos problemas con la pandemia, intentando minimizar las decisiones políticas del gobierno”, entienden desde la federación. En concreto, se señala que se registran “recortes en alimentación escolar” y en programas como Maestros Comunitarios y Maestros de Apoyo a Ceibal, entre otros.
En suma, desde la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) se denunció que en ese subsistema se recortaron 40.000 horas docentes por mes. Por su parte, el sindicato calcula que si se suman las horas que quedan vacantes porque no fueron asignadas por retrasos en la elección de horas, al final de 2021 se habrán dado un millón de horas menos que el año pasado. Fenapes sostiene que, a cinco meses del inicio de los cursos, hay 7.836 horas semanales vacantes en secundaria.
Los sindicatos de la educación reclaman una recuperación salarial y, en ese sentido, un ajuste salarial equivalente a 100% de la inflación en 2021. Además, como desde hace años piden que se llegue a una inversión equivalente a 6% del producto interno bruto para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República.
Alimentación escolar
La FUM pidió al Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP que el miércoles otorguen tickets de alimentación a las familias de los niños que concurren a los comedores. Mediante una carta, Robert Silva, presidente del Codicen, valoró el pedido del sindicato, pero pidió que “formalmente” se establezcan guardias gremiales para que “ni un solo comedor” permanezca cerrado el día del paro.
Asimismo, sostuvo que es “absolutamente imposible” generar mecanismos de distribución de tickets a escolares en centros educativos “entre el próximo lunes y martes a nivel de todo el país, porque además de no contar con stock a la fecha, el sistema de distribución de tickets ha sido absolutamente extraordinario para atender el sistema de alimentación de emergencia establecido por la Dirección General de Inicial y Primaria [DGEIP]”.
Pero además, aseguró Silva, ello implicaría saber de “antemano” qué docentes adhieren al paro, o “eventualmente qué centro no abrirá sus puertas, con anterioridad a la concreción de la medida gremial, lo que no compartimos por las implicancias que ello podría tener en el marco del derecho a la huelga que la Constitución Nacional establece para todos los trabajadores”.
Según datos de la DGEIP, el presidente del Codicen informó que cuando semanas atrás la Asociación de Maestros de Montevideo hizo un paro por la agresión a una docente en una escuela de Punta de Rieles hubo 150 comedores que no abrieron y 10.000 niños que por esa medida no comieron. En una rueda de prensa, Silva dijo que desde la ANEP iban “a transitar un camino de diálogo, porque sabemos que va unido a la profesión”, aunque sostuvo que “si nos ponemos piedeletristas”, esta no es una cuestión “estrictamente” del docente. “Lo que pasa es que en un comedor también se educa, se forma, se acompaña, se da cariño”, agregó.
En una nota de respuesta a Silva, la secretaria general de la FUM, Elbia Pereira, plantea que, dado el escaso tiempo de su pedido y los mecanismos de toma de decisiones con los que cuenta la federación, que debe consultar a 20.000 maestros y 5.000 funcionarios no docentes, no es posible implementar una guardia gremial. No obstante, sostiene que la propuesta de otorgar tickets a las familias sí sería aplicable, ya que se ha implementado con poco tiempo de antelación ante el cierre de espacios escolares por motivos sanitarios. Además, Pereira expresó que la FUM queda a disposición para generar instancias de diálogo para concretar soluciones a futuro, “siempre que exista por parte de las autoridades verdadera voluntad de negociación”.