Durante tres días, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) se reunirá en la sede del PIT-CNT y la Asociación de Funcionarios Judiciales para debatir sobre la educación pública y profundizar en las políticas educativas, con el fin de elaborar propuestas acordadas en colectivo.

48 horas antes del inicio del congreso, la Dirección General de Educación Secundaria informó al sindicato que los docentes que asistan al congreso no tendrán la falta justificada, como se había solicitado. Según esgrimió vía Twitter el secretario general de la federación, Emiliano Mandacen, la justificación fue pedida por Fenapes hace más de un mes, concretamente el 4 de octubre. “Esto comprueba que no hay respeto por los espacios democráticos y representativos para la construcción de un debate con respecto a la política educativa”, sentenció. Aún así, Mandacen convocó a “estudiar y analizar y más congreso que nunca”.

El viernes a las 18.30, en el PIT-CNT será la primera instancia del congreso y la apertura constará de la presentación del libro La política educativa en Uruguay. Experimentos y alianzas empresariales para lucrar con el derecho a la educación. Esa instancia estará a cargo de la coordinadora de la publicación, Gabriela Bonilla; Carlos Díaz, de la Internacional de la Educación (IE); José Olivera, presidente de Fenapes; y el politólogo Gabriel Delacoste, que escribió el prólogo del libro.

En diálogo con la diaria, Bonilla, licenciada en Pedagogía y Antropología Social de la Universidad de Costa Rica, explicó que desde el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa de la IE venido desarrollando investigaciones sobre “cómo se forma, cómo opera, cómo se instala y cómo se van consolidando los formatos de comercio educativo y de privatización de la educación”.

El surgimiento del libro se enmarca en una serie de publicaciones en varios países de la IE, a raíz de que, desde 2016, vienen constatando que “los formatos de comercio educativo que están presentes en Uruguay, Colombia, Costa Rica y en República Dominicana, no son iniciativas totalmente endogámicas, es decir, no se inventan sólo en ese país, sino que están alineadas con agendas globales internacionales”, aseguró Bonilla.

Asimismo, especificó que más recientemente ha tomado fuerza que “los actores no estatales sean protagónicos en la definición de la política educativa: es decir, ya no estarían solamente vendiendo servicios, sino que están sentados a la mesa, pensando y definiendo la política pública”.

El “desmantelamiento” de los estados

Desde el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa les “llamó la atención” que en Uruguay haya un “laboratorio de desmantelamiento del Estado”. Según Bonilla, a través de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “el Estado uruguayo se está endeudando para hacer experimentos que finalmente desmantelarán la educación pública”. Esto sucede, dijo, tanto en Uruguay como en los demás países de América Latina, y resaltó que el proceso de privatización de la educación y de desmantelamiento del Estado “no se están llevando adelante en espacios de negociación, sino a través de proyectos de préstamos”.

Bonilla narró que los proveedores y gestores privados van adquiriendo una “gran legitimidad” a partir de la existencia de una “narrativa de desacreditación de lo público, de un gran mito que hay a favor de lo privado y que nos hace creer que lo privado es la innovación, que son realmente los más transparentes y que tienen una gran agilidad”.

Afirmó que, entonces, esta narrativa “se impone” y habilita la naturalización de que haya organizaciones no gubernamentales y empresas transnacionales “sentadas dentro de los ministerios y dentro de las instituciones públicas, recibiendo dineros públicos para generar servicios”.

En resumen, podría decirse que se trata de un círculo: “Endeudarnos para privatizar, endeudarnos para que los grupos privados operen la política pública y vayan sustituyendo el Estado”. Apuntó a que en las alianzas público-privadas, “finalmente, lo que ves es un continuum del control de los grupos privados empresariales sobre el Estado, donde se controlan los recursos y el sentido de ese diseño de política pública”.

Por último, subrayó que “algo muy peligroso” de las narrativas de las alianzas público-privadas es que aparece la idea de que “no son ideologizadas, que no responden a las viejas políticas ni a la línea de algunos grupos políticos, pero esto es falso”. Según Bonilla, “sí hay una ideología detrás de defenestrar al Estado” y “de insistir en que el Estado es fallido y en que los fondos públicos tienen que ser gestionados por actores privados”.

El caso de Uruguay

El ejemplo más notorio e “importante” que registró en Uruguay y que cumple con estas características es la Fundación Ceibal. Según explicó Bonilla, desde 2007, Ceibal le compra servicios a la Red Global de Aprendizajes, que “es una empresa internacional fundada por maestros y maestras, que diseñan planes curriculares para centros educativos y los venden. La Red le puede cobrar a una escuela 2.000 dólares al año por venderle un plan curricular”.

En los inicios de Ceibal, también recibió financiamiento del BID “para ampliar los recursos educativos digitales a la educación media y para hacer una serie de contenidos digitales para formación docente”. Por otro lado, enfatizó en la Fundación Ceibal y especificó que “opera como un centro de estudios o investigaciones privados y tiene la finalidad de orientar a Ceibal y a otros actores educativos nacionales e internacionales en el tema de aprendizajes de tecnologías”.

La licenciada aclaró que “no estamos satanizando el uso de las tecnologías”, sino que observan la “irrupción de un negocio privado en la gestión de la educación pública, cuando la fuente y el empuje de una empresa privada es hacer negocios, ser eficiente y maximizar ganancias minimizando gastos”. La complejidad, para Bonilla, radica en que “se le ha dado la legitimidad desde el Estado a una fundación privada para que empiece a orientar fuertemente la política educativa digital”.

En tanto, dijo que Ceibal recibe financiamiento del BID, del Estado y también del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, con el que desarrollan distintos proyectos, según dijo. De hecho, a través de la Fundación, junto al BID y el centro canadiense, se fundó la Alianza para la Digitalización de la Educación en Latinoamérica y el Caribe.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) es otro de los entes tratados en el libro. Bonilla recordó que el Ineed es un ente de derecho público no estatal que se vincula al Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Educación y Cultura y “tiene la tarea de evaluar la calidad de la educación nacional”.

Según Bonilla, el Ineed recibió cooperaciones técnicas del BID, en 2012 y 2016, y luego “en sus análisis empieza a incluir ciertas afirmaciones que pueden jugar en contra de la educación pública y contra las personas trabajadoras del sector educativo”. Además, explicitó que en el primer año de funcionamiento el instituto ya destinó un monto a consultorías externas y que también puede recibir fondos de la Organización de las Naciones Unidas y embajadas.

Sobre el primer punto, dijo que en un informe sobre el estado de la educación en Uruguay de 2017, el Ineed afirmó que “la mayoría del presupuesto educativo se dirigía a remuneraciones de personal y, entonces, imponía un poco la narrativa de que el personal en educación es el que consume la gran mayoría de recursos”. Al mismo tiempo, en el documento se plasmó que “las personas con mayor rezago y estatus socioeconómico más vulnerable eran las que buscaban al sector educativo para trabajar y tener formación docente; entonces, este tipo de aseveraciones pueden terminar jugando a favor de una crítica, de un ataque, al sector de personas trabajadoras en educación”.

Para finalizar, la investigadora resaltó que es “importante ir desgranando todo lo que está adentro de estos compromisos económicos”, porque a nivel global se termina “imponiendo una dinámica de debilitamiento del sistema educativo, de las condiciones para lo público, y se facilita muchísimo la participación de actores no estatales en la provisión de los servicios educativos”.

Beneficios por donaciones

En un resumen del libro difundido por Fenapes se explica que, en los últimos diez años, "el empresariado privado ha sustituido la responsabilidad social empresarial por políticas 'de sostenibilidad'". En este marco, particularmente las "grandes empresas, han creado sus propias fundaciones para desarrollar proyectos más permanentes y de mayor injerencia en procesos locales y de política pública”. Algunos de los ejemplos planteados son Santander, Movistar y Santillana.

Esta sostenibilidad se alinea con el "sistema de compras responsables", que, según se argumenta, "favorece la selección de unos oferentes sobre otros a la hora de comprar productos y servicios”. Así, las empresas obtienen "ventajas" al "reportar la donación de fondos a fundaciones y a proyectos de sostenibilidad": “Por un lado, mejoran sus posiciones en los 'sistemas de compra responsables'” y, por el otro lado, “les permite beneficiarse de exención fiscal”.

En Uruguay expresamente, “cuando una empresa o un contribuyente al fisco hace una donación en forma de patrocinio a una institución educativa, se le revierte el 75% de la donación realizada en concepto de exoneración” del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y del Impuesto al Patrimonio. Asimismo, se afirma que “la ley permite que para efectos fiscales, el 25% restante de la donación se pueda descontar como gasto de la empresa”. En conclusión, una vez que una empresa realiza una donación puede llegar a percibir beneficios fiscales "de hasta un 81,25% del monto donado”.

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