Después de que se conociera que la Dirección General de Educación Secundaria resolvió sancionar a seis profesores de San José que en 2019 se tomaron fotos dentro del Liceo 1 de la capital departamental contra la reforma Vivir sin miedo, la filial maragata de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) definió declararse en conflicto y en “asamblea permanente”, además de “profundizar medidas de lucha”.
Según se informó en una conferencia de prensa el martes encabezada por el presidente de Fenapes, José Olivera, los seis docentes fueron sancionados con la separación del cargo y la retención del 100% de sus salarios durante seis meses. A su vez, se informó sobre la misma sanción -pero con la retención de 50% de haberes- para el exvicepresidente de Fenapes, Marcel Slamovitz, quien también se desempeña como profesor en el Liceo 1. En su caso, la sanción correspondió a la investigación sobre faltas por asistir a instancias sindicales en 2017, caso que fue laudado por las autoridades del gobierno anterior, pero reabierto por la actual directora de la DGES, Jenifer Cherro. Según informó El País, por ese caso también se pidió una sanción al exintegrante del Consejo de Educación Secundaria Javier Landoni, quien actualmente se desempeña en UTU. Además, pese a que está jubilada y ya no es funcionaria, se definió la realización de un sumario a la exdirectora de Secundaria Celsa Puente, en caso de que en algún momento retorne a trabajar en el organismo.
Ante este escenario, la Asociación de Profesores de San José analizó las sanciones a los siete profesores de ese departamento y rechazó las sanciones definidas por la DGES porque se entiende que la investigación al respecto “violó los principios del debido proceso” y demostró “una clara persecución sindical”. Si bien valoraron que “la lucha de los trabajadores frenó la destitución”, que había sido pedida por la División Jurídica de la DGES al menos para tres de los seis docentes que se tomaron fotografías contra la reforma Vivir sin miedo, el sindicato lamenta que los legajos de los implicados quedaron “mancillados”. En ese sentido, valoraron que fue afectada la carrera funcional de los docentes, cuya “imagen personal y profesional sigue siendo ensuciada por una persecución injusta”.
En suma, la filial de Fenapes valora que los profesores sancionados “son excelentes profesionales y personas reconocidas por toda la comunidad”. En particular sobre Slamovitz, manifiestan su “apoyo incondicional” hacia el exvicepresidente de Fenapes y denuncian que sobre él se creó “una campaña de desprestigio y persecución brutal”. El sindicato entiende que dicha campaña fue “articulada” desde la DGES “con actores políticos y el gobierno”, con el objetivo de “callar las luchas contra los recortes y la defensa de la educación pública”.
Por su parte, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo expresó su solidaridad con los profesores de San José a través de un comunicado emitido este miércoles. Según la filial capitalina de Fenapes, las sanciones son “sólo el corolario de una durísima persecución antisindical” desarrollada por el gobierno. Además, rechazaron especialmente el sumario con separación del cargo y retención de 50% de haberes a Slamovitz, que hasta ahora era objeto de una investigación “que venía fallando a su favor”. Para ADES Montevideo, ello demuestra “hasta qué punto las autoridades de la educación intentan cercenar la actividad sindical, persiguiendo a militantes por desarrollarla”.
En ese sentido, enmarcan lo ocurrido con la aprobación de la ley de urgente consideración, que dispuso el pasaje de consejos desconcentrados a direcciones unipersonales en la Administración Nacional de Educación Pública. Según entiende el sindicato, ello da lugar a una “estructura jurídica verticalista” que permite “que una sola persona tome definiciones de este tipo”.