En base a datos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), junto a los investigadores de la cooperativa Comuna, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) concluyó que este año habrá un “recorte” presupuestal de 80 millones de dólares si se lo compara con el dinero asignado al organismo en 2020.
Según concluyeron en el estudio, una de las causas de ese resultado es la regla fiscal creada en la ley de urgente consideración (LUC) en uno de los 135 artículos impugnados en el referéndum del 27 de marzo. El informe realizado por Comuna y el sindicato aduce que la regla fiscal tiene por objetivo “reducir la capacidad del Estado para poder utilizar dinero público, lo que significa que coarta la capacidad de los distintos gobiernos de poder financiar política pública”.
Además, apunta que el ámbito de aplicación de la regla y sus límites al uso de dinero público “no operan para todas las áreas del Estado”, sino que se concentran en la Administración Central y los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, en el que, por ejemplo, está la ANEP. “Por fuera de la regla quedan las agencias paraestatales (como el Plan Ceibal), el gasto que el Estado realiza a la hora de exonerar impuestos (por ejemplo, a la educación privada) y el pago de intereses de deuda”, sostienen.
A su vez, Fenapes señaló que durante 2021 hubo un “gran ajuste fiscal”, que en 2022 se “profundiza”. “Comparado con 2020, en términos reales, la ANEP ha tenido una reducción de 6,58% en términos reales de su presupuesto”, afirma el informe, y agrega que la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) recibirá 41 millones de dólares menos, lo que implica un “recorte de 10,59% de su presupuesto en términos reales”.
Para el gremio, estos “recortes” se concentraron en la masa salarial, lo que se ha evidenciado en “menor cantidad de horas docentes, caída del salario real -que es de 8% de pérdida, aproximadamente-, reducción de cursos y de cantidad de grupos, clases superpobladas y docentes sobreexplotados en el contexto de pandemia”. Según plantean, esto último se da porque estuvieron “obligados” a “conciliar” de “forma diferente” la vida laboral “con el mantenimiento y los cuidados en el hogar” y también hacer inversiones en equipamiento tecnológico personal para dar clases. El estudio concluye que todo ello repercute en “mayor cantidad de horas de trabajo de docencia impagas”.
Entrevistado por la diaria, el presidente de la ANEP, Robert Silva, manifestó su preocupación porque los docentes no tuvieron recuperación salarial con base en cómo creció la inflación. “Si no tuvimos el aumento salarial que debimos tener, obviamente, no tenemos en valores constantes la plata que deberíamos tener. ¿En qué impactó? En los salarios. Lo que pasó en los públicos y privados. Vamos a trabajar para que esa recuperación exista en un marco de recuperación del país”, aseguró.
Por último, Fenapes entiende que existe una “estrategia de desfinanciación” de la educación pública que se concreta mediante el cumplimiento de la regla fiscal como de las propias metas, lo que “es coherente con el apartado de educación de la LUC, tendiente al desmantelamiento del Sistema Nacional de Educación Pública y al fomento de la privatización y el comercio educativo”.