“La imprenta de los pueblos”: pintadas, intervención policial y blanqueamiento de muros de los centros educativos

“Las paredes son la imprenta de los pueblos”, supo escribir el destacado escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh, aún desaparecido por la dictadura. Y así lo siguen entendiendo los movimientos estudiantiles, que, con el objetivo de difundir sus reivindicaciones, pintan las fachadas de los centros educativos para pedir más presupuesto para la educación, quejarse de las políticas de las autoridades de la enseñanza de turno, recordar sus luchas o dar la bienvenida a las nuevas generaciones.

El sábado pasado por la mañana, estudiantes de los Institutos Normales de Magisterio fueron conducidas a la seccional 2 de Montevideo por pintar la leyenda “No seremos maestras al servicio del privilegio, seremos maestras al servicio del pueblo” en la fachada del centro educativo. Según relataron a la diaria desde el Centro de Estudiantes de Magisterio, los uniformados les manifestaron que estaban “en falta” por pintar “un edificio público”.

Mientras tanto, el Centro de Estudiantes del Instituto Profesores Artigas (Ceipa) se ha quejado de que el Consejo de Formación en Educación (CFE) mandó blanquear la fachada del centro educativo. Allí se recordaba a Nibia Sabalsagaray, profesora egresada de ese instituto que fue asesinada en la dictadura, y también había un retrato del guerrillero rosarino Ernesto Che Guevara entre un conjunto de reivindicaciones que vienen de tiempo atrás. “No llegamos a cuidar la fachada”, dijo a la diaria el dirigente del Ceipa Maximiliano Santos, que coincidió con sus colegas en que las autoridades coartan la libertad de expresión.

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Después del episodio de la pintada en Magisterio, el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, dijo a la diaria que los muros “no son muros”, sino que son “fachadas de establecimientos públicos”. Agregó que para “recuperarlos” la ANEP está desarrollando un plan que se denomina “Recuperación de edificios emblemáticos de la educación”, que tendrá un gasto de 1.200 millones de pesos entre este año y parte de 2023. El dinero será para la limpieza y la pintura de las fachadas, así como para arreglos de infraestructura.

Precisamente, los estudiantes de Magisterio y del IPA se quejan de que las aulas y otros espacios físicos de esos centros educativos tienen un deterioro importante: techos que se llueven, ventanas rotas y, por ende, estudiantes que, con la llegada del otoño, empiezan a pasar frío. De hecho, esta semana varios gremios estudiantiles –como el del liceo IAVA– colgaron pancartas en los locales para reclamar que “hay presupuesto para la pintura, pero no para la estructura”.

De movimientos

Para Vania Markarian, investigadora de la Universidad de la República y doctora en Historia, hay “algo de gracia o de paradoja” acerca de que estos problemas se den en tiempos de redes sociales. “Decimos que ahora se comunica todo por las redes o que lo que no pasa en las redes no ocurre”, pero estamos ante una “disputa” en relación a si se puede escribir en una pared, “algo de lo más material”. “Por más de que se trata de mensajes que son efímeros, están hechos sobre una superficie de mucha potencia material”, explicó, en diálogo con la diaria.

En ese sentido, recordó al Movimiento por la Libertad de Expresión, que nació en la década del 60 en el campus de Berkeley, en California, que fue liderado por el histórico dirigente estudiantil italoestadounidense Mario Savio. “La idea de la libertad de expresión, un concepto liberal tan básico, ha estado en el centro de las protestas estudiantiles desde hace mucho tiempo”, rememoró.

Acá, en Uruguay, en ese mismo contexto hubo un “montón” de ocasiones similares: “Pintar, pegar carteles es parte de la forma en que los movimientos han concebido sus repertorios de protesta y expresión”.

Markarian señaló que en la década del 60 la idea de “lo correcto” y “lo aceptable” se construyó en términos de “buenos modales o buenas costumbres”. La académica sostuvo que usar las paredes para “pintar lo que pienso” o “poner carteles donde en principio no se me autorizó” violenta ciertas normas de convivencia que otros actores dicen que “se deben respetar”, pero la disputa, justamente, “es esa”. “Es una disputa por los límites de lo tolerable y admisible en cada momento”, expresó.

Asimismo, Markarian sostuvo que existe conflicto entre los diferentes derechos, como el de “estudiar en un ambiente tranquilo” contra el de “reclamar mejores condiciones” para los docentes y los estudiantes. “No puede estar libre de conflicto”, dijo, y señaló que estos términos, como el de la autonomía, la laicidad y la libertad, son los que están “en disputa”.

A su vez, la historiadora expresó que el problema pasa por “cómo se resuelve” esa disputa y por “cuáles son los derechos que priman por sobre otros”. “Es contencioso, no hay forma de que sean pacíficos porque su propósito es la protesta, y así también se generan los cambios sociales”, reflexionó.

La represión

Para el doctor en Educación y magíster en Políticas Educativas Antonio Romano la intervención de la Policía en pintadas es una “práctica represiva” en contra de la manifestación de posturas de los gremios estudiantiles. En ese sentido, explicó a la diaria que en cada institución educativa está estipulado que las carteleras gremiales sean un espacio en el cual los estudiantes o incluso los propios docentes puedan expresar sus opiniones políticas respecto de temas de actualidad, como pasó recientemente con el referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración. “Esto está regulado, está definido y está concebido como parte del derecho de la expresión de los colectivos”, aclaró Romano. No obstante, para el exdirector de Planeamiento Educativo de la ANEP hay un “problema” que ocurre al igualar el derecho de expresión de un colectivo docente con el de un colectivo estudiantil en el marco de una institución, porque es una posición “muy distinta”.

“Hay una confusión enorme entre expresar un punto de vista y realizar proselitismo”, consideró, y continuó: “Si proselitismo es hacer prosélitos, hay una intención deliberada de producir con la acción un efecto sobre los otros, ¿cuál es el problema que se plantea en las instituciones educativas? Que los otros, como alumnos, no están en igualdad de condiciones. Ahora, cuando son los alumnos los que se expresan, ¿cuál es el problema? Me parece que hay una regulación en la que se ha llevado al extremo un concepto de laicidad restrictiva identificado con la neutralidad”, cuestionó.

Por lo tanto, parecería que debería abandonarse todo aquello que puede ser “polémico” o que puede interpretarse “políticamente, favoreciendo una determinada concepción del mundo”. Para Romano, los gremios tanto docentes como estudiantiles están amparados en la libertad de expresión, pero si hay uno que “particularmente” debería respetarse, “aun cuando pueden estar muy equivocados”, es el de los estudiantes, ya que la expresión sobre estos temas tiene que ver con su formación cívica. “¿Se resuelve con la Policía o convocando a una mesa con el gremio estudiantil y autoridades para resolver y regular de qué forma se puede garantizar el derecho de expresión?”, se preguntó, y agregó que, al mismo tiempo, se pueden generar condiciones para promover políticas de preservación arquitectónica, que en este caso tendrían el IPA o Magisterio.

La imprenta

Romano, que se especializa en historia de la educación, consideró que las pintadas en las fachadas con las reivindicaciones históricas es el modo en que los estudiantes pueden sentirse parte de la institución, dado que logran “transmitir sus sentires y posiciones” sobre temas de larga data o de actualidad. Según reflexionó, las pintadas se vuelven “el límite entre el afuera y el adentro” del centro educativo y marcan la necesidad de poner a ambos “en comunicación y diálogo”.

“¿Cualquier manifestación estudiantil debe ser reprimida? ¿Cuál es el concepto de educación ciudadana que tienen las autoridades de este gobierno? ¿Cuál es el argumento? ¿La violación a la laicidad? ¿O lo que entra en conflicto es el derecho de preservar el patrimonio arquitectónico, que legítimamente las autoridades tienen cometido de realizar, con el derecho a la expresión que reivindica a los estudiantes?”, planteó.

Sobre la llamada de las estudiantes de magisterio a declarar, que se concretará en los próximos días, Romano opinó que se trata de una “desproporción”. “¿Cuál es el miedo que hay? ¿Por qué esta reacción tan violenta? ¿Qué es lo que se pretende con esta intervención policial?”, cuestionó, y añadió que esto se da en un contexto en el que se discute el carácter universitario de la formación docente.

Según el académico, hay una política del “miedo” impulsada desde las autoridades de la educación que busca que funcione un “mecanismo de autocensura”, en especial para los docentes, pero también para los estudiantes. “Un problema que debía ser pedagógico en una institución y resolverse en ese ámbito pasó a un ámbito más amplio del Estado y se reprime con toda la fuerza de la ley. Vuelve irrelevante a la propia institución, porque en el fondo la represión policial demuestra que la institución es incapaz de resolver estos problemas”, opinó.

Libres

Gustavo Gómez, director de Observacom y experto en libertad de expresión, expresó a la diaria que esto “no es un hecho aislado”, porque se vive un momento en el que hay una cultura general de “muy poca tolerancia” frente a expresiones organizadas, por ejemplo, de estudiantes o sindicatos. En ese contexto, consideró que “el deterioro de una fachada de un edificio público no es lo relevante”.

Según se detalla en el artículo 13 de la ley de faltas, que refiere a vandalismo, quien realice “actos de deterioro o destrozos” en espacios públicos o sus instalaciones, “tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señalizaciones de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público”, será castigado a hacer trabajo comunitario de siete a 30 días. En ese sentido, Gómez expresó que a partir de esa ley podría interpretarse que pintar una fachada de un edificio público es “deterioro”. “Es una norma que está pensada más bien para, por ejemplo, romper un cartel de Pare o destruir el salón de una escuela pública”, ejemplificó.

No obstante, el experto dijo que la libertad de expresión está consagrada en la Constitución de la República, que tiene mayor rango que cualquier ley. “No tengo ninguna duda de que en este caso, cuando uno pondera las dos normas que en principio están en conflicto, debería ponderarse la libertad de expresión por sobre la otra”, opinó.

Por último, para Gómez se torna “relevante” que la consigna se plasme en una pintada en la fachada del centro educativo y no en un posteo de Twitter, porque así llega más claro el mensaje. “Son cosas que están todas relacionadas, pero que tienen como punto de partida una incomprensión de cómo en este caso la libertad de expresión es un derecho reconocido constitucionalmente que debería estar por encima de un eventual deterioro de un espacio público reconocido en una ley menor”, concluyó.

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