A las 7.00, el Consejo de Formación en Educación (CFE), en la calle Río Negro, fue ocupado por estudiantes y funcionarios de los sindicatos de distintas dependencias del CFE y el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). A las 10.00, cuando la diaria se comunicó con integrantes del Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM) y del Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), dos patrulleros y una moto de Policía habían estacionado en la puerta del CFE para llevarles la primera intimación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al desalojo.

La ocupación, que también fue acompañada por los estudiantes de Educación Social y los funcionarios del Codicen, “es una medida que tomamos ya que no hay respuestas a nuestros reclamos”, contó Elina Moreno, integrante del CEM. “Magisterio está en huelga hace casi dos semanas”, recordó, y aclaró que si bien la plataforma reivindicativa de cinco carillas que los gremios han difundido incorpora reclamos y problemas transversales a los centros, como la falta de docentes y los grupos superpoblados, cada uno tiene sus particularidades.

En el caso de magisterio, Moreno explicó que piden “el traslado de las compañeras de la carrera de maestra en primera infancia [MPI] a un local que no sea a más de 15 cuadras”, en vista de que la solución que planteó el presidente del Codicen, Robert Silva, ante la falta de salones para MPI “fue trasladarlas a un lugar que queda bastante lejos del local del magisterio”. Asimismo, desde el CEM reclaman que haya “más jardines de práctica” para esta carrera, así como la eliminación de los cupos para cursar.

El tema de los cupos en MPI, más allá de ser un reclamo histórico, viene a cuento de lo que sucedió en Maldonado, donde la directora de Asuntos Legales de la Intendencia y su esposo exigieron el ingreso de su hija a la carrera a pesar de no haber salido sorteada, con el beneplácito del presidente del CFE, Víctor Pizzichillo.

Además, desde el CEM piden “más becas”, ya que en magisterio, “por ejemplo, hay 15 becas para casi 2.000 estudiantes”. Respecto de la reforma educativa que se pretende implementar desde la ANEP -una modificación al marco curricular y los intentos por establecer una currícula para aquellas carreras que quieran tener un rango universitario-, Moreno sostuvo que desde el CEM no tienen “una resolución pública” pero sí rechazan “implementar una reforma de la educación, más que nada porque no se ha consultado con nadie, es un atropello directo y no se escucha la voz de estudiantes y docentes en ese sentido”. En concreto sobre los títulos universitarios, Moreno consideró que “no responde” a la reivindicación histórica de crear una Universidad de la Educación.

Maximiliano Santos, vocero de los estudiantes del IPA, se mostró satisfecho con “la gran convocatoria” que tuvo la movilización. En particular, desde el Ceipa reclaman, además de la falta de salones y los grupos masivos, el cese de la directora del Instituto, Patricia Barragán, por entender que no considera el centro de estudiantes “como un vocero válido de los reclamos de los estudiantes”, algo que “ha ocurrido en varias ocasiones y hemos tenido reuniones con la directora”. El último suceso, contó, es que “sacó una resolución en donde pasaríamos a la virtualidad” debido a la masividad, “lo que terminó ocasionando discusiones porque es obvio que, a esta altura, pasarse a la virtualidad así como así” no es viable, y existen “estudiantes y docentes que no van a querer, lo que termina perjudicando la relación de los compañeros y de los docentes en sí”.

Santos contó que “se toman estas resoluciones que a su vez están avaladas por los consejeros políticos” y se hacen “por fuera” del CFE, algo de lo que los estudiantes del IPA acusan a Pizzichillo. “Por ejemplo, nosotros nos enteramos de que hubo una reunión con directores y otras personas donde estuvo el consejero Pizzichillo en la que se terminó tomando una resolución de que no se podían tomar bachilleratos”, cuando históricamente los estudiantes en las prácticas de Didáctica III sí podían. Eso generó que los estudiantes “no pudieran tomar las horas que tenían que tomar”.

A las 12.55 llegó el ultimátum para el desalojo del CFE. En ese momento, los estudiantes se disponían a solicitar una mesa de diálogo para evaluar cómo desalojar de forma pacífica, ya que el número de patrulleros en la puerta había aumentado, y así continuar la movilización.