Mientras están sufriendo un ataque de ansiedad, tienen que sentarse y esperar en la adscripción a que se les pase. En otras ocasiones, cuando el centro educativo tiene psicóloga, recurren a ella para decirle: “No quiero vivir más”. “El problema es que son tantos, que cuando vos querés intentar seguir un caso ya vinieron cuatro más. Estamos hablando de que por día llamamos dos veces a la emergencia por estas situaciones: intentos de autoeliminación, ideas suicidas y autolesiones a un grado preocupante”, manifestó a la diaria una psicóloga del oeste de Montevideo que forma parte del equipo multidisciplinario de uno de los liceos de la zona.

El primer martes de agosto, en silencio y vestidos de negro, integrantes del gremio estudiantil del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA) realizaron una sentada en el liceo durante la mañana y otra en la tarde, a causa del reciente suicidio de una estudiante del liceo y en pos de que el bachillerato tenga equipos técnicos. 

“Lo que estamos pidiendo es que haya gente que pueda hacer un seguimiento, no sólo en el área psicológica, sino que lo ideal sería un equipo de dos psicólogos, un psicopedagogo, un asistente social y un referente de educación sexual”, contó a la diaria Lucía Archetti, vocera del gremio e integrante de la Coordinadora de Gremios de Secundaria del Área Metropolitana.

Ante el suicidio de la estudiante, Archetti dijo que psicólogos del Departamento Integral del Estudiante (DIE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fueron a hablar con el grupo en el que estudiaba la compañera, “pero no es un seguimiento real”. Según comentó, el DIE muchas veces “actúa en momentos de crisis”, pero usualmente cuando en el liceo algún estudiante está “en una situación de crisis o vulnerabilidad” tienen que recurrir a los adscriptos. 

“Es injusto para nosotros como estudiantes no tener a nadie que nos pueda atender debidamente y es injusto para los adscriptos también, porque se los pone en una situación de presión: recae en ellos nuestro bienestar y entendemos que no están formados para eso y que no deberían tener que asumir esa responsabilidad”, afirmó Archetti.

Mariano Portugau, también integrante del gremio del IAVA, dijo que muchas veces estudiantes “salen extremadamente llorando de una clase y lo único que se les puede ofrecer es una charla con la adscripta”. Si bien recalcó que “lo hacen de buena voluntad”, es un personal que “no está capacitado, entonces, muchas veces las situaciones no las saben manejar y terminan empeorando”. “Por más que quieran ayudar, a veces no es lo mejor”, agregó.

La problemática y la necesidad de los equipos multidisciplinarios, junto con otros temas, como la infraestructura, la seguridad y situaciones de acoso por razones de género, fueron planteados el martes por la Coordinadora de Gremios de Secundaria del Área Metropolitana en una reunión con autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen). Archetti fue una de las que asistieron y explicó que se les “escuchó un montón” y que “hubo realmente un diálogo”. “Esperamos que pueda haber muchas más [instancias] para poder encontrar soluciones a estos planteos”, resumió.

“Lo que estamos pidiendo es que haya gente que pueda hacer un seguimiento, no sólo en el área psicológica, sino que lo ideal sería un equipo de dos psicólogos, un psicopedagogo, un asistente social y un referente de educación sexual”. Lucía Archetti, estudiante de secundaria

Aun así, tanto Archetti como Portugau contaron que desde el año pasado vienen solicitando la creación del equipo –principalmente la asistencia de psicólogos–, y se les había manifestado la intención de que ya este año los tuvieran. “Esta reunión del Codicen, por más buena que esté, entendemos que hay que tomarla con pinzas, porque el año pasado tuvimos varias instancias de diálogo y no se cumplió casi nada de lo que se nos dijo”, afirmó Portugau. Según el estudiante, a esta altura ya “es negligencia” y, “por más que se haga una campaña de prevención [del suicidio], se trata de presupuesto y destinar fondos”.

El desborde

El rol del educador social tiene lugar en los equipos técnicos de los liceos a través de practicantes del cuarto año de la carrera. Una de las educadoras de otro liceo del oeste de la capital se preguntaba con “ilusión” y “falta de credulidad” “qué va a hacer un educador social en un liceo”. Sin embargo, una vez que comenzó a ejercer, se dio cuenta de que “realmente hay infinidad de trabajo y las complejidades desde el punto de la educación social son abismales”, dijo a la diaria.

Por otro lado, recalcó que “los equipos técnicos no existen en todos los liceos” y que, si los hay, como en el centro educativo en el que realiza la práctica, suelen faltar profesionales. En este caso, no hay trabajadora social, aunque sí una psicóloga, una referente en educación sexual y un cargo de profesor orientador pedagógico, conocido como POP, que funciona como articulador individual e integral.

Según explicó, el rol que ella cumple es “la protección de trayectorias educativas”: “Trabajo mucho en territorio. Vas a buscar a los gurises a la casa, a los centros juveniles, a los centros de salud, hablo con la madre, el padre, si tiene dificultad para inscribirlo hago el acompañamiento; entonces, soy el anclaje entre la familia, la institución y el chiquilín”, delineó.

“El año pasado tuvimos varias instancias de diálogo y no se cumplió casi nada de lo que se nos dijo”. Mariano Portugau, estudiante de secundaria

Sin embargo, en un marco de carencias y “desborde”, el rol de los integrantes del equipo desemboca en el “asistencialismo” y tienen que establecer un “orden de prioridades” ante las distintas situaciones que se presentan para, por ejemplo, evitar que un estudiante quede en situación de calle con toda su familia. “Tirás todo para el costado y empezás a trabajar, crear redes, ver cómo podés pedir una prórroga en la asistencia de vivienda, vas de acá para allá”, señaló.

También habló de casos de estudiantes baleados que “se asustan” y vuelven al liceo porque es el único lugar seguro, y de “depresión, abuso y patologías” que, después de la pandemia y con la vuelta a la presencialidad, “salieron mucho a la luz”, porque en el centro educativo “los gurises tuvieron a alguien a quien contarle”.

“El nivel de violencia es tan grande”, dijo, y reafirmó que “no damos abasto”. En resumen, para la educadora lo que se hace es “tapar agujeros”, con situaciones de crisis “constantes”. Especificó que el seguimiento de casos se da en situaciones excepcionales y que lo que prevalece es la “valoración psicosocial” para hacer derivaciones, por ejemplo, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y las articulaciones con policlínicas barriales.

Así las cosas, la educadora hizo énfasis en la figura de la adscripta como “central” en los adolescentes. “Centraliza todo, pero una cosa es lo académico y otra cosa es centralizar toda la problemática que tiene atrás”, agregó.

Un “pienso” más allá de los equipos

“Hace falta personal para atender, pero también estamos pensando cómo abordar las situaciones que llegan a los liceos, porque no estamos pudiendo con todo”, sentenció la psicóloga. Según dijo, “no están dando abasto” ni los liceos, ni los estudiantes, ni los docentes, ni quienes están en “docencia indirecta”, que “tampoco tienen apoyo”. “Hay veces en que no estamos pudiendo ni siquiera escuchar. Damos lugar para lo que podemos, pero en otro tanto no estamos pudiendo tener el espacio. Hay que pensar otras estrategias, pero la pregunta es en qué momento, si estamos todo el tiempo apagando incendios”, describió.

El equipo técnico del que forma parte se compone de una trabajadora social y una POP. Aun así, señaló que son “de los pocos liceos privilegiados que tenemos lo que tendrían que tener todos”. La psicóloga, al igual que la educadora social, visualiza que “el aumento pospandemia ha sido gravísimo”. Si bien reconoció que hay un factor vinculado a la pandemia en sí, aseguró que “hay que hilar más fino y pensar en cuestiones de fondo, como que muchas familias se quedaron sin trabajo, se convive muchísimo más y en nuestras poblaciones hay un nivel de carencias a nivel económico muy grande”.

Narró que los estudiantes de la zona muchas veces no tienen qué comer o una cama en donde dormir, y que consideran al liceo como el espacio en el que pueden hablar, porque no tienen otro. “Pero eso también genera un desborde no sólo en los equipos, que somos pocos, sino también en la adscripción, que es a donde llegan primero los gurises”, continuó.

Más allá del desborde a nivel educativo, la psicóloga entiende que sucede “a nivel general” y eso también imposibilita un seguimiento, por las articulaciones que requieren con centros juveniles y de salud. En consecuencia, afirmó que hay necesidad de “generar redes” y “trabajar en la promoción, la prevención, talleres, no sólo apagar incendios”.

Los incendios a los que refiere no son únicamente intentos de autoeliminación, sino también “situaciones de violencia en el hogar, en el noviazgo, de temas sexuales y otros que tienen que ver con diversidad”. “Trabajando en la emergencia de estas demandas terminás tirando para atrás otras situaciones que también ameritan ser atendidas”, aseguró. En ese marco es que concluyó que “la atención individual no está siendo la solución” y que es importante “generar otro tipo de trabajo”, con un “pienso a nivel de política educativa” mediante la escucha a “la gente que está en territorio”.

“En la atención de las cuestiones socioemocionales, vinculares, y también en las relacionadas a la salud mental propiamente dicha, no hay coordinación a nivel de la ANEP”. Robert Silva, presidente del Codicen

La respuesta institucional

En medio de las recorridas “cara a cara” que jerarcas del Codicen están llevando a cabo en el marco de la reforma educativa, semanas atrás en el Colegio Nubarian los consejeros políticos del organismo fueron consultados sobre la necesidad de contar con más equipos multidisciplinarios y más profesionales a su interna. “Efectivamente es una necesidad”, esgrimió en ese momento el consejero Juan Gabito.

Asimismo, dijo que hoy en día “lo que más demanda la comunidad educativa” son psicólogos y asistentes sociales, entre otros profesionales. Contó, además, que actualmente la ANEP cuenta con 500 psicólogos distribuidos entre los distintos subsistemas y que “parecen pocos, pero lucen todavía menos porque trabajan de manera muy fragmentada”.

En ese sentido, aseguró que “la ANEP está haciendo un esfuerzo para fortalecer a esos equipos”, aunque admitió que “no se puede tener un psicólogo en cada liceo ni un equipo multidisciplinario sólo en la UTU o secundaria”. En cambio, planteó que “tenemos que pensar en clave territorial y en clave de integración”.

En diálogo con la diaria, el presidente del Codicen, Robert Silva, dijo que “en la atención de las cuestiones socioemocionales, vinculares, y también en las relacionadas a la salud mental propiamente dicha, no hay coordinación a nivel de la ANEP”. Explicó que en ese plano “los subsistemas actúan en forma poco coordinada” y “muchas veces de manera independiente”.

Por ello, recientemente aprobaron un plan de salud mental que principalmente “establece pautas de acción, conceptualiza el tema y derriba mitos que existen al respecto”. Por otro lado, Silva aseguró que se prevé un refuerzo de la asistencia de la salud mental en los centros educativos: “UTU lo va a hacer a través del establecimiento de equipos regionales en los campus educativos que tienen en todo el país, Secundaria lo hará a través del fortalecimiento de la designación de equipos regionales de psicólogos y trabajadores sociales, y Primaria con el redimensionamiento del Programa Escuelas Disfrutables”.

“Los problemas que tiene la sociedad en su conjunto” y el “deterioro de la situación socioeconómica del país” repercuten también en los centros educativos, según el consejero docente del Codicen Julián Mazzoni

Consultado por la fecha de refuerzo, el presidente del Codicen dijo que “ya hay acciones que se están desarrollando”. “Ahora se sistematizó, comienza este año a aplicarse y se fortalece a partir del año próximo”, sostuvo. 

Julián Mazzoni, consejero docente del organismo, dijo a la diaria que “en todos los lugares se está demandando la necesidad de mejorar y generar equipos multidisciplinarios” y que, si bien “en algunos liceos y UTU hay psicólogos, no hay un equipo: trabajan como pueden y generalmente en más de una institución”.

A su vez, dijo que, aunque “no podría cuantificarlo”, a partir de recorridas por el país ha recogido que no se han renovado muchos de los puestos; según él, “la primera razón de ello es presupuestal: no se reactivan porque no se llenan los cargos que quedan vacantes”.

Sobre los llamados anunciados por Silva, opinó que son “insuficientes” y que también tiene que ver con un “recorte importante”. Para el consejero, el reclamo de lograr una inversión equivalente a 6% del producto interno bruto en la educación “no es una cifra caprichosa”, sino “una necesidad real para avanzar”, resumió. Sobre el plan de salud mental, Mazzoni dijo que no pone en “duda la buena voluntad con la que lo enfocan, pero para llevarlo adelante necesitamos resolver todo lo demás”.

Más allá de estas puntualizaciones, reconoció que “todo el Codicen es consciente” de que la salud mental “es una demanda importante y que sería necesario mejorar esa situación”. Para Mazzoni, es claro que “los problemas que tiene la sociedad en su conjunto” y el “deterioro de la situación socioeconómica del país” repercuten también en los centros educativos.

Independientemente “de todas estas dificultades, hay un esfuerzo conmovedor de los docentes y no docentes para tratar de contener todo esto, pero llega un momento en el que los compañeros se saturan frente a esta situación, lo que incluso atenta contra la salud física y mental de ellos mismos”, concluyó.