Estudiantes y trabajadores de UTEC denuncian “irregularidades” en las investigaciones de presuntas situaciones de acoso sexual en la institución

La Asociación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica (Aeutec) y el sindicato de trabajadores de la casa de estudios denuncian “falta de garantías” e “irregularidades” en procesos de investigación de la Comisión de Prevención y Actuación en casos de Acoso y Discriminación (CPAAD) frente a denuncias de estudiantes por situaciones de acoso sexual por parte de profesores. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de UTEC (Situtec), Marcelo Ubal, subrayó a la diaria que “no es la primera vez” que la comisión, tras un proceso “dudoso”, desestima este tipo de planteos. 

Ubal mencionó el caso de 11 estudiantes de la sede de UTEC de Durazno que, a fines de 2020, presentaron de manera conjunta una denuncia de acoso sexual por parte de un docente. Esta fue elevada a la CPAAD para la investigación correspondiente. A pesar de los testimonios y pruebas presentadas, la persona encargada de la investigación resolvió que no había “elementos necesarios para determinar la existencia de acoso moral ni sexual”, contó el sindicalista. “En toda mi carrera en educación, nunca escuché una denuncia de 11 estudiantes contra un profesor”, consideró.

Integrantes de la asociación de estudiantes manifestaron su “profunda preocupación” por la decisión de la comisión y las consecuencias que tuvo para las estudiantes implicadas. “Las chiquilinas mostraron fotos de conversaciones de Whatsapp donde el docente las invita a tomar un whiskicito para relajarse, salir a tomar algo antes o después de las pruebas, e insiste en reuniones particulares. Pero todo eso quedó en nada”, expresó una fuente, que prefirió mantener el anonimato para evitar posibles represalias. Asimismo, sostuvo que el docente implicado continúa en ejercicio y “no recibió ningún tipo de sanción”, mientras que, de las 11 estudiantes, solamente una pudo continuar con su carrera por las situaciones que se desplegaron tras la denuncia.

A raíz de la publicación de esta situación en un medio de comunicación en febrero de este año, una estudiante de la sede de UTEC de Rivera se acercó a la agrupación estudiantil para contar su caso. La joven relató que, en setiembre de 2019, ella y otras dos estudiantes presentaron una denuncia por situaciones de acoso sexual de parte de un profesor. Lo hicieron de forma verbal frente al coordinador de la carrera, que debía poner la situación en conocimiento de la CPAAD. Las mujeres contaron que el docente tenía “actitudes y comentarios totalmente fuera de lugar”, “les escribía por redes sociales” y las “invitaba a encuentros personales”. Además de sus testimonios, presentaron imágenes de esas conversaciones, contó la fuente de Aeutec. No obstante, el coordinador optó por no elevar la denuncia y establecer reuniones con las estudiantes de forma individual. Como resultado de estos encuentros, sólo una de las tres mujeres –la joven que dio a conocer el caso– mantuvo la denuncia, detalló la fuente.

Tras la reunión con el coordinador, esta estudiante comenzó a “sentir un trato diferente de los docentes”, agregó. Esto le generó crisis de ansiedad, angustia y dificultades en su desempeño académico. La situación se mantuvo así durante más de un año hasta noviembre de 2020, cuando llegó el momento de entregar los títulos intermedios de la carrera. Todas y todos lo recibieron menos la estudiante que denunció. Por este motivo, la joven trasladó personalmente sus inquietudes al director de la institución y allí fue cuando se enteró de que el coordinador omitió el traslado de la denuncia durante más de un año. Al tomar conocimiento del caso, el director dispuso rápidamente el inicio del trámite en la CDAAP.

Sin elementos

El informe final de la investigación administrativa del caso de Rivera, al que accedió la diaria, sostiene que no se encontraron elementos para “acreditar la existencia de las conductas denunciadas ni que estas configuren acoso sexual” y que, “aun teniendo presente la necesaria perspectiva de género” a la hora de evaluar la prueba, “no es posible entender acreditada la conducta desviada de un patrón normal de relacionamiento docente-estudiantes en el contexto de la institución”.

En relación al accionar del coordinador de la carrera, el documento plantea que no le corresponde al profesional “juzgar” la veracidad o exactitud de la denuncia, sino que debe “utilizar los canales adecuados para su correcto manejo”. “La situación debió ponerse de inmediato en conocimiento de las jerarquías de la institución, cosa que evidentemente no ocurrió”, agrega el texto. El informe final fue elevado al consejo directivo central provisorio, que el 11 de agosto de 2021 determinó una “suspensión de tres días con retención de haberes” para el coordinador.

Para Ubal, “encajonar una denuncia de este tipo por tanto tiempo es una falta muy grave”, y se preguntó quién y con base en qué criterios definió la sanción para el funcionario. Sobre las decisiones en torno a las denuncias, el presidente del sindicato sostuvo que se corresponden con “una cultura institucional” que no da “ninguna garantía” a las personas que denuncian. En ese sentido, remarcó que lo que el sindicato reclama es que estas situaciones se traten en un “ámbito adecuado y que tengan un tratamiento justo”. “No estamos diciendo que el profesor es responsable de lo que se le denuncia, lo que solicitamos es que la investigación se realice con todas las garantías”, agregó Ubal.

En tanto, desde la Aeutec plantearon que la sanción que recibió el coordinador “no brinda ninguna garantía ni herramienta alguna a las y los estudiantes para asegurar que esto no vuelva a pasar”. “Tampoco sabemos si no ha pasado antes”, agregó la fuente consultada. A su vez, sostuvo que les “llama la atención” que, después de las reuniones individuales del coordinador con las estudiantes, sólo una mantuviera la denuncia, y que tuviera que dejar sus estudios por las consecuencias de haber denunciado. La fuente dijo que la estudiante está a un semestre de recibirse y ha solicitado el pase para terminar la carrera en otra sede, pero las autoridades le negaron esa posibilidad.

“Vamos a solicitar que se den las garantías para que la estudiante pueda finalizar sus estudios, que reciba asistencia profesional, porque está padeciendo ataques de ansiedad y pánico por toda la situación vivida, y también vamos a pedir que se reconsidere la sanción de tres días al coordinador y pediremos que no tenga más estudiantes a cargo”, expresó la fuente.

“Desconocimiento” de recomendaciones de la INDDHH

“Esta comisión fue denunciada por el sindicato por falta de garantías. Incluso la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo [INDDHH] recomendó rediseñar el funcionamiento del organismo, porque no cuenta ni con las garantías mínimas para un tratamiento adecuado de las situaciones de acoso”, expresó Ubal. Entre otros aspectos, las trabajadoras y trabajadores remarcan el incumplimiento del propio protocolo de actuación aprobado por la UTEC. Desde el sindicato enfatizan que el órgano que debe encargarse de realizar las investigaciones es la propia comisión, que podrá encomendar a un especialista la gestión de las indagatorias y la recopilación de pruebas, pero “no es este experto quien define la resultante de las mismas, y mucho menos quien las comunica directamente al consejo”.

De acuerdo con Ubal, otra de las irregularidades de la comisión es que cuenta con un “staff'” de abogados que investigan estas situaciones y que son contratados directamente por el consejo directivo central provisorio. El presidente del sindicato dijo que el mal funcionamiento de la comisión y de los procesos de investigación son una forma de “intimidar” a estudiantes y trabajadores a no denunciar ni apoyar a las personas que denuncian. “Si yo soy estudiante de esa carrera y veo que esto sucede con otra compañera, no voy a denunciar si me toca atravesar una situación similar porque ya sé cómo va a terminar”, señaló.

“Nuestra preocupación es por la ausencia de un mecanismo dentro de la institución que asegure un tratamiento adecuado de estas situaciones, y nos indigna el desconocimiento de parte de las autoridades de la resolución de la INDDHH de revisar el órgano y plantear una reformulación”, expresó Ubal, y agregó: “Hay una ausencia total de mecanismos mínimos de UTEC que garanticen un ambiente seguro y justo para las personas que denuncian”.