Hace un mes y dos días que los conflictos educativos se recrudecieron. En ese momento, con varios centros ocupados, el presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), Víctor Pizzichillo, fundamentaba que la medida es ilegal “porque no permite el goce de los derechos a estudiar y trabajar de aquellos estudiantes que no comparten la medida, ni de los docentes y funcionarios a cumplir su desempeño en el lugar de trabajo”. En la misma conferencia de prensa, anunció que con el respaldo mayoritario del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el CFE solicitó al Ministerio del Interior (MI) la desocupación de nueve instituciones, que ocurrió esa misma noche.

Desde entonces, las ocupaciones se extendieron a varios institutos y también estuvieron a cargo de los propios docentes. Poco después, llegaron a liceos y las desocupaciones, ejecutadas con el mismo despliegue policial, no fueron la excepción.

Con el complemento de otras medidas de lucha, como movilizaciones, cortes de calle, charlas abiertas, propaganda y asambleas constantes, las ocupaciones continuaron -aunque en menos centros- y el rechazo de las autoridades también.

Después de varios días en que se aplicó el mismo mecanismo que en formación docente, en el caso de secundaria se declaró la prohibición de la medida: hace casi dos semanas, las inspecciones de Secundaria impidieron a los estudiantes ocupar los liceos Zorrilla, Dámaso y Miranda, y se negaron a firmar las actas de ocupación por orden de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES). Según fundamentó a la prensa este viernes su directora, Jenifer Cherro, el Estatuto del Estudiante impide que los alumnos “interfieran” con el “normal desarrollo de clases” y aseguró que el organismo evaluará sanciones, como aplicar “alguna suspensión” o, incluso, efectuar “tareas comunitarias”.

Por su parte, días atrás, el presidente del Codicen, Robert Silva, también pidió a los estudiantes del CFE que “no vandalicen más las fachadas” de los centros educativos. En la misma línea, Cherro confirmó que la DGES presentó una denuncia penal por dos pintadas contra ella y Silva que aparecieron en la fachada del liceo Miranda, más allá de que el propio gremio estudiantil las repudió y ya fueron tapadas.

Recapitulando

En agosto de 2021, tres estudiantes de Magisterio debieron concurrir al Juzgado de Faltas por hacer pintadas en las afueras de los Institutos Normales, en el marco de las actividades por el Día de los Mártires Estudiantiles. En abril de este año, otras pintadas se repitieron y la Policía volvió a arribar al centro educativo. Una vez más, fueron tres estudiantes que tuvieron que ir a la seccional y aguardar a ser llamadas para declarar.

El año pasado, Juan Gabito, consejero político del Codicen, señaló a la diaria que “el espacio público no es susceptible de apropiación material ni ideológica”, que “el daño a la propiedad pública es ilícito” y se mostró de acuerdo con que el caso hubiera pasado a la Justicia. En agosto de este año, Gabito afirmó a la diaria que si tras las ocupaciones se generan “daños” en los edificios, se debería efectuar una denuncia penal. Su postura, sin embargo, no ha sido hasta el momento un planteo formal dentro del Codicen.

El ámbito judicial ha sido uno de los terrenos a los que se ha llevado el conflicto educativo este último mes. Silva hizo dos denuncias penales: la primera se debió a una serie de pintadas en la fachada de su casa. “La educación es del pueblo” y “Robo Silva Cntrl+C Cntrl+V” decían los grafitis, este último en referencia a la denuncia de plagio en un documento sobre la transformación curricular del CFE. La segunda tuvo lugar luego de una actividad de “Cara a cara con la comunidad” en el Cerro, en la que se generaron incidentes que resultaron en un vidrio roto de la camioneta que trasladaba a Silva. Ello continuó con la declaración en Fiscalía de quien lo hizo, un estudiante de 44 años de la Escuela Marítima de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Si bien se mostró arrepentido ante la Justicia y propuso un acuerdo reparatorio, Silva lo rechazó y su abogado afirmó que pretende “un poco más de fuerza” en la sanción.

En junio de este año también fueron a parar a Fiscalía -así como al Codicen y a la Junta de Transparencia y Ética Pública- las “licencias irregulares” de docentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), luego de que Diputados aprobara tal resolución por mayoría oficialista y del Partido Ecologista Radical Intransigente, sin perjuicio de las acusaciones del Frente Amplio (FA) de persecución sindical y maltrato a docentes.

En medio de este contexto, este martes las autoridades de la ANEP rindieron cuentas frente a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores. Luego de la instancia parlamentaria, el senador del FA José Carlos Mahía denunció que “hay menos recursos invertidos por estudiante”: concretamente, señaló que de 2019 a 2021 hay “unos 137 millones de dólares menos invertidos en educación”.

En ese marco, el senador frenteamplista Sebastián Sabini dijo a la diaria que “los estudiantes que están ocupando están ejerciendo un derecho constitucional, que es el derecho a la protesta, a la huelga”. Según agregó, “las autoridades de Secundaria no pueden decirles a los estudiantes que no pueden ocupar, y mucho menos hacer amenazas con posibles sanciones”.

La semana pasada, la Asociación Uruguaya de Laboralistas (AULA) publicó un comunicado en el que manifestó “preocupación y firme rechazo ante la declaración de ilegitimidad de las ocupaciones estudiantiles” de las autoridades del Codicen. En conversación con la diaria, el abogado y vocero de AULA, José Pablo García, señaló que “lo que está habiendo es un atropello sobre el derecho a la huelga, que lo tienen los estudiantes. No es sólo un derecho de los trabajadores, es un derecho de gremio, es más alto el concepto: puedo tener un gremio y no ser trabajador”.

En ese sentido, afirmó que desde la asociación no advierten la existencia de normas que avalen la prohibición e ilegitimidad de las ocupaciones, como se entiende desde el Estado, ni tampoco una “que diga que para que los otros estudiantes puedan estudiar, yo te puedo desocupar”.

Puntualmente, en el caso de Secundaria, García explicó que los estudiantes, que “son en su mayoría menores de edad, tienen ciertas protecciones del Código de la Niñez y la Adolescencia y acá no están dando ninguna de ellas”. “Está habiendo una extralimitación”, aseguró, y dijo que el decreto vigente prevé la concurrencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la posibilidad de negociación.

Según García, el procedimiento ocupación-intimación de la Policía a desalojar no tiene una ley de respaldo, y el gobierno “tiene que negociar la desocupación”. Entiende, por otra parte, que el MTSS “no es competente, porque los adolescentes no están trabajando”. Para García, en estos casos la propia ANEP o el Ministerio de Educación y Cultura deberían hacerse cargo, pero “hoy en día no hay reglamentación, hay un vacío legal”.

El abogado especificó que, por ser adolescentes, uno de los pactos internacionales que se viola es el de San José de Costa Rica, pero tienen que ser los propios grupos estudiantiles los que hagan “una queja ante un órgano internacional”. “No es común que a los estudiantes se les haga esto en el mundo. Es como que a un menor de edad se lo trate como a un mayor. Les estás mandando las fuerzas de choque a un grupo de adolescentes, lo mismo que harías, capaz, con un gremio, que considero que está mal, pero hoy en día la ley de urgente consideración los habilita”, sentenció.

Por último, dijo que la situación “preocupa”, porque “una desocupación puede convertirse en un acto violento: por algo va la Policía primero y después la Policía de choque”.

Formas de procesar el conflicto

“La ausencia de diálogo en un conflicto de la educación es ya en sí mismo un problema”, afirmó a la diaria Pablo Martinis, profesor grado 5 del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Según el docente, “todas las señales que se están viendo de parte de las autoridades van en el sentido de no hacer lugar a ninguno de los planteos que están haciendo tanto estudiantes como docentes en los distintos niveles educativos”.

Hay una “mirada tecnocrática de que van a bajar una receta y los profesores la van a aplicar y los estudiantes a aceptar calladitos”, dijo a la diaria, en la misma línea, la exdirectora de Secundaria, Celsa Puente. “Los cambios se tienen que hacer carne, se tienen que sentir como propios por los actores educativos, por lo menos una gran parte”, señaló Martinis. De lo contrario, dijo, “difícilmente puedas implementar cambios si estos no son sentidos como propios, positivos y necesarios”. Al respecto, remarcó la importancia de que se generen instancias de “diálogo, intercambio, convencimiento y, eventualmente, negociación, porque aunque estén convencidos, quienes lo discuten pueden tener algo de razón y algo que aportar”.

Para Puente, “es muy triste” que el mundo adulto esté procesando las diferencias a través del silenciamiento de voces. “Quienes están insistiendo en que actúan apegados a derecho, a las normas, desconocen la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el propio Estatuto de los Estudiantes, porque el derecho a la libertad de expresión es sagrado y de carácter formativo para la ciudadanía”, señaló.

Según la exdirectora de Secundaria, Uruguay “hace mucho tiempo está en el camino de la judicialización y eso no resuelve ningún conflicto, sino que lo agudiza, y es un pésimo mensaje para las generaciones que están por venir”. Respecto de la judicialización, Martinis refirió específicamente a los docentes que han sido separados de sus cargos por investigaciones “por alguna forma genérica de violación a la laicidad”, que en realidad “parecen pasar por la imposibilidad de aceptar el disenso y la libre expresión”. Esto, para el docente, es “un panorama complejo que educativamente nos da malas señales”.

Asimismo, catalogó a los incidentes durante el “Cara a cara” y la pintada en la casa de Silva como hechos que “deben ser censurados”, pero a la vez tomados como “hechos aislados”, y resaltó que en “las decenas de ocupaciones, marchas y clases abiertas no hubo ninguna acción de intolerancia llevada a ese extremo”.

A modo de resumen, Martinis dijo que las autoridades “van perdiendo legitimidad”. Sobre los operativos policiales para desocupar, afirmó que se trata de una “violencia simbólica”, porque, aunque no hayan llegado a actuar, “constituye una forma de violencia la presencia de este aparato represivo y no es una medida que colabore a apaciguar los ánimos”.

“Creo que son tiempos perdidos que van a dejar heridas grandes y va a costar que cicatricen”, finalizó Puente. Martinis, por su parte, concluyó que se necesitan “cambios y transformaciones” en la educación, pero que los procesos llevados a cabo actualmente “lo que hacen es alejar más la posibilidad de implementar cambios que tengan acuerdos, sean grandes y nos ayuden a reposicionar esta educación”.