Este lunes las inspecciones de Secundaria impidieron a los estudiantes ocupar los liceos Zorrilla, Dámaso y Miranda y se negaron a firmar las actas de ocupación por orden de la Dirección General de Educación Secundaria y citando, en un principio, “un decreto de 2014 de Tabaré Vázquez”.

La idea de prohibir las ocupaciones, medida que podría extenderse hacia otros centros, es “hacer primar los estatutos vigentes en Secundaria”, sostuvo la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, en diálogo con El País. Asimismo, se busca asegurar los derechos de “todos los estudiantes y docentes”, puesto que no existe, según Cherro, una “jurisprudencia que justifique la ocupación por parte de estudiantes”.

Las autoridades se basan en el estatuto del estudiante, que en su artículo 15 establece que en los centros educativos se tiene que dar el “orden necesario para el desarrollo de la actividad educativa con el respeto de derecho a estudiar que tienen todos y cada uno de los educandos”; para Cherro, según El País, esto no se cumple.

“¿Cómo es posible que se limite por una resolución los derechos constitucionales de huelga, reunión y asociación de los cuales se desprende la protesta y ocupación?”, disparó el senador del Frente Amplio (FA) Sebastián Sabini en Twitter, y entendió que “a los estudiantes se les está impidiendo el ejercicio de sus derechos constitucionales”.

Consultado por la diaria, Sabini se explayó sobre esto y sostuvo que “la argumentación que hacen las autoridades” es “absolutamente disparatada” puesto que “no tiene ningún fundamento legal”.

“Lo que pasa es que la Constitución, más allá de que establece los derechos fundamentales a asociación, a reunión, a libertad de pensamiento, de los cuales se desprenden el derecho a la protesta y consecuentemente el derecho a la ocupación”, también especifica, de acuerdo a Sabini, que “para limitar los derechos tiene que existir una norma de carácter legal, con fuerza de ley, y en este caso eso no existe”.

“Lo que existe es un acto administrativo que es una resolución por parte del Codicen [Consejo Directivo Central] o de Secundaria, que teóricamente las autoridades utilizan para decir que no se puede ocupar”. Esto, aseguró, “no está establecido en ningún lado, y aunque estuviera en un reglamento, no puede recortar un derecho constitucional” y la única forma de que esto ocurriera sería “en el marco de una ley votada en el Parlamento”.

FA evalúa llamado a comisión general

Si bien desde la bancada del FA no se ha conversado “ninguna medida a nivel parlamentario”, Sabini adelantó que entre senadores de la oposición se ha hablado informalmente de la posibilidad de “una convocatoria al Parlamento en carácter de comisión general” a las autoridades de la educación, no sólo por este hecho en particular, sino porque hay “una sumatoria de hechos a nivel de la educación que son bastante preocupantes”.

El lunes, entonces, se discutirá la posibilidad en la reunión de bancada del Senado del FA. Personalmente, para Sabini, “es una alternativa”, puesto que “se han ocupado prácticamente todos los centros de formación docente del país, se vienen dando ocupaciones también en los liceos, y hay una situación de falta de diálogo brutal entre la oposición, el gobierno y los actores sociales”. Este cúmulo de cosas, para el legislador, “habilita a la necesidad de un espacio de intercambio más profundo y que sea de carácter público”, más allá de que esté previsto que las autoridades de la educación asistan a la Comisión de Educación del Senado el martes 13 de setiembre.