Maestras reiteran reclamo por no poder integrar listas de interinatos y suplencias por inasistencias fundadas

Como ya había ocurrido a finales de 2021, varias maestras volvieron a reclamar por la conformación de las listas para cargos interinos y suplentes en el año lectivo 2023. En 2018 y bajo el criterio de priorizar a los maestros que tienen una mayor concurrencia a trabajar, el entonces Consejo de Educación Inicial y Primaria definió que los docentes con menos de 18,5 de actividad computada no puedan integrar esas listas. Dicho cómputo -que puede ir de 5 a 20- se calcula en base al promedio de los últimos tres años de tres indicadores: la antigüedad, una evaluación sobre su desempeño y las inasistencias.

De esta forma, los maestros interinos que superen un número de inasistencias que haga que se ubiquen por debajo del puntaje de 18,5 quedarían imposibilitados de trabajar al año siguiente y, en el caso de los efectivos, no podrían tomar otras responsabilidades más allá de las de su cargo de origen. El estatuto docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) establece en su artículo 50 algunos “casos excepcionales de justificación” que no cuentan en el conteo de inasistencias. En el listado, que va desde enfermedades puntuales y crónicas a intervenciones quirúrgicas cuyos efectos se prolonguen por más de 10 días, se aclara que en la excepcionalidad no son consideradas las secuelas que estas puedan dejar.

Además, se establece la posibilidad de considerar otros casos que ameriten ser tratados como excepción, para lo que en el caso de Primaria se creó una comisión presidida por un médico. En aquel entonces, a instancias de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) y algunas de sus filiales, se logró que los maestros que estuvieran por debajo del puntaje de 18,5 no fueran excluidos de las listas de interinos y suplentes. La solución a la que se llegó a partir de la negociación con las autoridades del momento fue que se generara una “lista A” con quienes tenían 18,5 o más puntaje, quienes quedaban con prioridad para la elección, y una “lista B”, con quienes tenían menos puntaje. En este último caso, los maestros elegían luego de que la lista prioritaria terminara de hacerlo.

Otro criterio

Con el cambio de gobierno, las actuales autoridades de ANEP mantuvieron los criterios adoptados por la administración anterior, pero definieron que no haya una “lista B” y, por tanto, que los maestros que no lleguen a 18,5 en actividad computada no puedan integrar listas de interinatos y suplencias. En 2021 esa medida fue resistida por la entonces secretaria general de la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay, Daysi Iglesias, quien desde ese rol habló del “enorme malestar” con el que muchos maestros tomaron el anuncio, en parte porque se había hecho a pocos días de terminar el año.

En ese momento, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, manifestó que el criterio adoptado corresponde a que se aspira a contar con “los mejores” maestros y que lleguen a niveles de “excelencia”. Dichas afirmaciones fueron cuestionadas por Iglesias, quien señaló que, justamente, a causa del tope de inasistencias muchos maestros con calificaciones de excelencia no podían elegir cargos.

Si bien luego de varios reclamos formales en 2021 las autoridades accedieron a la conformación de la segunda lista, en 2022 el problema volvió a estar sobre la mesa, ya con Iglesias como representante docente en el Codicen. A partir del trabajo de un grupo dedicado al tema, una circular de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) de julio del año pasado estableció que se mantiene el mínimo de 18,5 de puntaje en la actividad computada para integrar las listas de aspiraciones para cargos interinos o suplentes. El informe del grupo de trabajo no contó con el voto favorable del representante de la FUM y, a partir de lo aprobado por la mayoría, se establece explícitamente que no habrá una lista B con docentes que presenten una actividad computada inferior a 18,5.

En la misma línea que lo que ocurría en años anteriores, para contemplar situaciones complejas que algún docente pueda haber vivido, una vez cada cuatro años el maestro puede pedir que el año en el que no pudo asistir con asiduidad no sea tomado en cuenta para el promedio. De esa forma, para el cálculo del promedio se tomaría el cuarto año anterior. Por ejemplo, si se pide que no se cuente 2021 para la actividad computada de 2022, se cuentan 2022, 2020 y 2019.

Discrepancias

En diálogo con la diaria, Iglesias señaló que en la ANEP existe “una psicosis con el ausentismo” y reclamó que si hay personas que están tres años sin ir a trabajar existen mecanismos para atender ese tipo de casos. Según dijo, para fundamentar medidas como la supresión de la lista B en interinatos y suplencias se suele apelar a casos que son “anomias del sistema” con el objetivo de generar “impacto público”.

La consejera recordó que las certificaciones médicas no son realizadas por los docentes, sino que están a cargo de un médico y, por lo tanto, al dudar sobre su pertinencia se está cuestionando el trabajo de esos profesionales. “Yo puedo ir a decirle al médico que me pasa algo y pedirle licencia, pero me da lo que él cree que tiene que darme”, señaló.

Ante esta situación, la consejera docente solicitó información sobre los motivos de las inasistencias y, en particular, quiere saber cuántas faltas se dan por motivos de cuidados, cuántas por maternidad y por riesgo en la gestación. Según explicó, se trata de causales que se dan exclusiva o mucho más frecuentemente en mujeres. “En un país donde todo el mundo se llena la boca con la defensa de los derechos de la mujer, me parece insólito que no se analice que la maternidad y el riesgo de gestación son un derecho por ley desde hace mucho tiempo”, cuestionó.

Iglesias puso el ejemplo de una maestra afectada por esta situación, quien, según contó, pidió que no le pesaran los 30 días de inasistencias en los que tuvo que cuidar a su hijo, que tenía una enfermedad oncológica. Sin embargo, ello fue desestimado, algo que no consideró “humano”. “Así como la administración tiene que atender problemas administrativos, donde puede haber situaciones de continuidad infundada de licencias, también tiene que administrar con humanidad, porque si no lo hace no enseña nada a nadie, y el cometido de este lugar en el que estamos es enseñar en todos los términos”, planteó.

En situación

Mariana Herrera es una de las maestras afectadas por esta medida y en diálogo con la diaria consideró que con esta resolución, la DGEIP “niega los derechos humanos” y, en particular, el derecho a la salud. En su caso, el año pasado pasó por una operación de columna que le dejó secuelas y años anteriores había pasado por una situación similar, ya que se fue el exterior a realizar un posgrado que, si bien repercute favorablemente en la calidad de su desempeño, es penalizado por el sistema.

Según dijo, en este tipo de casos existe una triple penalización, porque, además de que si no se genera una lista B no podrá elegir cargo este año, mientras tuvo que faltar tampoco cobró el presentismo ni un pago por realizar docencia de aula. Según la maestra, “no hay funcionario público en el país que tenga esta limitación y no hay justificación lógica para esto”. En la misma línea que Iglesias, reclamó a quienes ponen la excusa de que “hay maestros que están de vivos y viven de licencia médica” que hagan la denuncia concreta para atender esos casos.

En ese sentido, remarcó que la mayoría de los afectados por esta resolución de primaria se deben a licencias médicas otorgadas por un profesional de la salud, en base a que evaluó que concurrir a trabajar sería perjudicial para el docente. Al respecto, agregó que los médicos tienen “muchos controles” a la hora de dar licencias médicas. “No es que alguien se levantó y le dieron ganas de no ir a la escuela”. En suma, mencionó que si un docente falta durante más de 90 días por motivos de salud es derivado a una junta médica para que su caso sea evaluado.

Entre esos casos dijo que hay una maestra cuyo marido estuvo meses internado en CTI con covid-19 y luego quedó con secuelas, y que debe hacerse cargo de su cuidado. También el de otra compañera que decidió realizar tratamientos de fertilidad, pero no le funcionaron y comenzó a padecer de depresión. Según la docente, con estos criterios se logrará que los maestros eviten ir al médico cuando tienen una afección de salud o que no hagan caso cuando se les indica una licencia médica.

Sobre las distintas vías para establecer excepciones y ser considerada para las listas de aspiraciones, Herrera consideró que son insuficientes y no contemplan casos en los que la inasistencia prolongada se da por causas de fuerza mayor. Por ejemplo, señaló que si un maestro define realizar un posgrado y pedirse sus correspondientes 30 días por estudio, pero al siguiente año se enferma o es víctima de violencia de género, queda penalizado por esta situación. Según dijo, lo mismo ocurre si una maestra es diagnosticada con cáncer a mitad de año pero no se recupera para el siguiente. Además, considera inadecuado que haya que realizar un trámite para no ser penado, cuando lo único que el docente hizo fue atenerse a su derecho de licencia por enfermedad.

Por esta situación, Herrera acudió a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que aceptó su denuncia y se encuentra en trámite. Según supo la diaria, la ANEP presentó sus descargos y la docente los respondió, pero todavía no hay una resolución al respecto. La docente señaló que si la ANEP realiza un gasto importante por motivo de licencias de los maestros, en vez de generar este tipo de soluciones las autoridades deberían “sentarse a ver por qué los maestros enferman, por qué se enferman más en educación especial que en las otras áreas, o por qué los maestros se enferman más que los profesores”.