El título de maestra

El proceso fundacional del sistema educativo en Uruguay y su modernización en 1875 se relaciona con otras experiencias similares que se sucedían entonces en América Latina y que, al igual que nuestro país, concibieron al docente como actor protagónico de la alfabetización, la creación de ciudadanía y la construcción de una identidad nacional.

Para el caso de Uruguay, esta filosofía se reflejó en 1885 con la inauguración de un nuevo local para los Institutos Normales de Montevideo ya existentes (Stagnero de Munar y Sánchez), dirigidos a la profesionalización de la carrera docente magisterial y que significó que a finales de la década de 1930, el país contara con el 100% del plantel de docentes de educación básica primaria profesionalizado y titulado, lo que colocaba a Uruguay como una singularidad en América Latina.

Ese conocimiento de la educación y de la profesión docente es lo que ha nutrido nuestro sistema de enseñanza desde los Congresos Pedagógicos iniciados en el primer tercio del siglo XX, los Concursos de Pedagogía y los Congresos de Maestros del segundo tercio del siglo XX, las Asambleas Técnico Docentes (ATD) del último tercio del siglo XX y los Congresos Nacionales de Educación junto a la participación docente en el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) de las primeras décadas del siglo XXI. Hablamos entonces de más de un siglo de aportes profesionales magisteriales al sistema nacional público de enseñanza en Uruguay.

En el mundo actual, vertiginoso, convulsionado, con una evidente falta de claridad en la orientación de las decisiones del mundo adulto en un contexto de incertidumbres, desafíos y riesgos, las maestras son estabilidad. Son garantía de espacios cotidianos para niñas y niños y sus familias.

Más aún, de la escuela vuelven todos los días a sus hogares infancias distintas a las que fueron ese día, transformando así también a las familias y evidenciando que “algo pasa” en la escuela.

Y esto tiene mucho que ver con la profesión docente y el título de maestra.

Al iniciar las clases en 2023, las maestras de la escuela N° 35 nos solicitaron contar con las familias “porque la escuela pública somos todas y todos los que la habitamos” y nos comunicaron (desde la Asociación de Maestros del Uruguay [Ademu] a las familias de las escuelas primarias) que la propuesta de Transformación Educativa de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) -donde ya no participan docentes- y el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) desatendió las opiniones de las ATD y los espacios de participación docente.

Además, las maestras señalaban que “esta transformación no resuelve los problemas reales que sufre la educación pública”, fundamentando esta afirmación y realizando propuestas de soluciones a los problemas reales.

Este acontecimiento, registrado por una persona que se encontraba en el lugar en ese momento, fue expuesto desde el anonimato en redes sociales con una actitud delatora que descontextualizó y faltó a la verdad al momento de narrar los acontecimientos, lo cual dio inicio a una investigación con separación del cargo de la maestra de la escuela N° 35 que leyó el comunicado de Ademu y la directora del centro educativo.

Las familias referentes de estudiantes de la escuela no fuimos informadas por ninguna autoridad de ANEP acerca de dicha resolución y nos enteramos y nos hemos ido informando a través de Ademu, medios de prensa y redes sociales.

Luego de rectificar la decisión de separar del cargo a las profesionales a mediados de este año y ratificar la continuidad de la investigación sumaria por parte de las autoridades de la DGEIP, habiendo vuelto a estabilizarse la dinámica del centro educativo, aunque sin ninguna respuesta de las autoridades a las consultas realizadas por las familias, nos volvemos a enterar por medios de prensa (la diaria, el 19/9/2023) y el gremio docente de los resultados de un informe de la Dirección Jurídica de la DGEIP que podría volver a perjudicar a las profesionales, a los estudiantes, al centro educativo y a las familias.

Esta inestabilidad institucional e incertidumbre educativa no la produjeron las maestras, sino las autoridades.

“El principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibiliten una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias”. Eso es lo que plantea la Ley General de Educación 18.437, en su artículo 17.

Probablemente, uno de los desafíos urgentes del mundo adulto sea poner a disposición de nuestras infancias los conocimientos más avanzados existentes en la humanidad acerca de los desafíos actuales e inmediatos de nuestras sociedades.

Porque serán nuestras infancias quienes se verán enfrentadas en poco tiempo a encontrar las soluciones a los problemas actuales de nuestra humanidad. En esta tarea, es fundamental el aporte cotidiano de profesionales de la educación.

Y también uno de los desafíos urgentes tiene justamente que ver con poder contar con más y mejores conocimientos para informar nuestros procesos educativos y nuestros procesos democráticos de toma de decisiones. O, mejor dicho, uno de los desafíos urgentes tiene que ver con poder contar con más y mejores conocimientos para informar los aspectos educativos de nuestros procesos democráticos de toma de decisiones.

De allí que la laicidad nunca pueda excluir a la democracia.

Juan Caggiani Gómez es padre de estudiante de la escuela N° 35 República de Guatemala. Licenciado en Ciencias de la Educación y magíster en Enseñanza Universitaria por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar.